LA BUFADORA
Por. – El Mosquito
CUCHILLITO DE PALO
¿Por qué no exigen que comparezca Manuel Bartlett por el fraude en las elecciones presidenciales de 1988?
ENSENADA BC 21 DE NOVIEMBRE DE 2026.- La representación política de los grupos históricamente discriminados fue una medida necesaria para supuestamente garantizar que sectores de la población que durante décadas fueron marginados de los espacios de poder y decisión, tuvieran voz en las instituciones.
Sin embargo, el propósito de estas acciones afirmativas perdió sentido cuando los partidos políticos las convirtieron en una vía para favorecer a sus propios militantes mediante postulaciones que no corresponden a la realidad de las comunidades que dicen representar.
El Instituto Nacional Electoral (INE) estableció que los partidos políticos y coaliciones deberán postular 54 personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados para integrar la Cámara de Diputados: 36 por mayoría relativa y 18 por representación proporcional.
La distribución contempla 34 candidaturas indígenas, cuatro afromexicanas, ocho para personas con discapacidad, tres para integrantes de la diversidad sexual y cinco para personas migrantes.
Este acuerdo busca ampliar la inclusión política, pero exhibe un problema que ya ha contaminado distintos procesos electorales, que es la simulación de identidades y vínculos comunitarios para cumplir con las cuotas de representación.
LOS CASOS DE ENSENADA
En Baja California, y particularmente en Ensenada, existen antecedentes de militantes de Morena que, en elecciones pasadas, pretendieron hacerse pasar por integrantes de comunidades indígenas para contender por regidurías y diputaciones; aquellas postulaciones fueron impugnadas y los tribunales electorales determinaron anular sus registros, al no acreditarse los requisitos necesarios para acceder a las candidaturas reservadas mediante acciones afirmativas.
Está documentado que, en el proceso electoral de 2021, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado revocó las candidaturas de Miriam Cano Núñez y su suplente, Cecilia García Ovalle, postuladas por Morena y sus aliados al Distrito local 17, por no acreditar su pertenencia a la comunidad triqui.
Y también en ese entonces fue revocado el registro de Jorge Eduardo Vega Zamora, propuesto para una regiduría en Ensenada por la coalición encabezada por Morena, luego de que no acreditó su vínculo con la comunidad kumiai de San José de la Zorra.
Estas simulaciones evidenciaron que no es suficiente presentar una declaración de pertenencia a un grupo vulnerable ni utilizar una constancia para cubrir el requisito, porque la representación indígena implica un vínculo real con la comunidad, reconocimiento y participación.
Por tal motivo, los consejeros electorales del INE llamaron a las dirigencias partidistas a postular perfiles que representen de verdad a estos sectores, ante los señalamientos de que algunas candidaturas han terminado en manos de personas cercanas a las cúpulas políticas, sin relación efectiva con las comunidades beneficiarias.
Durante la discusión, los consejeros eliminaron, ante las inconformidades de los partidos, el requisito de pertenecer a una asociación para las personas postuladas por acciones afirmativas de diversidad sexual y afromexicanas; no obstante, mantuvieron otros mecanismos de acreditación, como las constancias de vínculo comunitario para las candidaturas indígenas, documentos de discapacidad y requisitos específicos para las personas migrantes, entre otros.
El representante del partido Somos, Marco Baños, señaló que “(…) lo más relevante será el compromiso de no darle, desde los partidos políticos, una atención de simulación”.
SIN CONSENSO
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que será el próximo miércoles 25 de noviembre cuando su bancada decida si emite la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) sin esperar la resolución del Tribunal Electoral sobre el recurso promovido por el PAN, cuyo coordinador, Elías Lixa, busca obligar a la Cámara baja a publicar el procedimiento de inmediato.
Aunque Monreal insiste en mantener abierta la negociación y asegura tener la mano extendida a Jorge Romero, presidente nacional del PAN, sus declaraciones también reflejan que ni siquiera dentro de Morena existe una postura unificada sobre cómo proceder.
Como siempre, la mayoría parlamentaria y sus aliados están más preocupados por imponer sus tiempos que por construir un acuerdo que otorgue legitimidad y recupere la credibilidad del INE.
El propio Monreal reconoció que una resolución judicial podría trasladar el procedimiento hasta enero de 2027, mediante un periodo extraordinario de sesiones, y también aceptó que hay presiones de cabilderos y cámaras empresariales interesadas en participar en la designación.
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor