Columnista: La Silla Rota
Por: Aleida Calleja
En una línea de tiempo que comienza desde el 2007, con la
reforma constitucional en materia electoral, se puede
constatar la permanente oposición de los industriales de la
radio y la televisión al modelo de comunicación político
electoral que les canceló un negocio que les dejaba miles de
millones de pesos en ganancias. Desde aquel entonces han
utilizado a sus conductores estrella para denostarlo bajo el
manto de la defensa de la libertad de expresión.
Desde el inicio de la implementación del modelo han
desarrollado estrategias para incentivar una animadversión a
la autoridad y la ley electoral, lo hicieron las televisoras
desde el 2009 cuando en un hecho inédito programas
infantiles de caricaturas y encuentros de fútbol fueron
interrumpidos durante tres minutos cada hora para insertar
los spots del aquel entonces IFE y de los partidos políticos
con una cortinilla en pantalla que rezaba “Los siguientes
promocionales son ordenados por el IFE en cumplimiento a la
ley electoral y se transmitirán hasta el 5 de julio”, misma
que se adosaba con comentarios de los conductores de TV
Azteca y de Televisa lamentando los cortes para ver los
spots, con lo cual se generó una molestia en la audiencia.
Con la visita del Papa a México, y sabedores de la
expectación de millones de personas para la cobertura de sus
actividades y mensajes repitieron la estrategia para
descalificar la interrupción de la cobertura informativa
porque así lo obliga la autoridad electoral, aún cuando con
frecuencia se trató de cortes para transmitir publicidad
comercial ¿alguna vez esos conductores se quejarán de las
constantes interrupciones de los spots comerciales?
Se trata de una oposición que tiene como fin descalificar a
la autoridad electoral y revertir el modelo de comunicación
política. Desde 2007 los medios, especialmente las
televisoras, no han dejado de litigar en contra de la
reforma, no se resignan a la pérdida económica y de control
que tenían. No pierden la esperanza de que el clima de
acritud que han generado pueda llevar tarde o temprano a una
contrarreforma para cambiar el modelo en favor de sus
intereses.
Ante la resolución de la Sala Regional Especializada del
Tribunal Electoral en el sentido de que los conductores no
violaron la ley durante la cobertura papal, las
radiodifusoras y televisoras comerciales se han dado vuelo
para darle una amplia difusión remarcando que la norma
electoral viola la libertad de expresión.
Como también se puede constatar en la línea de tiempo el
Tribunal Electoral ha impuesto multas de pertinencia y
legalidad discutibles, como igualmente resoluciones
contradictorias para la aplicación del modelo, lo que ha
sido aprovechado por los industriales del ramo para generar
confusión sobre el tema, abona también a ese clima de
confusión la falta de explicación clara y concisa del propio
Instituto Nacional Electoral (INE).
Esta sistemática campaña en contra de la ley y la autoridad
tiene por objetivo regresarles a los radiodifusores el
jugoso negocio electoral, como puede constatarse con la
iniciativa presentada el 19 de mayo del 2015 por el entonces
diputado Tomás Torres Mercado del Partido Verde Ecologista
de México (PVEM), partido que por cierto tiene record en la
violación de la ley electoral, que en su primer punto
plantea la eliminación del acceso gratuito por parte de
partidos políticos y candidatos a puestos de elección
popular a los tiempos de radio y televisión administrados
por el INE, dicha eliminación abre la posibilidad de que
partidos y candidatos contraten como antaño tiempos en
cualquier modalidad de radio y televisión, con cargo al
financiamiento público, porque según ese legislador, así se
garantiza la libertad de expresión.
En coordinación con esa iniciativa, como lo consigné en mi
colaboración del 24 de noviembre del año pasado, el
presidente del PRI Manlio Fabio Beltrones declaró que se
debe cambiar el modelo de comunicación política electoral y
aceptó que se podría abrir la puerta a la compra de espacios
en los medios electrónicos. Le falta memoria al político
sonorense quien fue uno de los principales defensores de la
reforma electoral del 2007. De igual manera se ha
pronunciado recientemente el presidente de la Mesa Directiva
del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth.
Si bien es cierto que existe el hartazgo por millones de
spots que se transmiten, especialmente en procesos
electorales, el problema central no es su comercialización o
no, sino la “espotización” del modelo que en nada aporta al
debate de las plataformas de los desgastados y
desprestigiados partidos políticos.
De concretarse lo que muchos llamamos una contrarreforma en
este terreno, se derrocharán nuevamente ingentes recursos
públicos que irán a parar a las arcas de los medios
comerciales, pero también se concretará la claudicación de
la clase política ante el poder mediático.
En otros temas
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió
el decreto por el que se crea el Organismo Promotor de
Inversiones en Telecomunicaciones (OPITEL) que será el
organismo que tenga la concesión de la Red Compartida
Mayorista (Banda 700 Mhz), ya despejada una vez que se hizo
el apagón analógico en televisión abierta. Este proyecto que
es el más ambicioso de la reforma en telecomunicaciones ha
tenido muchos obstáculos y críticas, pero es clave para
llegar a la meta de conectar a la banda ancha a millones de
personas, así que habrá que seguir con cuidado su
desenvolvimiento.
También está en puerta la discusión en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para determinar si da la razón a las
comunidades y emisoras comunitarias que interpusieron un
amparo en contra del artículo 89 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión que les deja casi como
única fuente de financiamiento el acceso a la publicidad
oficial, lo cual se considera desde organismos
internacionales de libertad de expresión como una medida
discriminatoria que puede funcionar como vía indirecta de
restricción a la libertad de expresión.
@callejag
@OpinionLSR
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.
