TIJUANA BC 23 DE OCTUBRE DE 2026 (AFN).- Apenas el 18.1% de los empresarios encuestados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Baja California considera que es un buen momento para invertir, por lo que el organismo exigió establecer una mesa urgente de trabajo con los tres órdenes de gobierno para acordar acciones que den certidumbre a las empresas.
En su posicionamiento público, los empresarios organizados presentaron una propuesta que contempla que, en un plazo de 30 días, autoridades federales, estatales y municipales se reúnan con representantes del sector empresarial y de la sociedad civil para definir medidas frente a los problemas que afectan la actividad económica en la entidad.
COPARMEX planteó que los acuerdos se traduzcan en un programa público con metas cuantificables, responsables por dependencia y recursos identificados, el cual deberá publicarse dentro de los 90 días posteriores al llamado. También pidió que se presenten informes trimestrales para dar seguimiento a los compromisos.
Los resultados de DataCOPARMEX 2026 muestran que la percepción sobre las condiciones para invertir en Baja California está por debajo del promedio nacional, de 23%, y que el indicador cayó 14.8 puntos porcentuales respecto a la medición de 2025/I; informaron.
A los obstáculos para invertir, según el escrito, se suman los problemas con los trámites gubernamentales, reportados por el 59.9% de los empresarios encuestados, así como la inseguridad: el 43.9% afirmó haber sido víctima de algún delito durante el último año.
En cuanto a la corrupción, el 36.4% manifestó haber experimentado un acto de este tipo, mientras que sólo el 11.8% consideró que el gobierno estatal ha cumplido, frente al 29.2% registrado a nivel nacional.
Ante estos resultados, el organismo empresarial pidió a las autoridades establecer compromisos verificables para mejorar las condiciones de operación de los negocios, combatir la inseguridad y la corrupción, y reducir las dificultades administrativas.
COPARMEX manifestó su disposición a participar en la mesa de trabajo y dar seguimiento a los acuerdos, al señalar que la recuperación de la confianza requiere resultados que puedan ser evaluados públicamente.
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