MEXICALI BC 20 DE JUNIO DE 2012 (AFN).- Pese a la negativa del Secretario General de Gobierno y del Procurador de la entidad, en el sentido de que sus oficinas contaran con tecnología, equipo y personal para intervenir llamadas telefónicas, el Secretario General de Gobierno, Cuauhtémoc Cardona Benavides lo aceptó tras de que el diputado priísta Julio Felipe García mostró documentación que así lo comprueba, aseveró el propio legislador.
El Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso dijo que "a pesar del esfuerzo por encubrirlo", se demostró con pruebas documentales, que el gobierno de la entidad cuenta con un sistema de espionaje, ya que compró equipo, software y capacitó a servidores públicos para la intervención de llamadas telefónicas.
El hecho aceptado en el Congreso por Cardona Benavides, se dio cuando García mostró facturas a nombre del gobierno de la entidad, en las que claramente se establece en los conceptos el equipo adquirido y las capacitaciones del personal, dijo el legislador local priista.
Previo a la comparecencia de Cardona Benavides, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa y el Procurador General de Justicia del Estado, Rommel Moreno Manjarrez, habían rechazado que en sus dependencias se contara con esa tecnología, equipo y personal capacitado para intervenir llamadas telefónicas.
Muestran facturas
Los Secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, así como el Procurador, se presentaron este día ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política, después de que el Congreso local aprobó en fechas recientes y por unanimidad, esas comparecencias.
El diputado García aprovechó el momento para revelar documentación que dijo que surgen de auditorías federales y estatales de las que es objeto el Gobierno del Estado. Esa documentación consistió en una serie de facturas expedidas por la empresa “Safeguard Products of México”, que detalla adquisiciones y pago de servicios a esta empresa, para la intervención de líneas telefónicas.
Las compras del gobierno estatal, ascienden –según esos documentos- a varios millones de pesos y entre otras cosas destaca la adquisición de un sistema de grabación de líneas telefónicas analógicas de un costo de 48 mil dólares, tres estaciones de vigilancia GSM multibandas, con un costo de 402 mil dólares cada una y de 3 geolocalizadores de objetos y mapeo de un costo unitario de 3 mil dólares, además del pago de dos servicios de capacitación para investigadores técnicos en monitoreo electrónico “Penlik” de 13 mil 500 dólares, impartido a cinco personas.
El servicio de “Penlink” produce, según se explicó, intercepción de datos y vigilancia de los equipos y programas informáticos que incluye entre otros: líneas de teléfono alámbricas, inalámbricas y satelitales 3G, según dicho informe.
También el diputado Julio Felipe García aprovechó la ocasión para recordarle a Cardona Benavides una revelación que le hizo durante la reunión formal entre el Secretario de Gobierno y el presidente de la Comisión Instructora del Congreso, cuando Cardona Benavides le aseguró a García Muñoz que sólo el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel de la Rosa, era el único capaz de poder intervenir y grabar conversaciones telefónicas, a solicitud expresa del titular del Ejecutivo del Estado, José Guadalupe Osuna Millán.
En entrevista posterior a la comparecencia, Cardona Benavides afirmó que el equipo con el que cuenta el Gobierno del Estado “no es para espiar a políticos o ciudadanos”, sin embargo, nunca aclaró si existen medidas para garantizar que el equipo adquirido no se utilice para esos fines.
Las comparecencias de los tres integrantes del gabinete del Gobierno estatal fueron presididas por el diputado Gregorio Carranza y asistieron los legisladores Claudia Agatón, Rubén Alanis, Alfonso Garzón, Juan Montejano, Rosana Soto, Virginia Noriega, Carlos Murguía, Rubén Fernández, Arcelia Galarza, Ricardo Magaña, María del Rosario Rodríguez y Máximo García.
A los funcionarios estatales, los diputados les exigieron que explicaran por qué el Jefe de Información de Comunicación Social del Gobierno de la entidad, Martín Cota, difundió la grabación obtenida ilegalmente, de una intervención telefónica del Diputado Elí Topete.
Sobre esto, Cardona Benavides refirió que fue “por un asunto de morbo”, por lo que García Muñoz le replicó: “precisamente el morbo del gobierno el que nos tiene este día aquí exigiendo una explicación”.
Sobre esta práctica de espionaje gubernamental, García señaló que es ilegal, según se establece en el Artículo 16 Constitucional que a la letra dice: “Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas”.
Además advierte que: “Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud.
El mismo articulo define además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración, por lo que advierte que la autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor”.
Aparte, citó el Artículo 177 del Código Penal Federal que señala que: “A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de 300 a 600 días multa”.
La exigencia de esta triple comparecencia se dio a raíz de que se difundió en semanas recientes, en un medio nacional, un fragmento de una conversación sostenida entre el diputado Elí Topete y el dirigente de la CNOP, Enrique Acosta Meza, quien hablaba de un negocio de importación de vehículos a la frontera, que es de su propiedad.
