Columna
Dr. Marco Antonio Samaniego López *
Un informe interno: la Auditoria Superior de la Federación vs la SEP
TIJUANA BC 4 DE MARZO DE 2016.- Un asunto de la mayor importancia fue publicado el fin de semana. La Auditoría Fiscal de la Federación (ASF) dio a conocer conclusiones que plantean un problema de fondo a nivel nacional. De la revisión de la cuenta pública de 2014 se desprende que la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, no tomaron en cuenta los resultados de los exámenes en el nivel básico para la tomas de decisiones en las escuelas.
Dicho de manera sencilla, el resultado de los exámenes que se aplicaron a alumnos, docentes e instituciones no marcaron las pautas que condicionaron los planes para desarrollar en los siguientes periodos escolares.
Así, por ejemplo, 159.6 millones de pesos, con un promedio de 1,086 pesos por maestro, no tuvieron el efecto que se propuso en los documentos oficiales. No se establecieron prioridades, programas o estrategias para solucionar en el corto y mediano plazo la problemática que se desprendió de la aplicación de las evaluaciones.
El asunto es de suma relevancia. Significa que en 2015 y en 2016, aquellos que tuvieron malos resultados, no tomaron medidas para solucionar las carencias. Implica que los estudiantes que estuvieron bajo su cuidado, a pesar del gasto del recurso, tuvieron un profesor/a que mantuvo las prácticas y los problemas previos. No hubo ningún resultado efectivo de la inversión realizada.
Un argumento puede cuestionarse el hacer público un documento como el señalado. Fue una situación que se presentó durante la administración del anterior secretario de Educación, Emilio Chuayffet. Como es conocido, dicho personaje, fue sustituido por el actual ocupante del cargo, Aurelio Nuño. Un argumento puede ir en el sentido de que se hace público en función de justificar la salida del anterior.
Sin embargo, durante la presente semana, se han tomado decisiones relevantes. Los maestros que no hicieron el examen, fueron dados de baja. No trabajarán más en el sistema educativo en cualquiera de sus niveles. No son quienes estaban calificados o no los despedidos, sino quienes no aceptaron realizar la evaluación. No son pues los resultados de los exámenes la pauta para esa decisión, fue no hacer caso a una reforma que, más que educativa, es de índole política.
Las opiniones pueden ir en el sentido de que era necesario, dada la relevancia política de maestros que se han empoderado de espacios sociales. Algunos, han pasado meses y años en protestas. Su derecho a realizarlas es indiscutible, el tema es que no trabajan para lo que se les paga. Y en eso todos perdemos como sociedad. Los recursos no se utilizan para lo que fueron asignados.
La paradoja de ello es que el informe de la ASF coloca a la SEP y al INEE en la misma condición. Es decir, los recursos que iban destinados a la construcción de indicadores para la toma de decisiones no tuvo el resultado que se pretendía. La duda es, ¿tendrá los mismos efectos de orden laboral?
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.
* Marco Antonio Samaniego López. Doctor en historia por el Colegio de México.
Ha publicado más de cuarenta artículos en revistas nacionales, internacionales y capítulos de libros.
Fue director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California en dos periodos, 1996-1999 y 2007-2011.
