TIJUANA BC 2 DE AGOSTO DE 2016 (AFN).- Román Antonio Aboytes Hernández, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, informó que más que modernizar los sistemas penitenciarios de nuestro país, lo que se necesita es el respeto a los derechos humanos tanto de los internos, pero sobre todo de los familiares que ingresan para visitarlos, así como una revisión a los programas de reinserción que se aplican.
Lo anterior, manifestó, es en relación a la reciente visita del Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, quien encabezó los trabajos de la Sesión Extraordinaria de la Conferencia Nacional del Sistema Nacional del Sistema Penitenciario en nuestra ciudad, quienes tienen como objetivo principal homologar los criterios en el sistema carcelario en el país.
Aboytes Hernández destacó que ellos como abogados, tienen conocimiento de lo que sufren los familiares al momento de pasar por los filtros de “seguridad” al ingresar a la Penitenciaria, para visitar a los internos, medidas totalmente “degradantes” que no se denuncian “por miedo” a que después se lo cobren con los internos.
Situación en la que, agregó, la autoridad debe poner también mucha atención porque están notando que está más enfocada en la modernización de las instalaciones, en la compra y utilización de más tecnología, inclusive en la construcción de penitenciarías más grandes, pero no en el respeto a los derechos de los visitantes o en mejorar los programas para los internos.
Además recordó que ya hay señalamientos por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el sentido que guardan las instalaciones donde se ponen los castigos a los internos, las cuales son indignas e insalubres, por lo que antes de hablar de una coordinación y modernización, habrá que mejorar en lo más elemental que es respetar los derechos humanos de los internos y los familiares.
Finalmente dijo que no se puede aplaudir que se anuncie “con bombo y platillo” el tener unidades de inteligencia, construcciones de grandes penales, más programas de coordinación, cuando en realidad se ve que “no existe una verdadera reinserción social de los internos y que los derechos humanos de los familiares son vulnerados al ingresar al penal al visitar a sus familiares”.
