TIJUANA BC 10 DE OCTUBRE DE 2026 (AFN).- La creación de una clave única para identificar cada predio del país, similar a la CURP de las personas, es una de las medidas contempladas en el proyecto de Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, explicó el abogado Armando Lares, especialista en derecho inmobiliario.
De acuerdo con lo señalado en una colaboración con AFN, la propuesta busca homologar la información y los procedimientos de los catastros y registros públicos de la propiedad, para reducir discrepancias que complican la compraventa, las herencias y la regularización de inmuebles.
Lares señaló que la iniciativa fue presentada el pasado 8 de septiembre por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo y aprobada en lo particular por la Cámara de Diputados el 7 de octubre, con 299 votos a favor y 92 en contra, por lo que continuará su proceso legislativo en el Senado.
Explicó que actualmente pueden existir diferencias entre las medidas de un terreno asentadas en Catastro y las inscritas en el Registro Público, además de casos en los que los datos del propietario permanecen sin actualizar durante años.
Precisó que el Catastro concentra información física del inmueble, como ubicación, superficie, medidas, colindancias y valor, mientras que el Registro Público da publicidad a los derechos de propiedad y permite conocer quién aparece jurídicamente como titular.
Para vincular ambos sistemas, indicó, el proyecto contempla una Clave Única Catastral, que identificaría a cada predio y permanecería aunque cambiara de propietario; una Cédula Única, que relacionaría los datos físicos y jurídicos, y dos plataformas nacionales para realizar trámites en línea, incluido el pago del predial.
Sin embargo, advirtió que esa clave no resolvería por sí sola los conflictos de propiedad. Según explicó, el artículo 28 del proyecto establece que no constituye prueba de propiedad, posesión, superficie ni colindancias, y tampoco convalida actos nulos o irregulares.
Por ello, problemas como un despojo, una escritura falsificada o una disputa por prescripción requerirían su propia resolución, aun cuando el inmueble contara con una clave y una cédula.
El abogado consideró que uno de los principales retos se encuentra en los plazos y el financiamiento. Señaló que los transitorios plantean que estados y municipios tengan los sistemas funcionando el 1 de enero de 2027, sin autorizar recursos adicionales.
Cuestionó la capacidad de los ayuntamientos que todavía utilizan expedientes en papel para digitalizar sus procesos, georreferenciar predios y habilitar pagos en línea en menos de tres meses.
También advirtió sobre la posibilidad de que algunos municipios recurran a una actualización de valores catastrales que repercuta en el predial. Refirió que legisladores de oposición han denominado a la propuesta como “el predialazo”, aunque aclaró que deberá observarse si ese temor se concreta.
Lares recordó que la obligación constitucional de expedir este ordenamiento existe desde 2013 y que un intento anterior, presentado en 2016 y aprobado en Diputados en 2021, terminó archivado en el Senado en 2024.
Consideró necesaria la armonización catastral y registral, pero sostuvo que su aplicación dependerá de la capacidad técnica y financiera de las autoridades. Entre los beneficios esperados mencionó que, al inscribirse una compraventa en el Registro Público, los datos del propietario se actualicen automáticamente para efectos del predial.
Finalmente, señaló que el Senado tiene la oportunidad de revisar los plazos y las condiciones de implementación antes de que el proyecto concluya su proceso legislativo.
