DESDE MI SOFÁ
Por: Obed Silva
TIJUANA BC 11 DE OCTUBRE DE 2026.- Pagar impuestos es una obligación muy impopular. Sobre todo porque la corrupción prevaleciente en los gobiernos municipales propicia que los ciudadanos no cumplan con su obligación, pues existe la creencia popular de que “se roban el dinero de los impuestos”.
Para el caso de los municipios la fuente de ingresos propios más importante es el impuesto predial.
En relación con este rubro, el pasado 7 de octubre la Cámara Federal de Diputados aprobó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.
En la exposición de motivos de dicha Ley, se propone la creación de un Plan Nacional Catastral y un Plan Nacional Registral como instrumentos “que establezcan las directrices, prioridades y acciones para el fortalecimiento, modernización y coordinación de la función catastral”.
La estrategia para ejecutar los citados planes parte de la creación de una identificación individualizada para cada inmueble del territorio nacional denominada Clave Única Catastral (CUC).
Con la CUC se pretende establecer una Plataforma nacional para digitalizar trámites, homologar información y facilitar consultas entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Lo anterior podría ser positivo pues ayudaría a reducir la corrupción en el ámbito de las oficinas catastrales y del registro público y a combatir el despojo “legal” de propiedades inmobiliarias en Baja California.
El delito de despojo de inmuebles ha cobrado tremendas dimensiones pues de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, entre los años 2021 y 2026 las denuncias por ese delito en nuestro Estado ascendieron a un total de 6,665 en un periodo de 5 años, promediando 1,300 denuncias por año.
Hasta aquí la intención de la nueva Ley federal en materia catastral y registral parecería buena, el problema podría surgir cuando se proponga igualar los valores catastrales de los inmuebles con los valores establecidos en las escrituras inscritas en el registro público de la propiedad, pues los valores son muy diferentes.
En este sentido, la exposición de motivos de la referida Ley propone que “se fortalecerá la capacidad recaudatoria de los municipios.. mediante la actualización de los valores catastrales”.
Igualar los valores catastrales con los inscritos en el registro público traería una grave distorsión en el mercado inmobiliario, afectando no solo a los contribuyentes sino también a la economía local.
El partido Morena y sus legisladores señalaron que la ley busca poner orden, combatir la evasión del predial y dar certeza jurídica sin crear nuevos impuestos ni modificar directamente las tasas de cobro.
Mientras que los diputados del Pan, Pri y Mc acusaron que es una medida recaudatoria y advierten que la Ley vulneraría la autonomía municipal.
Lo cierto es que durante décadas los gobiernos municipales han utilizado la fórmula de incrementar el valor de los inmuebles a través de las tablas de valores catastrales sin aumentar la tasa del impuesto.
Para efectos prácticos cada año sube el pago del predial y los gobiernos municipales dicen que no hay aumento al impuesto, lo que es una falacia.
Con la Ley aprobada en la Cámara de Diputados y que solo falta que sea aprobada por el Senado, podría surgir la oportunidad para que el Congreso Local haga con seriedad y profesionalismo una nueva Ley del Catastro Inmobiliario con la que se igualen valores catastrales con los valores inscritos en el registro público, sustituyendo las tablas de zonas homogéneas por rangos de los valores registrales y con tasas diferenciadas según el valor de los inmuebles, obteniendo que los ciudadanos paguen el predial conforme al valor real de sus propiedades pero con equidad respecto a la tasa impositiva, previendo que no se eleve el cobro del impuesto más allá de la inflación del año anterior.
Al inicio de un proceso electoral en dónde lo menos que conviene a Morena es incomodar a los ciudadanos cobrando más por impuestos, se antoja que para el Congreso Local será muy complicado adecuar los objetivos de la Ley federal con los intereses locales.
NOMAS POR JODER:
Para la definición de los “coordinadores municipales” de Morena en Baja California se avizoran peleas más terribles que en las de la fase estatal.
