MEXICALI BC 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 (AFN).- La existencia de un fondo de 45 millones de pesos, disfrazado de recurso para capacitación y que, en realidad, se utiliza para otorgarle bonos a los secretarios de acuerdos y actuarios del Poder Judicial del Estado, fue denunciado por Luis Moreno Hernández, diputado local del PES, quien adelantó que indagará quiénes son beneficiados por el mismo.
"En la comisión de Fiscalización (del Gasto Público) advertimos la presencia de un fondo auxiliar de apoyo al Poder Judicial del Estado, cuya única justificación que tiene es (que se utiliza para) hacer frente a gastos que surgen de la administración", explicó el diputado tijuanense.
"Los conceptos (para los que debe utilizarse) están muy claros. Tienen que ver con la adquisición de material, de tecnología, adquisición de libros para capacitación, dinero incluso para la capacitación misma; y ahí hay un pequeño fragmento que habla de apoyos o estímulos económicos", añadió.
"Sin embargo, a la hora de ver cómo se ejerce el recurso de ese fondo, el 100% se va para servicios personales. No es ni para capacitación, ni es para la compra de equipo, ni para la instrumentación de innovación y tecnología", precisó el legislador estatal.
Afirmó que, al cuestionársele sobre el particular al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Jorge Armando Vásquez, "reconoce que es un asunto de sueldos, y dice que es que trabajan mucho en el poder Judicial. Yo me pregunto: Si trabajan tanto, ¿por qué hay tanto rezago en los expedientes?".
"Y segundo: Hay gente que trabaja más. Vayámonos a las maquiladoras de Baja California, veamos a las madres solteras, que trabajan de sol a sol, que no ven a sus hijos en toda la semana. Y ningún gobierno les asigna bonos, como a los miembros del poder Judicial", criticó.
"Habrá que ver si es verdad que solamente es para los secretarios de acuerdo y actuarios. Lo voy a revisar. Vamos a pedir, tanto al Orfis, como a la propia comisión (de Fiscalización del Gasto Público) y al poder Judicial, una revisión de quiénes son las personas que se están viendo beneficiadas, y hacer un planteamiento más estricto", estimó.
