*.- La paradoja de la seguridad y el desplazamiento forzado en México
Dr. José Alejandro García Galván*
La distancia entre la narrativa institucional y la empiria territorial suele medir la calidad democrática de una nación. Cuando un Estado insiste en proclamar la pacificación y el descenso sostenido de la violencia criminal basándose en métricas agregadas, mientras en el terreno comunidades enteras abandonan sus tierras para salvar la vida, no solo presenciamos un fallo en el diagnóstico de la seguridad pública; asistimos a la sofisticación del disimulo político. En la jerga popular mexicana, este fenómeno recibe una denominación tan coloquial como certera: "dar atole con el dedo". Esta expresión sintetiza el acto de aplacar el descontento o la angustia social mediante paliativos discursivos, promesas vacuas o narrativas manipuladas que pretenden endulzar una realidad amarga e inaceptable.
El análisis de la coyuntura nacional a la luz del 2do Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum revela una fisura alarmante entre los indicadores macro de incidencia delictiva y las vivencias micro de la población en regiones críticas como Chiapas y Michoacán. Mientras las tribunas oficiales exhiben porcentajes a la baja en homicidios dolosos y celebran la consolidación de una estrategia centrada en la atención a las causas estructurales y la consolidación de la Guardia Nacional, la geografía del terror avanza en los márgenes y en los centros neurálgicos de la producción agrícola y fronteriza del país. El Desplazamiento Forzado Interno (DFI) se ha convertido en el síntoma más contundente de la erosión de la soberanía estatal, funcionando como un barómetro irrefutable de que la gobernanza criminal continúa ganando terreno.
La geografía de la expulsión: Chiapas y Michoacán en el vórtice del conflicto
Para comprender la magnitud de la crisis, es imperativo descender de las cúpulas estadísticas hacia la topografía de la violencia. Los casos de Chiapas y Michoacán no son anomalías aisladas ni eventos fortuitos; representan la materialización de un modelo de disputas territoriales donde la población civil ha dejado de ser mero espectador involuntario para convertirse en botín, recurso coercible o daño colateral de la expansión del crimen organizado.
En Chiapas, históricamente percibido como un estado con dinámicas de conflicto predominantemente sociopolíticas o étnicas, la irrupción abierta y sangrienta de cárteles de alcance nacional ha reconfigurado dramáticamente la vida comunitaria. Municipios como Frontera Comalapa, Chicomuselo, Pantelhó y Bella Vista se han transformado en escenarios de confrontación directa entre facciones hegemónicas del narcotráfico que disputan el control de las rutas de contrabando, la trata de personas y el tráfico de precursores químicos provenientes de Centroamérica. El fenómeno del desplazamiento en esta región posee un carácter sistémico: miles de familias indígenas y campesinas han sido obligadas a abandonar sus hogares, sus cosechas y su patrimonio bajo la amenaza directa de reclutamiento forzado, ejecuciones arbitrarias o el cobro de cuotas inasumibles. La selva y los Altos de Chiapas presencian hoy un éxodo silencioso que desafía cualquier retórica de paz gubernamental.
Por su parte, Michoacán —particularmente la región de la Tierra Caliente, Apatzingán, Aguililla y la Sierra-Costa— experimenta una mutación técnica y táctica de la violencia criminal. La consolidación de la guerra mediante drones cargados con explosivos, la colocación de minas antipersonal artesanales en caminos rurales y la extorsión sistemática a las cadenas productivas del limón y el aguacate han provocado un vaciamiento progresivo de comunidades enteras. El desplazamiento forzado en Michoacán no es solo producto del tiroteo fortuito, sino de la imposición de un régimen de terror económico donde la imposibilidad de subsistir pacíficamente empuja a las familias hacia las cabeceras municipales, la frontera norte o el refugio transnacional.
Desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales y la Geopolítica Regional, el DFI no representa un asunto doméstico exclusivo. Genera presiones migratorias transfronterizas directas, altera la estabilidad de los mercados agroalimentarios internacionales y evidencia el paulatino resquebrajamiento del monopolio estatal sobre la violencia legítima, principio fundamental de la ciencia política desde la formulación clásica de Max Weber.
La mecánica del "atole con el dedo": Reduccionismo administrativo vs. gobernanza criminal
El 2do Informe de Gobierno de la administración saliente y de la actual continuidad formaliza un enfoque triunfalista de la seguridad pública. Al destacar reducciones en la tasa nacional de homicidios por cada cien mil habitantes o al presumir el despliegue de decenas de miles de efectivos militares en tareas de seguridad interior, el discurso oficial incurre en una falacia de agregación.
¿Por qué estas cifras constituyen "atole con el dedo" en el contexto actual?
En primer lugar, la disminución cuantitativa de homicidios no equivale necesariamente a la restitución del orden social ni a la presencia efectiva del Estado. En diversas regiones disputadas, la pacificación aparente o la reducción de asesinatos observables responde con frecuencia a dos factores ajenos a la efectividad gubernamental: la imposición de una "paz criminal" (hegemonía absoluta de un solo grupo armado que no requiere recurrir al choque violento continuo) o la invisibilización de las víctimas a través de la desaparición forzada y las fosas clandestinas. Cuando un cártel domina un territorio de forma incontestada, el homicidio visible disminuye, pero la extorsión, el control social y el desplazamiento forzado se intensifican. Celebrar la baja de homicidios en estas condiciones es confundir la sumisión de la sociedad bajo el yugo criminal con el éxito de la política pública.
