*.- Son demasiadas las irregularidades, afirma diputada García Soberanes
*.- No debe quedar impune agresión a periodistas de Baja California
TIJUANA BC 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 (AFN).- Luego de la serie de yerros y actos de corrupción atribuibles a la actual administración estatal, se están dando las condiciones para someter a juicio político al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, aseguró este día la diputada federal por Baja California, Cinthya Gissel García Soberanes.
Entrevistada en AFN POLITICO Y ALGO MÁS, la legisladora consideró que son ya demasiadas las irregularidades atribuibles incluso en lo personal al propio jefe del ejecutivo estatal, que ameritan una investigación seria para determinar si ha incurrido en delitos, y por consiguiente, si se hace acreedor a la sanción correspondiente.
“Esto lo tienen que decidir las autoridades correspondientes, pero sí creo que se están dando las condiciones para eso”, aseguró la legisladora del Partido Encuentro Social, luego de enumerar actuaciones tan graves como el subejercicio de cientos de millones de pesos de recursos federales que debieron aplicarse en proyectos de infraestructura y otros programas.
No obstante, opinó que el más grave de todos seria el relacionado con el enriquecimiento no explicado del gobernador, y que actualmente ha sido ventilado mediáticamente a nivel nacional, luego de su abordaje por parte del periodista Joaquín López Dóriga.
Se trata, agregó, de un tema que conocen los bajacalifornianos, y que el Partido Encuentro Social ha abordado ampliamente.
Uno más, es la campaña de ataques y desprestigio contra las periodistas Dora Elena Cortes y Adela Navarro, por el ejercicio de un periodismo crítico. “Son mujeres valientes, que no nos amedrenten, ya estamos hartos que el gobierno estatal juegue con la información, juegue con los recursos y juegue con los ciudadanos, vamos a buscar que no se quede impune”, reiteró la legisladora bajacaliforniana.
García Soberanes denunció por otra parte, que la diputada federal panista, y en general los diputados federales emanados del PAN y representantes de Baja California en la Cámara de Diputados Federales, han bloqueado una iniciativa promovida por ella para obligar al gobierno federal a la regularización de los autos “chocolate” que circulan en Baja California.
Por una parte, el gobierno federal ha decidido no facilitar su regularización a fin de proteger a las armadoras de autos nuevos, aun cuando evidentemente docenas de miles de habitantes en Baja California jamás podrán ser sujetos de crédito para comprar autos nuevos, de agencia.
Se trata, justificó, de fronterizos que hacen un enorme esfuerzo para tener un auto modesto y están dispuestos a pagar la regularización, simplemente con facilidades y a precios razonables.
Destacó especialmente la actitud de la bajacaliforniana Gina Cruz Blackledge, esposa del Secretario de Gobierno del Estado y presidenta de la Comisión de Hacienda, quien desde hace un año ha decidido mantener archivada la iniciativa de regularización, y no ha mostrado el menor interés en apoyar a los bajacalifornianos en ese tema.
En ese contexto, la decisión del gobierno estatal panista de crear un padrón de autos irregulares en la entidad, con el supuesto propósito de buscar una solución al problema, ha sido en realidad un acto de simulación.
