MÉXICO DF 29 DE MARZO DE 2013 (lasillarota.com).- Jesús Romero Casillas, senador del PRI, propuso que los mexicanos que no cumplan con sus obligaciones militares no puedan prestar servicios remunerados como funcionarios públicos en cualquier orden de gobierno.
Al subrayar que esto representa “una falta a los deberes ciudadanos”, el legislador por Jalisco también consideró necesario suprimir la obligación de patrones, sindicatos, uniones, comisariados ejidales, padres, tutores y personas morales o físicas de exigir el cumplimiento del servicio militar, ya que esta disposición “resulta inaplicable, inconducente y anacrónica”.
Tras presentar una iniciativa de ley con ese propósito, el legislador del tricolor aseveró que, más que una obligación, cumplir con el servicio de armas “debe ser considerado como una oportunidad de servicio a la patria, la cual atañe directamente a cada ciudadano, en una relación directa y personal”.
El proyecto, que fue turnado a las comisiones de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos para su análisis y discusión, señala que trasladar a terceros esta responsabilidad “es anacrónica”, ya que “está a cargo de personas adultas y dueñas de sus actos, de 18 años en adelante, sin impedimento alguno, cuyo cumplimiento no puede depender de la voluntad ajena, como lo establece el artículo 19 de la Ley del Servicio Militar”.
Romero Casillas señaló que, en su momento, este dispositivo legal tuvo su razón de ser, ya que era ineludible constituir las reservas militares necesarias para una eventual defensa de la nación, dada la fecha en la que se concibió, pero es evidente que se ha convertido en letra muerta”.
No obstante, el priísta recalcó que esta responsabilidad sigue siendo una obligación de los ciudadanos, que independientemente de terceras personas, debe ser prestado en favor de la patria y su incumplimiento tiene que considerarse como impedimento para prestar servicios retribuidos por el Estado.
Detalló que la propuesta plantea modificar el artículo 19 de la Ley del Servicio, con el fin de eliminar la actual hipótesis de involucrar a terceros en el cumplimiento de los deberes militares y evitar que quien no cumpla no pueda prestar servicios retribuidos al Estado.
