SAN DIEGO CA EU 30 DE OCTUBRE DE 2026 (AFN).- Summer Stephan, fiscal de distrito del condado de San Diego, California, Estados Unidos, informó que ha solicitado información a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de México, para investigar si empresas maquiladoras establecidas en Tijuana, particularmente aquellas con matrices o intereses financieros estadounidenses, contribuyen a la contaminación de los ríos Tijuana y Alamar.
La solicitud comprende registros de inspecciones ambientales, denuncias ciudadanas, sanciones, procedimientos administrativos y posibles descargas ilegales de sustancias tóxicas, correspondientes al periodo de enero de 2023 a septiembre de 2026, según dio a conocer mediante su portal informativo danewscenter.com y redes sociales.
Indicó que esta investigación se deriva de un informe de la organización San Diego Coastkeeper, publicado en septiembre de este año, que documentó la presencia de metales pesados, pesticidas, compuestos químicos industriales y otras sustancias nocivas en aguas de la cuenca del río Tijuana.
De acuerdo con la fiscalía, los hallazgos apuntan a posibles deficiencias en el tratamiento de aguas residuales de instalaciones industriales, cuyos contaminantes podrían ingresar al sistema de alcantarillado o descargarse directamente en cuerpos de agua.
Stephan explicó que su oficina busca determinar si existen empresas cuya actividad en México pudiera infringir las leyes ambientales de California, debido a que los efectos de la contaminación cruzan la frontera y afectan a comunidades del condado de San Diego.
La funcionaria señaló que, de encontrarse elementos suficientes, se analizarán las acciones legales civiles o penales que puedan emprenderse dentro de las facultades de su jurisdicción.
La fiscalía indicó que lleva varios años recopilando información sobre la crisis de contaminación transfronteriza, pero que el nuevo informe permitió enfocar las indagatorias en posibles fuentes industriales y en compañías vinculadas con capital estadounidense.
La solicitud de información no implica que alguna empresa haya sido formalmente acusada; por ahora, el objetivo es reunir pruebas, identificar posibles responsables y determinar las vías legales para exigirles cuentas.
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