* La defensa asegura que la petición fue presentada, rechazada e impugnada
TIJUANA BC 27 DE AGOSTO DE 2026 (AFN).- La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, incurrió en una falsedad al afirmar que la defensa de Ernesto Ruffo Appel no ha solicitado que el exgobernador cumpla la prisión preventiva en su domicilio, sostuvo el abogado tijuanense Juan Marcos Gutiérrez González, quien colabora desde Baja California con el grupo de litigantes que atiende el caso en Ciudad de México.
El litigante comentó con AFN que la modificación de la medida cautelar fue solicitada desde la audiencia inicial, pero que la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega la negó, decisión contra la cual se promovió un juicio de amparo.
“Entonces, miente la fiscal cuando afirma que no se ha solicitado. El cambio de medida a prisión domiciliaria fue solicitado, negado e impugnada dicha negativa”, señaló Gutiérrez González en respuesta al mensaje emitido el miércoles por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
Godoy Ramos declaró que la institución no había sido notificada de una solicitud de la defensa para que Ruffo Appel cumpliera en su domicilio la prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta.
Sin embargo, dos días antes se hizo público que los abogados del exmandatario promovieron un cuarto juicio de amparo, precisamente contra la negativa judicial de modificar esa medida cautelar.
El recurso fue tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México. La defensa argumentó que Ruffo, de 74 años, padece problemas de salud que requieren tratamiento médico continuo y pidió la aplicación del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite, bajo determinados supuestos, ejecutar la prisión preventiva fuera de un centro penitenciario.
La jueza federal Azucena Lazalde Íñiguez concedió una suspensión provisional y programó para el próximo 21 de septiembre la audiencia constitucional relacionada con ese amparo. La suspensión, por sí misma, no implica que Ruffo haya obtenido hasta ahora el beneficio de permanecer en su domicilio.
*.- Cuestiona “anuncio escandaloso” de nuevas pruebas
Juan Marcos Gutiérrez también rechazó que los documentos localizados recientemente por la Fiscalía en dos bodegas de la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, involucren directamente al exgobernador bajacaliforniano.
La FGR informó que aseguró pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos que presuntamente muestran operaciones simuladas de la empresa investigada y que podrían abrir nuevas líneas de investigación.
“Ese anuncio escandaloso de presuntas nuevas pruebas contra la empresa de ninguna manera incrimina a Ruffo”, respondió el abogado.
Acusó además a la Fiscalía de quebrantar los principios de equidad y publicidad al divulgar únicamente la información que favorece su acusación, mientras se opone, según la defensa, a que las audiencias judiciales sean abiertas.
“La Fiscalía hace público lo que le conviene, en una actitud de linchamiento, y por otra parte se niega a que las audiencias sean públicas. Exigimos que todo el proceso sea público”, manifestó.
Sostuvo que ni los documentos anunciados recientemente ni los datos utilizados para vincular a proceso a Ruffo contienen circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar que permitan atribuirle personalmente una conducta ilícita.
Las afirmaciones corresponden a la postura de la defensa y deberán ser debatidas ante los órganos jurisdiccionales. Ruffo conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
*.- El caso Ruffo
Ernesto Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio en Ensenada y posteriormente vinculado a proceso junto con otros siete acusados. Permanece en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México.
La FGR le atribuye probable participación en delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos, dentro de una supuesta red que habría introducido combustible al país mediante operaciones ferroviarias irregulares.
De acuerdo con la versión ministerial, el esquema involucró a 11 empresas y la importación presuntamente ilícita de 18 millones 225 mil 657 litros de diésel y gasolina transportados en 163 carrotanques. La Fiscalía relaciona a 24 personas con la investigación y reporta nueve vinculadas a proceso.
La imputación relaciona a Ruffo con la empresa Ingemar, señalada por la autoridad como parte del entramado comercial. Su defensa sostiene que ser socio o accionista no demuestra que hubiera conocido, ordenado o participado en operaciones ilegales.
Ruffo gobernó Baja California de 1989 a 1995 y fue el primer candidato de oposición al que se le reconoció un triunfo en una elección estatal durante el prolongado dominio nacional del PRI. También fue senador y diputado federal por el Partido Acción Nacional.
Juan Marcos Gutiérrez González participa desde Tijuana en el análisis jurídico y la estrategia de defensa, en coordinación con los abogados radicados en Ciudad de México.
Él es un abogado con amplia trayectoria y además de haber fungido como funcionario en gobiernos de Acción Nacional, fue coordinador de asesores de la presidencia del Senado, cónsul general de México en Denver y Los Ángeles, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Actualmente dirige su propia firma y se especializa en asuntos constitucionales, administrativos, fiscales y de amparo.
