Las intenciones.
Por : Gilberto LAVENANT
Don José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador del Estado, está metido en un problema muy serio. Algo que no inició él, sino su antecesor, Eugenio Elorduy, pero a Osuna le estalla la bomba en las manos, en gran parte por la soberbia y falta de sensatez de que adolecen la mayoría de los funcionarios públicos.
Arriba, en “el trono”, el poder público les hace sentir que son semidioses, lo que aunado a los efectos y tratamiento del fuero constitucional, les lleva a considerar que son intocables. Por ello, no muestran ni el más elemental respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos comúnes y corrientes. Piensan, sienten, casi están seguros de ello, que están blindados. Que a ellos, el viento les hace lo que a Juárez.
Olvidan que hay instituciones jurídicas, que les obligan a caminar derechito. Generalmente no les pasa nada, pero de pronto, les jalan el tapete y caen de bruces. De pronto se les acaba todo. Se les rompe el encanto y les pasa lo que a la cenicienta del cuento, que de pronto se ven vestidos de harapos o al menos con ropas modestas, sin guaruras ni comodidades. Igualito que ciudadanos comúnes y corrientes.
En su defensa, tratan de hacer valer argumentos infantiles, como el supuesto de que se pretende hacer valer intenciones políticas en su contra, aunque la realidad se trate de violaciones legales que implican una sanción.
El juicio de amparo, es la institución jurídica más relevante del sistema político mexicano. Ciertamente ha habido casos que han nacido de intenciones políticas eminentemente, como el de Andrés Manuel López Obrador, que siendo jefe de gobierno del Distrito Federal, se pretendía aniquilarlo, políticamente, para que no contendiera en las elecciones presidenciales. El “peje”, libró la embestida legal, aunque no pudo evitar el deterioro o desgaste y al final los panistas lo dejaron tendido en el terreno político.
En el caso de Osuna Millán, no hay intenciones políticas. Aunque claro, los osunistas dicen que sí, porque tratan de desviar la atención y vestirlo de “víctima”, en busca de posibles arreglos. Olvidan el dicho aquel que advierte : “cuando la flecha, viene derecha, ni para qué agacharse”. Así es que las intenciones de los “azules”, salen sobrando.
La nota periodística que señala que un juez federal ordenó el cese de Osuna Millán, causó un gran revuelo. Si es cierto, era de esperarse. Pero no hubo intención alguno de ofenderle o molestarle. Simple y sencillamente la información resulta trascendente e impactará en el ambiente político local, como en las funciones públicas del gobierno estatal.
Se pretende aclarar, que el juez federal no ordenó el cese del Gobernador, porque no tiene facultades para ello. Efectivamente, no lo ordenó, pero la consecuencia legal y lógica, de haber decretado que había incurrido en incumplimiento de mandato federal, y haber remitido el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, llevará, tarde que temprano, al cese del máximo funcionario estatal.
Lo dice claramente el juzgador federal : “…previo cuaderno de antecedentes, que se deje en este juzgado con las constancias respectivas, con fundamento en el punto quinto fracción IV del Acuerdo General 5/2001 de veintiuno de junio de dos mil uno del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: remítase el asunto al Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en turno, con sede en Mexicali, Baja California, lo anterior, a efecto de que se siga el procedimiento previsto en la fracción XVI del Artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, para el cese de sus funciones como servidores públicos de las autoridades renuentes al cumplimiento, y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda”.
Para quienes quisieran resumir esto en breves palabras, cabe decir que allá por el 2004, Eugenio Elorduy, siendo Gobernador del Estado, valiéndole un comino los ciudadanos comúnes y corrientes, construyó el Boulevard 2000, invadiendo terrenos privados, sin previa expropiación, ni acuerdo alguno con los propietarios. Uno de ellos, ya fallecido, interpuso amparo, reclamando se le restituyera la posesión de su predio o en su caso el pago de daños y perjuicio.
El amparo se ganó en febrero del 2005, pero Elorduy se negó a pagarle al quejoso u ofendido. La necedad y soberbia ante todo. Tratando de encontrar una solución pacífica, el juez de amparo, el mismo que ahora resolvió en contra de “lupillo”, requirió al Congreso del Estado, para que por su conducto se conminara a las autoridades responsables, en especial al Gobernador, que cumplieran con la resolución de amparo.
En su carácter de Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el entonces diputado René Mendivil, presentó un Punto de Acuerdo en ese sentido. La votación estuvo dividida : 12 a 12. Mendívil, que en ese momento fungía como Presidente de la Legislatura, tuvo que hacer valer su voto de calidad para aprobar su propia propuesta. Esto, en sesión del pleno del 8 de junio del 2006. El columnista tiene la constancia de ello.
El asunto no es nuevo, que no se hagan los sorprendidos, ni los inocentes. Seis años después, sin haber cumplido la sentencia de amparo, es tiempo en exceso para ello, si hubieran tenido intenciones de cumplirla. Así es que ahora, que se atengan a las consecuencias. Osuna Millán, apenas el 1 de octubre rendirá su IV informe de gobierno. Quizás sea el último.
Hay de intenciones a intenciones. Las intenciones de los funcionarios panistas, en este caso, han sido siempre el eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo, que ahora podría llevar al “sacrificio” a su Gobernador. Esto, es solo el principio. Probablemente Osuna Millán acompañe en su retiro a Felipe Calderón y estando sujeto a proceso, ni chamba de ayudante podría tener con su amigo Ernesto Cordero. Hasta las estrellas se apagan.
