*.- También el de calumnias de la legislación de BC
TIJUANA BC 17 DE JULIO DE 2013 (AFN).- Por ser Baja California una de las entidades que todavía mantienen la existencia de estos delitos dentro de su legislación y por existir un acuerdo previo en ese sentido, la organización internacional “Artículo 19” capítulo México, demandó que estas figuras sean eliminadas, ya que los llamados “delitos contra el honor” son inconstitucionales y se oponen a los tratados internacionales ratificados por México.
Esta mañana, los periodistas Leopoldo Maldonado Gutiérrez, oficial adjunto del Programa Legal y Francisco Sandoval Alarcón, oficial adjunto en Libertad de Expresión, estuvieron en Tijuana y hablaron al respecto, tomando como ejemplo de casos que se dan bajo estos supuestos, el de la reciente denuncia interpuesta por el diputado local Rubén Alanís Quintero.
Al respecto comentaron el hecho de que Alanís presentó la denuncia en contra de Portales informativos –incluido AFN- que expusieron el caso en el que supuestamente se le involucra a través de un video donde un joven que se dice menor de edad, está envuelto en un asunto de corte amoroso con un adulto al que identifica como Rubén Alanís.
Los mencionados manifestaron que el diputado Alanís debe ser tolerante ante “los mensajeros”, que son los medios de difusión, ya que afirmaron que no fueron éstos los que hicieron la grabación sino que tan sólo difundieron la información por ser un hecho de interés público.
Maldonado Gutiérrez hizo notar que Baja California es una de las 13 entidades federativas que mantiene en su legislación penal los llamados delitos contra el honor (difamación y calumnia) y la sanciona con pena de prisión, incumpliendo recomendaciones internacionales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Calificó como un efecto “enfriador” en la difusión de información, con el correlativo impacto en el derecho de la sociedad de recibirla, el hecho de que el legislador local denunciara en días recientes a representantes de diversos portales de información, ante la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJE) por la presunta existencia del delito de difamación y calumnia.
Aseguró también que en un Estado democrático, la protección de la reputación, se puede lograr a través de Leyes de carácter Civil, mediante las que se consideran justificadas las restricciones, las cuales son menos intrusivas a la libertad de expresión, a fin de proteger los derechos de terceras personas.
Recordó que Baja California cuenta con Legislación Civil que permite la protección del derecho a la reputación, y aunque no se ajusta plenamente a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, es la vía menos intrusiva, insistió.
Por su parte, Sandoval Alarcón subrayó que en el año 2010 el Comité de Derechos Humanos de la ONU reiteró a nuestro país la necesidad de eliminar los delitos contra el honor y de forma coincidente en 2011, las Relatorías sobre Libertad de Expresión de la ONU y la OEA recomendaron al Estado mexicano despenalizar esos delitos de calumnia, difamación e injurias.
Por lo anterior, manifestaron que es necesario continuar con el Congreso local, los trabajos que dejaron pendientes antes del proceso electoral, en el sentido de eliminar los artículos 185 al 197 del Código Penal de Baja California que contiene las disposiciones sobre difamación y calumnia, ya que se utilizan para “callar” las voces críticas y el libre ejercicio periodístico.
Para finalizar su posicionamiento refirieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana advierten que los funcionarios públicos y políticos deben de ser más tolerantes a señalamientos difamatorios, ya que es preferible que haya las mínimas restricciones a la libertad de expresión porque el daño es mucho menor socialmente hablando, en comparación con la generación de restricciones desproporcionadas que al final inhiben el libre ejercicio de dicho derecho.
