GUADALAJARA JALISCO 29 DE JULIO DE 2026 (AFN).- La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la tarde de este miércoles -por unanimidad- la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California que ordenó al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) investigar a la senadora de Morena, Julieta Andrea Ramírez Padilla, por presuntos actos de promoción personalizada y actos anticipados de campaña.
Con esta resolución, el máximo órgano jurisdiccional electoral en la región dejó firme la determinación del tribunal local, por lo que el Consejo General del IEEBC deberá continuar con la investigación y, en su momento, deslindar las responsabilidades que pudieran derivarse de las conductas denunciadas.
La decisión fue adoptada durante la vigésima octava sesión pública de la Sala Regional Guadalajara, celebrada este miércoles, en la que los magistrados resolvieron siete medios de impugnación, entre ellos el expediente SG-JG-44/2026, promovido por la propia senadora Julieta Ramírez Padilla.
La legisladora impugnó la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California que había revocado un acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del IEEBC, instancia que inicialmente había determinado el curso del procedimiento derivado de una denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La queja fue promovida por el representante priista José Blas Ramos, quien denunció a la senadora y al partido Morena -este último por presunta "culpa in vigilando"- al considerar que la difusión de propaganda mediante bardas, lonas y publicaciones en redes sociales constituía posibles infracciones a la legislación electoral, al relacionarse con una supuesta aspiración anticipada de Ramírez Padilla a la gubernatura de Baja California en el proceso electoral de 2027.
Al analizar el caso, los magistrados de la Sala Regional concluyeron que los agravios planteados por la senadora resultaron infundados e inoperantes, por lo que confirmaron en todos sus términos la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California.
La resolución no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad de la legisladora, sino que mantiene vigente la obligación del Instituto Estatal Electoral de realizar la investigación correspondiente y determinar, con base en las pruebas que obren en el expediente, si existieron conductas constitutivas de promoción personalizada, actos anticipados de campaña u otras infracciones a la normativa electoral.
El caso se presenta en un contexto de creciente actividad política rumbo al proceso electoral de 2027 en Baja California, en el que diversos actores han comenzado a ser señalados por presuntos actos de promoción anticipada.
