REFLEXIÓN DEL DIA.-
Por: Esteban Capella Ibarra
TIJUANA BC 2 DE OCTUBRE DE 2026.- En la sociedad en la que vivimos parecen convivir permanentemente tres formas de interpretar la realidad: la verdad objetiva, los intereses políticos y económicos, y las teorías de conspiración. El problema es que estas tres visiones se mezclan constantemente y, al final, cada vez resulta más difícil construir una explicación común sobre los asuntos que afectan a todos. Pensemos en algo muy sencillo: los servicios públicos. Desde una visión objetiva, una sociedad necesita agua, energía, seguridad, calles, hospitales, escuelas, transporte e infraestructura, y para proporcionarlos existe un sistema de gobierno que recauda recursos mediante impuestos, derechos, aprovechamientos y otras contribuciones. En teoría, esos recursos deberían administrarse buscando una sola cosa: la mejor manera de resolver las necesidades de la colectividad. Esa sería la verdad objetiva: identificar un problema, estudiar las alternativas, elegir la más eficiente, utilizar correctamente los recursos públicos y obtener el mayor beneficio posible para la población.
Pero aparece entonces una segunda realidad: los intereses económicos y de poder. Quienes toman las decisiones públicas son personas, grupos e instituciones que también se encuentran dentro de relaciones políticas, económicas y de poder, y la experiencia nos ha enseñado que algunas decisiones que deberían tomarse únicamente pensando en el interés colectivo pueden terminar mezclándose con favoritismos, contratos, grupos empresariales, compromisos, influencias o beneficios particulares. Ahí comienza a deformarse la visión objetiva. Una obra puede ser necesaria, pero también puede beneficiar determinados intereses; una inversión puede ser correcta, pero puede despertar dudas sobre quién recibió el contrato; una política pública puede tener una explicación técnica razonable y, al mismo tiempo, existir intereses políticos alrededor de ella. Y entonces aparece el tercer elemento: las teorías de conspiración, porque, como dice el viejo refrán, la burra no era arisca, la hicieron. Después de años de corrupción, escándalos, favoritismos, decisiones inexplicables y falta de transparencia, muchos ciudadanos desarrollan una desconfianza casi automática hacia cualquier decisión del gobierno. El problema es que esa desconfianza también puede llegar demasiado lejos y comenzamos a pensar que detrás de absolutamente todo existe un negocio oculto, una conspiración, un grupo secreto, un interés extranjero o un plan deliberado para perjudicar a alguien. Algunas sospechas pueden tener fundamento; otras simplemente nacen de la imaginación, de información incompleta o de nuestra propia desconfianza acumulada.
Así terminamos viviendo dentro de un extraño ecosistema donde conviven simultáneamente la realidad objetiva, los intereses económicos y de poder, y las teorías de conspiración. Y quizá uno de nuestros mayores problemas como sociedad sea precisamente que ya no sabemos con claridad dónde termina una y dónde comienza la otra. La solución probablemente no sea confiar ciegamente en el gobierno, pero tampoco desconfiar automáticamente de absolutamente todo. La solución debería estar en exigir información, transparencia, evidencia, resultados y rendición de cuentas: que una autoridad explique por qué tomó una decisión, cuánto cuesta, quién se beneficia, quién recibió los contratos, qué otras alternativas existían y cuáles fueron los resultados obtenidos. Porque mientras las decisiones públicas permanezcan rodeadas de opacidad, los intereses reales y las teorías imaginarias seguirán mezclándose. Y entonces queda una pregunta que vale la pena hacernos: ¿cuándo llegará el día en que podamos confiar suficientemente en nuestros gobiernos para analizar sus decisiones con datos y razones, sin caer en una paranoia conspirativa permanente? Tal vez ese día llegue cuando el ciudadano deje de tener que escoger entre creer ciegamente o sospechar de todo, y pueda simplemente comprobar.
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