*.- Investigación alcanza a empresas de outsorcing y contadores
TIJUANA BC 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (AFN).- Como resultado de la agresiva fiscalización que están llevando a cabo la federación y estado, se han identificado empresas sospechosas de simular operaciones para obtener beneficios fiscales mediante la venta de facturas, y la investigación alcanza a contadores públicos que dictaminaron favorablemente a tales empresas, dijo hoy el director de Auditoria Fiscal del Estado, Carlos Montejo Oceguera.
El funcionario estatal no precisó la cantidad de empresas que se encuentran en ese supuesto de violación a la ley, pero dijo que de las 1327 firmas comerciales detectadas a nivel nacional, varias corresponden a Baja California y se trata de compañías registradas legalmente para ofrecer outsorcing pero solo en factura.
“Hemos dado un giro a las acciones de fiscalización, de las tradicionales revisiones de gabinete, estamos enfocados a combatir esquemas agresivos de fiscalización, simulación de operaciones, cuestiones de delitos de defraudación fiscal”, señaló Montejo.
Esto, en el marco del convenio de coordinación fiscal que existe con la federación y que permite hoy día a los estados, fiscalizar todos los impuestos federales además de los propios en la entidad, y ello se hace en atención a la exigencia ciudadana en el sentido de que hay mucha gente que no paga impuestos y aunque se aprecia crecimiento económico por muchos lugares pero no se refleja en pago de impuestos.
A la fecha, Baja California no ha perseguido a contribuyente alguno por el tema de orden fiscal, y no lo ha hecho en parte porque no tiene el personal ni la capacidad necesaria, “pero ya estamos trabajando en eso”.
En cuanto a las operaciones simuladas, explicó que se han detectado muchas empresas que venden facturas y registran operaciones simuladas, pero existe un mecanismo que establece el código fiscal de la federación para darles a conocer la existencia de un plazo en que deben demostrar que tales operaciones fueron reales.
La simulación consiste en facturar por servicios de personal sin contar con dicho personal, de tal suerte que las empresas usan tales facturas para recibir los beneficios fiscales disponibles según la ley. Una vez descubiertas y comprobada la causal, se les determina un crédito fiscal a pagar.
A nivel nacional suman 1327 empresas que presumiblemente facturaron, y 739 no pudieron acreditar la materialidad de sus operaciones, por lo que se hallan sujetas a un procedimiento administrativo y fiscal.
Involucrados en tales esquemas hay unos 98 contadores públicos a nivel nacional, que presuntamente se prestaron a tal irregularidad al dictaminar favorablemente a las empresas señaladas. Por tratarse de contadores certificados por el SAT para tales procedimientos habrían incurrido igualmente en actos indebidos.
En cualquier momento, añadió Montejo, la Federación y los Estados pueden citarlos para revisar sus papeles de trabajo y ver que se hubiera hecho de acuerdo a normas internacionales de auditoria y normas de información financiera.
