TIJUANA BC 22 DE JUNIO DE 2012 (AFN).- El Secretario General de Gobierno del Estado, Cuauhtémoc Cardona Benavides, lamentó que los medios de comunicación, en específico los impresos, hayan privilegiado un comunicado del Congreso local "que fue operado", para dar a conocer la versión de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con respecto a un presumible espionaje oficial.
Dijo que en contraste, no difundieron la versión de la comparecencia que tanto él como el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya y el Procurador estatal, Rommel Moreno Manjarrez, tuvieron ante el Congreso estatal para dar su versión sobre los hechos.
Cardona Benavides, asistió como invitado especial al Foro de Justicia, Legalidad y Derechos Humanos, realizado este día en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) de Tijuana, donde al ser cuestionado sobre las denuncias del caso, reprochó que los medios de comunicación impresos hayan privilegiado un comunicado del diputado estatal Julio Felipe García, "que fue operado en los medios (y) sobresalió más en los impresos".
Por lo anterior, dijo, el Gobierno del Estado se preocupó por el hecho de que la ciudadanía se fuera a confundir en lo relativo al tema del espionaje y la compra de equipo por parte del Estado, por lo que se ordenó la publicación de un desplegado en los mismos impresos, estableciendo la versión de la administración estatal.
Según Cardona Benavides, los legisladores locales buscan desviar la atención por el contenido de la grabación difundida por medios, hablando de delitos, como son la agravación de llamadas telefónicas y el espionaje, para que no se advierta aquello.
Por lo tanto les pidió mesura a los legisladores, específicamente del Partido Revolucionario Institucional, en este tema.
Recordó Cardona los señalamientos que se hicieron por parte de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana, en el sentido de que un líder de la CNOP (el abogado y ex diputado local priista Enrique Acosta Fregoso), está aprovechando su posición para favorecer a un grupo de empresarios, litigando amparos que afectan al comercio organizado en el ramo de autos usados.
