CIUDAD DE MÉXICO 9 DE AGOSTO DE 2016 (AFN).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación general número 27 para instar al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a presentar una iniciativa de ley al Congreso de la Unión, sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada para los indígenas del país, informó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
La recomendación “Sobre el Derecho a la Consulta Previa, Libre, Informada, Culturalmente Adecuada y de Buena Fe de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana”, establece la incorporación del sistema jurídico mexicano, mediante la elaboración de leyes específicas sobre el mismo, tanto a nivel federal como local, sustentadas en los más altos estándares de protección tanto nacionales como internacionales, como la vía para que tal prerrogativa adquiera la vigencia y efectividad que le es debida.
La propuesta a decir de la CNDH podrá ser útil para considerar la opinión de los habitantes de las comunidades en el desarrollo de proyectos en sus territorios para evitar episodios violentos como sucedió en la revuelta en Cherán Michoacán, por el daño a la zona boscosa en la región o inconformidades como ocurrió con los indígenas Wixarikas quienes se opusieron al desarrollo minero en Wirikuta, una zona sagrada en San Luis Potosí.
“El Estado tiene el deber de consultar con sus pueblos indígenas las cuestiones y materias que afectan sus derechos e intereses. La consulta debe de ser previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Un proceso que no cumpla con estas características implica por sí mismo una violación a los derechos humanos de las personas y de los pueblos y comunidades indígenas.” indicó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
Recordó que en México solo San Luis Potosí y Durango contemplan a los indígenas como sujetos a derecho, en tanto que la Ciudad de México, Tamaulipas, Sinaloa, Zacatecas Aguascalientes, Baja California Sur y Coahuila son las siete entidades que no reconocen a este sector social dentro del marco de derechos.
Por ello, el organismo pidió también al Congreso de la Unión discutir y en su caso aprobar la iniciativa que podría ser enviada desde el Ejecutivo.
