*.- Muchos inhibidores, pocos resultados, afirmó Carlo Bonfante, presidente del organismo
MEXICALI BC 21 DE JULIO DE 2013 (AFN).- Tras reconocer los esfuerzos que realiza el Gobierno Federal para combatir la delincuencia organizada en sus bases financieras, tal como ha sido sugerido durante años; por parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se considera que deben analizarse los perjuicios económicos que traen como consecuencia la aplicación de este tipo de medidas, antes de ponerlos en operación.
El presidente del referido organismo, Carlo Bonfante Olache, se refirió así sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también llamada “Ley contra el lavado de dinero” que entró en vigor este pasado miércoles 17 de julio.
“No dudamos de las buenas intenciones del Gobierno federal, con respecto a los resultados que espera con esta nueva Ley; sin embargo, en la práctica resultará ser uno más de los inhibidores que nos han impuesto, y que se perfilan en dudosos resultados”, señaló el empresario.
El gran problema de este país no es la falta de leyes, sino la falta de voluntad para hacerlas cumplir, sostuvo; además, los legisladores o inicialistas de las mismas no analizan las implicaciones negativas que éstas conllevan para el desarrollo de la libre empresa.
Con la entrada en vigor de esta nueva Ley, se afectarán seriamente las operaciones con dinero en efectivo al imponer restricciones a la compra-venta de artículos de lujo, además de bienes muebles e inmuebles, e incluso vehículos, expuso.
La afectación la resentirán más fuertemente las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que tendrán que tener más controles para realizar sus operaciones, y la gran mayoría de éstas no cuentan con la estructura administrativa necesaria para cumplir con la Ley, dijo, por lo que se verán obligados a desembolsar dinero para contratar despachos especializados en el tema.
Aunado a lo anterior, la legislación también representa un serio atentando en contra de las garantías individuales (de cada persona), ya que obliga a que las operaciones comerciales tiendan a ser bancarizadas, lo que por cierto, permite aumentar las ganancias de este tipo de negocios. Asimismo, a que la persona que adquiere un bien deberá identificarse y sus datos personales pasarán a formar una base de datos cuyo uso en un futuro podría ser distinto para el que se pretende con la legislación.
La Ley antilavado se suma a la larga lista de inhibidores que existen en este País, como es el Siave, el cual era para evitar entrada de armas y dinero, y cuyos resultados a la fecha se desconocen.
"El catálogo de inhibidores del crimen organizado, y del que desconocemos sus resultados concretos, es muy extenso. Pero de lo que sí sabemos, es sobre sus afectaciones negativas a la libre empresa y a la economía. Aun así, el sector empresarial ha apoyado - y lo seguirá haciendo- las acciones en contra del crimen organizado, y se informe a la ciudadanía de los resultados de las acciones que se han implementado, porque a la vuelta de la esquina o el próximo año volveremos a tener otras iniciativas sobre el mismo asunto, en el que se afecta cada vez más a la ciudadanía, mientras que no vemos resultados claros", aseveró Bonfante Olache, en su escrito.
