TIJUANA BC 11 DE JUNIO DE 2012 (AFN).- Diversos Organismos de la Sociedad Civil (OSC) emitieron un "pronunciamiento" en el cual solicitaron "un Ombudsman autónomo e independiente" y rechazaron que ocurra "la partidización" de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Baja California con el nombramiento del abogado priista Arnulfo de León Lavenant.
Por medio de un comunicado, refieren que el viernes 1 de junio, el Congreso del Estado de Baja California tomó la protesta de ley al abogado Arnulfo de León Lavenant, como titular de la Procuraduría, y que en dicha acción se "omitió intencionalmente" el Artículo 102, Apartado “B”, de la Constitución, en vigor desde el 11 de junio de 2011, que dispone la elección de los titulares de los organismos públicos de derechos humanos mediante un “procedimiento de Consulta pública, que deberá ser transparente”.
Señalan en su escrito que "por la intromisión de los gobernadores, partidos y otros poderes, y por la falta de criterios en las legislaturas de todo el país", ni se define el perfil idóneo del Ombudsman ni existe un procedimiento democrático en su elección, sino que se nombró "a un abogado cuyo mérito es ser militante de la corriente hegemónica del PRI en la entidad, que busca afanosamente la gubernatura del Estado, y haber ocupado recientemente la presidencia de la Comisión de Procesos Internos del PRI en Tijuana, cuyas decisiones beneficiaron a dicho grupo".
Por ello, agregan los firmantes, está en riesgo la autonomía de la PDH y la legitimidad que necesita para desempeñar sus funciones, y más porque les preocupa que en su discurso de toma de protesta, de León Lavenant se declararó “orgullosamente priísta” y que buscará acercar la Procuraduría a los grupos sociales más marginados.
"La PDH recibirá recursos para crear una nueva área social, y lo que nos preocupa es que esos recursos no se apliquen con la perspectiva de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; sino que el nuevo titular, por su origen partidista, convierta a la institución en un órgano de promoción de votos, pudiendo desatender los graves problemas de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, allanamientos, la trata de personas, los indígenas, los migrantes, la perspectiva de género, la discriminación contra las personas con discapacidad y de la diversidad sexual y otras violaciones a los derechos", exponen.
Además de cuestionar que no se haya realizado una consulta pública, que se tomaran acuerdos "sin espíritu de democracia y transparencia" y que se eligió a "una persona sin experiencia y compromiso en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos", los firmantes preguntan si hubo alguna "negociación" política para el nombramiento, lo que podría afectarlos en materia electoral.
Entre los firmantes aparecen periodistas, asociaciones y alianzas civiles, activistas de derechos humanos, observadores internacionales, maestros, defensores de migrantes, patronatos y asociaciones civiles, entre muchos otros grupos OSC de la Ciudad de México, Sinaloa, San Luis Potosí, Quintana Roo, Chihuahua y los municipios bajacalifornianos de Tijuana, Mexicali y Ensenada.
