Palco de Prensa
Por : Gilberto LAVENANT
En toda acusación, en especial en los casos que abarcan el terreno penal, se requiere de testigos de cargo. Hay un caso, de una acusación doble, en principio de origen político, por ser la parte acusadora en su mayoría diputados locales priístas, los acusados son políticos, panistas, los exgobernadores Eugenio Elorduy y Ernesto Ruffo Appel, y los hechos imputados, son de corte penal.
El pasado 20 de febrero del año en curso, el presidente del Congreso de Baja California, el priista David Jorge Lozano, acudió a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, donde entregó un exhorto aprobado por la mayoría de los legisladores para que se investigue a los exmandatarios panistas Ernesto Ruffo y Eugenio Elorduy por supuestos vínculos con el narco.
Acompañado de otros legisladores de su partido, Jorge Lozano explicó que en el documento entregado a la PGR, que fue aprobado por los partidos PRD, PT, PVEM, PRI y Partido Estatal de Baja California, se incluyen notas periodísticas sobre la carta que el general Sergio Aponte Polito, comandante de la Segunda Zona Militar de Baja California, en la que se acusa a los exgobernadores Ruffo Appel y Elorduy de nexos con el narcotráfico.
Se trata de un exhorto, no de una denuncia, aclaró el legislador priista porque, aceptó que no tiene mayores pruebas para sustentar una acusación formal. Ruffo Appel gobernó Baja California en el periodo 1989-1995, mientras que Elorduy lo hizo en 2001-2007.
Los panistas, como era de esperarse, de inmediato invocaron inocencia. Elorduy, en especial, mostró malestar debido a que se relaciona a su hija en las acusaciones de haberse involucrado con la trasnacional Sempra Energy. Parecía que la acusación era tardía y sin fundamentos reales. Parecía.
Ayer sábado 10 de marzo, el político priísta-perredista, Jaime Martínez Veloz, asiduo colaborador del periódico capitalino La Jornada, escribe una columna bajo el título “El Monumento” a la corrupción de Elorduy”, en el que aparece como personaje central precisamente el exgobernador panista, acusado por los priístas.
El texto de la columna, por la contundencia de las aseveraciones, por los señalamientos directos, bien podría ser agregado al expediente de la acusación priísta y el autor de la misma podría ser citado como testigo de cargo. Los priístas batallan porque quieren.
“…Con el fin de evitar que Marathon Oil, Co. se instalara en Tijuana y compitiera en la industria del gas natural licuado (GNL) con la empresa Sempra Energy, con la cual se encontraba relacionado el ex Gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy, el 27 de febrero de 2004 se publica un Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en el cual se determina la expropiación, a favor del Poder Ejecutivo del Estado, de una superficie de 998 mil 773.178 metros cuadrados, conformada por diversos predios y ubicada en el polígono denominado “El Monumento” en la Delegación Municipal Playas de Tijuana”, dice en su primer párrafo el político metido a columnista.
Refiere que esos terrenos, se dijo, serían para la regularización de la tenencia de la tierra y destinados a vivienda popular de grupos sociales de escasos recursos.
Luego agrega que “…Con la misma fecha, también se expropió una superficie de 7,479,348.288 metros cuadrados del mismo predio rústico “El Monumento” que según el Acuerdo Expropiatorio se destinarían a la creación de áreas y terrenos propios de la industria, vivienda, comercio, industria turística, equipamiento, infraestructura y reservas territoriales”.
Recuerda que “…Eugenio Elorduy siempre ha negado que él o su hija Erika Elorduy Blackaller tengan o hayan tenido relación alguna con la empresa Sempra Energy. Ha manifestado con desplantes propios de quien se siente impune, “que no tiene cola que le pisen”, y que si tuviera, ya se la habrían pisado, pero con los pelos de la burra en la mano, no con infundios, ni con mentiras”. En el colmo de su vulgaridad, terminó diciendo “ya nada mas falta que me acusen de joto”. Ante el enorme rechazo social de esta declaración, el ex gobernante tuvo que ofrecer una disculpa pública, por su expresión homofóbica. Nadie ha acusado al ex Gobernante de sus preferencias sexuales, pero de que es pillo, es pillo”.
Enfatiza que “…Las pruebas documentales de que Eugenio Elorduy siempre ha mentido deliberadamente al pueblo de Baja California, no son infundios, ni mentiras. Son evidencia contenida en la Escritura 30,713 Vol. 563 (9) Cláusula Tercera, expedida en su oportunidad por el Lic. Fernando Díaz Ceballos, Notario Público número 4 de Mexicali, B. C.”.
Y agrega que “…Como Gobernador y cómplice de Sempra Energy, Elorduy decide llevar a cabo la expropiación del predio “El Monumento” -sitio en donde se instalaría Marathon Oil Company- con el propósito de impedir que esta empresa construya una planta regasificadora competidora”.
Son varios y sólidos los señalamientos de Martínez Veloz en contra de Eugenio Elorduy. con “pelos y señales”. Ahí tienen los priístas el testigo de cargo que requieren para apoyar su denuncia.
El político priísta-perredista no se anda con rodeos, cuando señala : “Nadie ha acusado al ex Gobernante de sus preferencias sexuales, pero de que es pillo, es pillo”.
Hasta el momento, es la percepción que se tiene, Elorduy aparece como autor intelectual de la golpiza que un par de “gorilas” le dieron al periodista mexicalense Antonio Heras Sánchez. Ni para qué imaginar lo que podría hacerle a Martínez Veloz.
Lo más importante es observar que Martínez puede aportar suficientes elementos de cargo para la acusación priísta en contra del exgobernador Eugenio Elorduy. El chiste es que quieran proceder en su contra. Para empezar, ahí tienen al testigo de cargo.
