DESDE MI SOFÁ
Por: Obed Silva
TIJUANA BC 4 DE OCTUBRE DE 2026.- Con motivo de presuntos vínculos con grupos del crimen organizado, por segunda vez el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América impuso sanciones a conocidos políticos y empresarios de Baja California.
La segunda ronda de sanciones se inscribe en el contexto de la visión del gobierno de Trump con relación al fenómeno de las personas que migran a los Estados Unidos de América.
El gobierno del Presidente Trump declaró que la migración hacia EE.UU. contribuye a debilitar su economía, al deterioro moral de su sociedad y al empobrecimiento de la mayoría de los estadounidenses.
A la migración también se le acusa de ser la principal vía para el ingreso de sustancias adictivas al vecino país del norte, en especial del fentanilo proveniente de China.
La anterior visión constituye la piedra angular sobre la que se construyó la idea de que las drogas distribuidas por las organizaciones del narcotráfico son armas de destrucción masiva que ponen en riesgo la existencia de EUA.
Por dicha razón, el gobierno del Presidente Trump designó a los carteles del narcotráfico mexicano como Organizaciones Terroristas Extranjeras y en consecuencia, las personas que colaboren con estos carteles serán acusadas de cargos criminales de acuerdo con la legislación norteamericana.
Para redondear la idea, se definió que el narcoterrorismo es la estrategia política de los “locos izquierdistas”, apoyados por China y Rusia, para destruir a la Unión Americana.
Con está doctrina, el actual gobierno norteamericano dio vida al Escudo de las América como la vía de “cooperación internacional” para la ejecución de campañas, incluso militares, que tengan como objetivo salvar a Latinoamérica del narcoterrorismo.
En México, la estrategia se empezó a ejecutar desde la campaña presidencial de 2024 con la etiqueta al gobierno de la 4T como “narco estado” y a la candidata de Morena como “narco presidenta”.
En consecuencia, a partir del triunfo de la Presidenta Sheinbaum han sido varios los momentos en los que el Presidente Trump y funcionarios de su administración ha dicho que el narcotráfico tiene dominado el territorio nacional y al gobierno de México.
En este sentido, la más reciente acción de la administración Trump fue a través de la oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) con la sanción a 46 personas de Baja California, físicas y morales, por su presunta colaboración con la Organización Terrorista Extranjera conocida como “Cártel de Sinaloa, facción los mayos”.
La determinación de la OFAC podría ser el preámbulo de otro pedimento del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos al gobierno mexicano para ejecutar órdenes de aprehensión con fines de extradición en contra de connotados políticos y conocidos empresarios ligados a los gobiernos estatal y municipales de Baja California.
La respuesta del gobierno del Estado de Baja California fue que; "Las personas señaladas deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes, que serán las encargadas de informar sobre las investigaciones”.
Ante la segunda vez que se emiten sanciones y la gravedad de los señalamientos de la OFAC así como las implicaciones que se pueden generar en los ámbitos legal, político y económico, resulta ser un gran error el tratamiento “administrativo” que los gobiernos estatal y municipal dieron al asunto.
Las imputaciones que hace la OFAC constituyen presuntamente, conductas que podrían encuadrar en tipos penales previstos en el código penal respecto a la conducta de servidores públicos, tales como; negociaciones ilícitas, tráfico de influencias, abuso de autoridad, peculado o enriquecimiento ilícito, todos delitos del ámbito estatal, por lo que resulta políticamente torpe el trámite que se le ha dado a las sanciones de la OFAC.
Por otra parte y en razón de los presuntos delitos del fuero federal que imputa la OFAC a los sancionados, el gobierno estatal morenista debería pedir a la Fiscalía General de la República, abrir una carpeta de investigación para determinar si los señalamientos son verdaderos o falsos.
De lo contrario, la displicencia con la que han asumido los gobernantes morenistas el ataque de la OFAC, contribuirá para que en la mente del pueblo de Baja California se convierta como una verdad la acusación de que en nuestro Estado la administración pública es un narco gobierno.
NOMAS POR JODER:
En la casa marcada con el número 727 de una céntrica calle de la ciudad de Ensenada, hay un nuevo atractivo turístico.
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