Pide congreso supervisar retenes de la PFP

MEXICALI BC 21 DE AGOSTO DE 2012 (AFN).- El Congreso de Baja California pedirá a organismos de defensa de derechos humanos, que con el fin de prevenir la comisión de delitos y preservar el reséto a los ciudadanos, se supervisen los operativos y retenes a cargo de los agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP).

Los integrantes de la 20 Legislatura estatal aprobaron un punto de acuerdo presentado por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Claudia Josefina Agatón Muñiz, en el cual se hace un exhorto a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a fin de que establezcan los mecanismos de coordinación que sean necesarios con la intención de supervisar los operativos y retenes a cargo de los agentes de federales, para evitar abusos y acciones que vulneren los derechos de los ciudadanos, se informó.

Durante la sesión ordinaria realizada este día, la legisladora ensenadense expuso que uno de los temas que más han generado controversia en la sociedad mexicana e incluso entre integrantes de los tres Poderes y en los distintos ámbitos de gobierno, es el referente a los retenes o puestos de control, el cual aseguró no implica necesariamente la violación a la garantía de libertad de tránsito, siempre y cuando estén avalados por una autoridad administrativa mediante una orden por escrito, que sea emitida por autoridad competente y que esté debidamente fundada y motivada.

“En este sentido, la PDH y algunos diputados de manera directa, hemos recibido numerosas quejas de personas que han sido literalmente sometidas a amenazas y presiones por parte de agentes de la PFP que instalan retenes de manera sorpresiva en diversos puntos de las carreteras de nuestra entidad”, indicó.

Estas detenciones, consideró, se dan más, en casos de personas que transitan en vehículos con placas extranjeras y acusan a los conductores de estos vehículos de “contrabando equiparado”.

"Actos de corrupción”

Un problema, dijo, es que el ciudadano termina por ofrecer una cantidad de dinero para poder seguir transitando y en no pocas ocasiones, de no satisfacer las expectativas monetarias de los agentes, son turnados a la Procuraduría General de la República en donde las personas detenidas reciben el trato de delincuentes y terminan pagando cantidades superiores al valor del vehículo en que viajaban, todo en aras de obtener su libertad.

“El Estado debe garantizar que los ciudadanos cuenten con mecanismos jurídicos para regularizar sus vehículos, y de ningún modo se puede permitir que agentes federales, sin orden previa, detengan en despoblado a los ciudadanos y que éstos reciban tratos intimidantes y que por temor, sean orillados a incurrir en actos de corrupción”, señaló.

Por tal razón, dijo, es necesario que esta soberanía, en defensa de los bajacalifornianos que son sometidos a estos retenes de la PFP, solicite a la PDHy a la CNDH, por ser esta última la competente en materia federal, que supervisen y en su caso actúen coordinadamente, en los retenes "que están sirviendo para extorsionar a ciudadanos y que están instalándose al margen de la ley al no contar con orden expresa ni con la determinación de su instalación en un lugar determinado por la autoridad administrativa facultada para ello".

La intención, agregó, es que los organismos encargados de la defensa de los derechos humanos velen para que las revisiones en los puestos de control, se conduzcan en los términos del artículo 21 constitucional, que establece  que los servidores públicos en materia de seguridad pública, deben de actuar sobre los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.