La reforma política.
Por : Gilberto LAVENANT
TIJUANA BC 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011.-Después de tanto darle vueltas al asunto, o a los asuntos, mejor dicho, fue aprobada la reforma política en la Legislatura Estatal de Baja California. Bueno, al menos fue aprobada en comisiones, pero como implica reformas constitucionales, falta contar con la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos de la entidad y que no se tope con el veto del Gobernador Osuna Millán.
Salvo el tema del empate de elecciones, que tantas controversias generó, la pretendida reforma política gira en torno a 12 ejes : acotar el fuero constitucional, sanción a representantes que incumplan promesas, o sea a los políticos mentirosos, revocación de mandato, ratificación de gabinete, mecanismos de participación ciudadana, iniciativa preferente, mecanismos de control, síndicos de primera minoría, candidaturas comúnes, creación del Distrito XVII en Playas de Rosarito, eliminación de veto de bolsillo y exámen antidoping.
En el primer tema, el del acotamiento del fuero, se establece la sanción de juicio político, consistente en destitución e inhabilitación, entre 6 meses a 20 años. Se pretende, que tratándose de delitos graves, cometidos por funcionarios públicos, el procedimiento de desafuero se desahogue en un plazo no mayor de 60 días y precisar que en demandas del orden civil, no exista inmunidad procesal.
Por cuanto hace a los políticos mentirosos, se establecerá la obligación, a cargo de los candidatos, de registrar ante el Instituto Electoral sus promesas de campaña. De resultar electos, dicho Instituto vigilará el cumplimiento de lo prometido, haciéndolo constar mediante informes anuales que deberá remitir a la Legislatura Estatal, para los efectos a que haya lugar, en cada caso.
Un reclamo popular, que es la revocación de mandato, podría hacerse realidad, en casos de responsabilidad política, responsabilidad penal, incapacidad total y permanente para ejercer el cargo, en casos de munícipes, por causa grave que determine la ley, a petición del Ayuntamiento, o bien por acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a disposiciones en tal sentido. Los electores reclaman, que así? como votan para elegirlos, su voto debe valer para destituirlos.
Otro tema que también generó controversias, es el de la ratificación del gabinete del ejecutivo estatal, por parte de la Legislatura, tratándose de los titulares de la Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, así como titulares de organismos paraestatales.
Respecto a los mecanismos de participación ciudadana, se incorporarán en la Constitución local, instrumentos y mecanismos de participación ciudadana, tales como la consulta popular sobre temas de amplio interés estatal, a solicitud del Gobernador del Estado, dos tercios de la Legislatura, o a petición del dos por ciento de los ciudadanos, siendo el Instituto Electoral el órgano a cargo de su organización y aplicación.
Un tema especial lo es el de la iniciativa preferente, consistente en otorgar el derecho al Gobernador, de remitir al inicio de los períodos ordinarios, dos iniciativas para trámite preferente, que deberán ser votados antes de concluir el período. Así mismo, las iniciativas ciudadanas serán tratadas como iniciativas preferentes. Se trata de aliviar en parte, la acumulación de asuntos en la “congeladora” legislativa.
Por lo que respecta a los mecanismos de control, se contempla el informe presencial del Gobernador, con derecho a réplica de los Grupos Parlamentarios, estableciendo además la obligación, a cargo de los titulares de las dependencias del Ejecutivo, de acudir, bajo protesta de decir verdad, ante el pleno o comisiones. Así mismo, se contempla la creación de la moción de censura, que implicaría el apercibimiento o remoción del cargo, de los titulares de las dependencias del Ejecutivo Estatal, ineficientes.
Quizás uno de los temas más controversiales, es la creación de la figura de los síndicos de primera minoría, que se asignarán a la primera minoría en la elección a Presidente Municipal, al considerar que actualmente las Sindicaturas generalmente son meras tapaderas de los funcionarios. El candidato perdedor, tendría la responsabilidad de ser vigilante permanente de la actuación de quien lo venció en la contienda.
Así mismo, se reformará el artículo 5 de la Constitución local, para crear la figura de las candidaturas comúnes, con lo que, se dice, se busca promover la mejoría en las condiciones de la participación de los partidos políticos y lograr una expresión más genuina de la representación electoral de la sociedad.
Como décimo punto, se creará el Distrito electoral XVII, para el municipio de Playas de Rosarito y el Distrito XVI que actualmente abarca parte de Tijuana, será exclusivamente para la representación de los tijuanenses.
La eliminación del veto de bolsillo, establece un plazo de 15 días para que el Ejecutivo observe los decretos de la Legislatura, pues de no objetarlos, transcurridos ese plazo, se deberán publicar en el Periódico Oficial, o en su caso el Presidente del Congreso ordenará su publicación.
Finalmente, la reforma política contempla aplicar exámen antidoping a candidatos y funcionarios, de manera obligatoria, anualmente, incluyendo a los funcionarios públicos de primero y segundo nivel de los Ayuntamientos y del Gobierno del Estado, así como a funcionarios del Poder Judicial.
El proyecto de dictámen sobre la reforma política, consta de más o menos 500 hojas, es factible que sea sometido a votación del pleno de la Legislatura en octubre y, si Osuna Millán no lo veta, este mismo año entrarán en vigor todas las reformas. Los políticos tendrán que ir a la escuelita, para “machetear” los temas. Se dice que todo fue resultado de consensos. No cabe duda que cuando se quiere, se puede.
