*.- Ante la omisión del Gobernador en el tema
*.- Concluyen Dora Elena Cortés, Adela Navarro y Rosario Mosso
José Enrique García Sánchez
TIJUANA BC 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 (AFN).– Ante lo que parece un deslinde del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, el Congreso del Estado debe intervenir para garantizar que se investigue a quien es señaldo como presunto responsable de la campaña de desprestigio enderezada desde la administración estatal contra periodistas de la entidad, coincidieron hoy las comunicadoras Dora Elena Cortés, Adela Navarro Bello y Rosario Mosso Castro.
Al abordar el tema en la edición de AFN POLÍTICO Y ALGO MÁS de este día, lamentaron la respuesta que hoy mismo en Mexicali dio el Secretario General de Gobierno del Estado, Francisco Rueda, en torno a la carta pública firmada por más de 40 periodistas y dirigida al gobernador y el Congreso del Estado, con un tono y palabras que denotan desinterés de la administración estatal de investigar los hechos denunciados públicamente.
En mesa de análisis efectuada este día, las periodistas refirieron el desplegado emitido previamente por el gobierno estatal deslindándose de los señalamientos que desde los medios se han hecho recientemente, para exhibir la existencia de una campaña orquestada para atacar incluso en lo personal a Dora Elena Cortés, directora de Agencia Fronteriza de Noticias, y Adela Navarro Bello, co directora del semanario Zeta, aparentemente por el Director de Imagen del gobierno estatal, Jorge Cornejo del Manzo.
Ambas dijeron haber recibido por separado, recientemente, información confiable sobre dicha campaña y también por separado, aceptaron haber ignorado estos avisos, hasta que la campaña de desprestigio personal en su contra empezó a materializarse.
La decisión de actuar obedeció al hecho de que en dos medios distintos, El Mexicano e Infobaja, surgieron datos que confirmaban no sólo la existencia de la campaña y el ofrecimiento incluso de dinero para prestarse a la misma, por parte de enviados de la administración estatal.
De igual manera destacaron el intento de diputados panistas encabezados por el presidente del Congreso local, Raúl Castañeda Pomposo, de impedir que el asunto fuese abordado hace algunas horas en el sesión del mismo, en un acto en que colaboró el también legislador Carlos Torres Torres. Estas conductas, dijeron en la mesa de análisis, sólo pueden entenderse como una clara intención de proteger a la administración estatal y solapar los hechos denunciados, los cuales los señaló ante legisladores el diputado del Partido Encuentro Social, Luis Moreno Hernández, quien exigió respeto y una investigación a fondo.
Adela Navarro recordó que a propósito de los actos de corrupción que hoy se investigan en Sonora, y sobre los cuales se atribuye responsabilidad al ex gobernador Guillermo Padrés, el director de Comunicación Social de éste, Jorge Morales, se encuentra en prisión acusado de actos de corrupción. Este funcionario tenía como subalterno al hoy funcionario estatal bajacaliforniano, Jorge Cornejo, quien de Sonora pasó a incorporarse a la campaña del ahora gobernador Francisco Vega de Lamadrid.
“Me preocupa la actitud y respuesta del Gobernador. Si tuviera el interés de ver qué está ocurriendo no tomaría esta posición, me parece una actitud de berrinche”, aseguró Dora Elena Cortés, luego de poner en perspectiva la respuesta directa de Vega de Lamadrid hace unos días, posteriormente el desplegado periodístico pagado por la administración estatal, y ahora la declaración del Secretario General de Gobierno.
“Ya conoce los hechos, más que una responsabilidad es una obligación investigar. Algunas acciones tienen que ver con temas penales o administrativos y el único en Baja California que tiene facultades amplias para ordenar una investigación es el gobernador, no hay más”, dijo por su parte Rosario Mosso Castro, Editora de Información General del Semanario Zeta.
Adela Navarro consideró importante que se atienda la denuncia de los periodistas, y se atienda a tiempo para evitar que estos hechos sin precedente, alcancen niveles como los de Coahuila, Quintana Roo y Veracruz, donde las acciones contra periodistas llegaron al punto de cobrar sus vidas, y en casos donde las amenazas provenían más del gobierno que del crimen organizado. “Aquí estamos hablando de impedir que eso ocurra yo quiero concederle (al Gobernador) el beneficio de la duda”.
Sin embargo, dijeron las comunicadoras, los hechos denunciados este día, ya son del conocimiento de organismos nacionales e internacionales dedicados a la protección de periodistas, independientemente de la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, institución que abrió un expediente al respecto.
