LA BUFADORA
Por. – El Mosquito
CUCHILLITO DE PALO
¿Cuándo darán a conocer un censo preciso de las afectaciones que dejó la tormenta Rachel en el municipio de Ensenada?
ENSENADA BC 27 DE OCTUBRE DE 2026.-Si las acusaciones del especialista electoral Arturo Espinosa Silis tienen sustento, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta un problema mayor, ante la presunta utilización de su estructura para favorecer intereses comerciales mediante la contratación de proveedores en los institutos estatales electorales, a los que pomposamente denominan Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).
El director de Laboratorio Electoral denunció la existencia de una supuesta red de extorsión y corrupción que involucraría a funcionarios y exfuncionarios, con la imposición de empresas de tecnología, ciberseguridad y materiales electorales a las autoridades locales.
Entre los nombres señalados aparece María Fernanda Romo Gaxiola, titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Oples, cercana a Guadalupe Taddei desde su paso por el instituto electoral de Sonora; también figura José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), área que habría instruido a los organismos locales a contratar proveedores avalados o recomendados por el órgano central.
Espinosa cuestiona que esa intervención tenga sustento jurídico, pues los Oples cuentan con autonomía constitucional, porque si bien homologar criterios técnicos y estándares de calidad comenzó durante la presidencia de Lorenzo Córdova, lo que se debe investigar es el mecanismo que se implementó para controlar las compras y beneficiar a determinados particulares.
“Lo que han creado es una red de extorsión hacia las autoridades electorales locales a partir de la contratación forzada de ciertos proveedores, con vínculos facilitados por funcionarios y ex funcionarios; esto constituye una red de corrupción entre el INE y los Oples”, afirmó.
Entre los presuntos beneficiarios, el especialista mencionó a José Alfredo Hernández Casillas, propietario de Cajas Graf y vinculado al entorno de Taddei desde hace al menos una década.
Sobre el mecanismo de contratación, advirtió que “(…) el problema no es la calidad de los materiales, donde difícilmente hay fallas evidentes, sino el mecanismo: la compra de voluntades, las licitaciones a modo y las adjudicaciones directas”.
Este señalamiento es delicado porque María Fernanda Romo Gaxiola fue designada en mayo de 2026, después de aspirar a una consejería general del INE, y tiene a su cargo la vinculación entre el organismo central y las autoridades electorales locales; por su parte, Pérez de Acha ha sido señalado por asistir a reuniones sociales organizadas por Hernández Casillas.
Estos señalamientos, sin embargo, requieren pruebas y una investigación que determine si existieron conductas ilegales, pero debido a lo acontecido el INE debe aclarar quién ordenó estas medidas, cuál es su fundamento jurídico y qué empresas han resultado beneficiadas.
Así que bien haría el presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), Luis Alberto Hernández Morales, en deslindarse de la crisis que se registra en el INE y transparentar todas las adquisiciones del órgano a su cargo.
GESTIÓN Y ASPIRACIÓN
La diputada federal Rocío López Gorosave, gestiona recursos ante la federación para proyectos de infraestructura que Ensenada, pero también avanza en su propia ruta política, pues aspira a convertirse en coordinadora municipal de Morena en Ensenada, posición que sería la antesala de la candidatura a la presidencia municipal en 2027.
No hay que olvidar que en 2024 también buscó llegar a la alcaldía, aunque la designación recayó en Claudia Agatón Muñiz.
Mientras tanto, como integrante de la Comisión de Infraestructura de la Cámara baja, dio a conocer que se aprobó una ampliación presupuestal de 30 mil millones de pesos para 2027 al Ramo 09, destinado a inversiones del gobierno federal en infraestructura, comunicaciones y transportes, economía circular y justicia social.
La propuesta todavía deberá pasar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y, si obtiene su aprobación, llegará al pleno legislativo para su discusión y eventual autorización definitiva.
López Gorosave anunció que aprovechará esta ampliación para presentar dos proyectos carreteros para el municipio, consensuados con el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE).
El primero es la ampliación y modernización del tramo carretero El Sauzal-UABC, con un costo aproximado de 600 millones de pesos y solicitud de registro número 85704 ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El segundo corresponde a la segunda etapa del Libramiento de Ensenada, cuyo costo estimado asciende a 3 mil 800 millones de pesos, con solicitud de registro número 88473 ante la misma dependencia.
En conjunto, ambos proyectos representan una inversión de 4 mil 400 millones de pesos, una cifra considerable pero que refleja el tamaño de los rezagos de Ensenada en infraestructura vial.
La legisladora también incluyó entre los proyectos estratégicos la ampliación de la planta desalinizadora, el mejoramiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales y la creación de un parque de generación de energía solar.
Esperemos entonces que tales obras reciban presupuesto y tengan calendarios definidos, porque las afectaciones provocadas por la reciente tormenta confirmaron que Ensenada no puede esperar más.
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor
