LA BUFADORA
Por. – El Mosquito
CUCHILLITO DE PALO
¿Alguien le podría avisar al delegado de la Comisión Nacional del Agua en Baja California, Manuel Guerrero Luna, que sí existe el municipio de Ensenada?
ENSENADA BC 5 DE NOVIEMBRE DE 2026.- Sin pies ni cabeza se desarrolla el proceso interno de Morena para determinar quiénes serán sus candidatos en Baja California a las presidencias municipales y diputaciones federales, porque la dirigencia nacional de ese partido -dado que la estatal nunca ha existido- todavía no informa cuántos hombres y mujeres se anotaron para contender por esas “coordinaciones”, y tampoco precisa plazos, condiciones y reglas que les permita a los aspirantes diseñar una estrategia para posicionarse sin violar las leyes electorales, porque ni siquiera saben contra quienes compiten.
Además, se desconoce cuántas candidaturas otorgará Morena a sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y no han definido el género de las postulaciones, cuando ya obligaron a renunciar a sus cargos a varios funcionarios de gobierno, mientras a los regidores, diputados locales y federales, así como a los alcaldes y senadores sí les permitieron permanecer en sus puestos, lo cual representa una situación injusta e inequitativa.
BC NO LES IMPORTA
La responsable de la comisión de elecciones de Morena a nivel nacional, Citlali Hernández, al menos por cortesía, debería dar a conocer los nombres de los participantes, pero como -al parecer- tiene la instrucción de no decir nada, poco le importa lo que ocurra en Baja California, donde ciertamente nadie se ha levantado en armas como en Chihuahua, porque allá sin convocatoria ni encuesta impusieron por dedazo como candidata a la alcaldía de Ciudad Juárez a la senadora Andrea Chávez Treviño, después del tremendo berrinche que hizo porque le negaron contender por la gubernatura.
¿Acaso la presidencia municipal de Tijuana es menos importante que la de Ciudad Juárez?
Tal vez los morenistas de Baja California son muy disciplinados y les faltó manifestar su inconformidad de una manera más abierta y contundente, porque la reacción de la diputada federal con licencia, Evangelina Moreno, fue bastante tibia y Jesús Alejandro Ruiz Uribe se ha dedicado a enviar mensajes entrelíneas a través de videos que sube a sus redes sociales, pero no se observa un frente que exija piso parejo y normas claras. Si hubiera una oposición real es probable que la historia fuera diferente.
DESCONOCEN SU PARADERO
El escándalo por las presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) comienza a adquirir dimensiones mayúsculas, sobre todo porque ahora ni siquiera existe información precisa sobre el paradero de Guadalupe Taddei, quien hasta hace unos días encabezaba el organismo encargado de garantizar la legalidad y transparencia de las elecciones en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció ayer que el Gabinete de Seguridad no le ha informado si la ex consejera presidenta y los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas permanecen en territorio nacional.
“No lo han comentado”, reconoció la mandataria, pero en su gobierno presumen que siguen en el país.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, reveló la existencia de una presunta red empresarial que habría operado durante 27 años en el negocio de los materiales electorales, con contratos multimillonarios que, según las investigaciones presentadas, superaron los 2 mil 700 millones de pesos durante la última década.
Las indagatorias apuntan a que varias compañías vinculadas con los hermanos Hernández Casillas habrían simulado competencia para obtener adjudicaciones de organismos electorales, mediante mecanismos que permitían concentrar contratos y dispersar recursos.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas a la lista de personas bloqueadas, tras detectar operaciones financieras consideradas de riesgo.
Sheinbaum insistió en que las posibles responsabilidades deben determinarse mediante las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República.
Ain embargo, también resulta necesario establecer quiénes conocieron, toleraron o facilitaron estos mecanismos y durante qué administraciones ocurrieron.
La propia presidenta ha señalado que el problema no habría comenzado con Taddei, sino que tendría antecedentes en gestiones anteriores del INE, lo cual deberán probar plenamente, para que no se perciba como una cortina de humo para exonerar al clan que encabezó la sonorense.
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