TIJUANA BC 25 DE JUNIO DE 2012 (AFN).- La Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y el 20 Ayuntamiento de Tijuana, empataron con un 23%, como "Sujetos Obligados más Recurridos al negar información", ya que de más de cuatro mil solicitudes hechas a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Itaip) de Baja California, más de 200 fueron negadas.
Adrián Alcalá Méndez, consejero ciudadano presidente del Itaip, en rueda de prensa dio a conocer los detalles del taller que impartirán el día de mañana en las instalaciones de Cetys Universidad, con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía su derecho a la información, así como la disponibilidad que deben tener los "Sujetos Obligados".
Dichos sujetos son todas las entidades que administren, reciban o recaben recursos públicos, como lo son los tres poderes de gobierno, los ayuntamientos, órganos autónomos, fideicomisos públicos y privados, así como los sindicatos y partidos políticos, refirió el consejero presidente.
Durante su primer año en funciones, el Itaip ha recibido 4 mil 63 solicitudes de información, de las cuales 290 fueron negadas, dijo.
"Se niegan", aclaró Alcalá Méndez, "por varias razones, entre ellas son que la entidad no tiene dicha información, por ser confidencial o reservada y por último, por entregarla en un formato diferente al solicitado".
De estas casi tres centenares de peticiones rechazadas, agregó, la SSPE y el 20 Ayuntamiento de Tijuana obtuvieron un 23% cada una en recursos interpuestos por el Instituto, siguiéndoles el Poder Legislativo del Estado de Baja California con un 11%, y el Poder Judicial con 7 puntos porcentuales.
Del total del número de solicitudes a información, el Poder Ejecutivo estatal tiene un 39.92% con mil 622 peticiones, le sigue el ayuntamiento tijuanense con un 18.31%, con 744 solicitudes.
El responsable del Instituto en la entidad recordó que tienen el compromiso de resolver con imparcialidad a favor de la sociedad para el derecho humano de acceso a la información pública, así como el garantizar el ejercicio de la transparencia.
