Mexicali BC 1 de febrero de 2015 (AFN).- De seis meses a dos años de prisión, de 150 a 300 días de trabajo comunitario, y hasta doscientos días de salario mínimo como multa, podría ser aplicado a quienes lleguen a cometer actos de discriminación, según la creación de la figura delictiva en los casos en que se atente contra la dignidad humana, anule o menoscabe los derechos de las personas.
Lo anterior fue propuesto ante el Congreso del Estado por el diputado local Roberto Dávalos Flores, quiendijo esto es recordando el caso de Camila Zúñiga Linares, de la ciudad de Tijuana, quien el año pasado por ser invidente fue víctima de discriminación por personal docente de la escuela secundaria ETI Número 1.
Por medio de un comunicado, el legislador representante del PRD, explicó que su iniciativa propone incorporar al Código Penal el delito de discriminación, en el libro segundo, sección primera, creando el Título Séptimo: Delitos contra la dignidad de las personas, capitulo único de Discriminación.
Señaló que de aprobarse se aplicará una sanción de seis meses a dos años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo en favor de la comunidad y hasta doscientos días de multa a quién se discrimine por razones de origen o pertenencia étnica, raza, color de piel, lengua, género, preferencias sexuales y capacidades diferentes, entre otras.
Detalló que las sanciones anteriormente referidas serán aplicadas a quien niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o una prestación a la que tenga derecho, además de a quien niegue o restrinja derechos laborales.
Esto último, dijo Dávalos Flores, por razón de género o embarazo o se limite un servicio de salud, principalmente a la mujer con relación a su embarazo, “a quien se nieguen servicios educativos, a quien se desprecie, veje, repudie o excluya a alguna persona o grupo de personas”.
El diputado local resaltó que la iniciativa también está dirigida a servidores públicos, a los que se les impondrá una destitución e inhabilitación para el desempeño de su respectivo cargo, empleo o comisión pública.
“Es necesario entrar en materia penal para sancionar la discriminación, pues la normatividad y acciones que se han implementado en Baja California no han sido suficientes para combatirla, desde las recomendaciones que realiza el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que no tienen fuerza coercitiva”, concluyó Dávalos Flores.