En segundo lugar, la narrativa oficial tiende a desvincular el delito de homicidio de las dinámicas complejas de la coacción territorial. El Desplazamiento Forzado Interno no suele figurar con el debido peso en las métricas prioritarias de los informes de gobierno porque visibilizarlo implica admitir la pérdida de control del espacio físico por parte del Estado. Cuando una familia huye de su comunidad, lo hace porque la autoridad formal ha sido sustituida por un actor armado ilegal que ejerce funciones paraestatales: cobro de impuestos (derecho de piso), regulación del comercio, impartición de justicia arbitraria y control de la movilidad.
El uso de programas sociales universales como pivote central de la estrategia de seguridad ("atención a las causas") representa una herramienta válida a largo plazo para reducir el reclutamiento juvenil, pero resulta trágicamente insuficiente e ingenua frente a estructuras criminales fuertemente pertrechadas con armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Pretender contrarrestar el despliegue de batallones delictivos equipados con tecnología de grado militar mediante transferencias monetarias directas equivale a ofrecer una respuesta asistencialista ante un problema de seguridad nacional y soberanía territorial.
Análisis comparativo de la realidad vs. la narrativa oficial
Para vislumbrar de manera pedagógica y clara las divergencias entre el diagnóstico gubernamental expresado en el informe y las realidades documentadas por organismos de derechos humanos, la academia y la prensa independiente, se presentan las siguientes dimensiones sociopolíticas:
Diagnóstico de la Violencia:
Informe Oficial: Enfoque prioritario en la reducción porcentual de homicidios dolosos y delitos de alto impacto a nivel nacional.
Realidad Territorial: Mutación de la violencia hacia formas sutiles y estructurales de dominación; incremento de la desaparición forzada, el secuestro y el desplazamiento masivo de poblaciones rurales.
Presencia del Estado:
Informe Oficial: Despliegue masivo y cuantitativo de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas como garantía de paz y orden público.
Realidad Territorial: La presencia militar suele limitarse al patrullaje estático o a la contención reactiva, incurriendo en ocasiones en la omisión deliberada ante enfrentamientos entre grupos armados o actuando como un espectador pasivo del éxodo comunitario.
Atención al Desplazamiento Forzado:
Informe Oficial: Minimización del fenómeno; catalogación de los eventos como disputas locales aisladas entre bandas rivales sin reconocimiento pleno de la condición de víctimas de DFI.
Realidad Territorial: Miles de personas en albergues improvisados, pérdida de soberanía alimentaria, desarticulación del tejido social y abandono de tierras productivas sin un marco legal ni presupuestal integral de protección federal.
Gobernanza local:
Informe Oficial: Afirmación de que las instituciones democráticas operan con normalidad en todo el territorio nacional.
Realidad Territorial: Cooptación o anulación de los gobiernos municipales en zonas de conflicto; captura de presupuestos públicos y de las fuerzas de policía local por parte del crimen organizado.
Implicaciones geopolíticas y la urgencia de una pedagogía de la verdad
El desplazamiento forzado en el sur y occidente de México no puede desligarse del contexto de la globalización del delito. El crimen organizado transnacional opera como una corporación multiproducto donde el control sobre las personas y la tierra es tan codiciado como las rutas de exportación de narcóticos hacia los Estados Unidos o los mercados europeos y asiáticos. La extracción delictiva de rentas agrícolas en Michoacán o la instrumentalización de los flujos migratorios irregulares en la frontera de Chiapas demuestran que las redes criminales han diversificado su portafolio financiero a costa de la vulnerabilidad social.
Cuando el Estado mexicano decide presentar un informe que soslaya o edulcora estas dinámicas territoriales, no solo yerra en la construcción de su diagnóstico, sino que debilita su posición internacional. Las agencias multilaterales, los socios comerciales y las organizaciones de derechos humanos globales monitorean con precisión objetiva la crisis de movilidad humana. La discrepancia entre la retórica oficial y los informes sobre el terreno genera un déficit de credibilidad internacional que afecta la certidumbre jurídica, el comercio y las relaciones bilaterales en materia de seguridad y migración.
Una política de seguridad pedagógica y honesta exige abandonar el confort de la estadística manipulable y asumir la crudeza de la realidad. Reconocer la existencia del Desplazamiento Forzado Interno no es una derrota política, sino el primer paso indispensable para articular una respuesta institucional coordinada. Ello implicaría la promulgación de una Ley General de Desplazamiento Forzado Interno dotada de presupuesto ejecutable, la reestructuración profunda de las fiscalías locales y federales, el fortalecimiento de las capacidades operativas de las policías civiles comunitarias y el desmantelamiento real de los esquemas de impunidad patrimonial y financiera que sostienen a los grupos armados.
Continuar ofreciendo "atole con el dedo" mediante informes redactados para la complacencia mediática equivale a abandonar a su suerte a miles de mexicanos que hoy se ven obligados a elegir entre el sometimiento a la tiranía criminal o el despojo de su patria chica. La paz verdadera no se construye con proyecciones porcentuales en una pantalla, sino recuperando la libertad de transitar y habitar sin temor cada rincón del territorio nacional.
Tres preguntas para no dormir tranquilos
¿Hasta qué punto la focalización exclusiva en la disminución de homicidios dolosos como métrica de éxito de la seguridad pública contribuye a invisibilizar otros delitos graves como el desplazamiento forzado y la extorsión?
Ante el evidente fracaso de las respuestas asistenciales para detener la expansión de la gobernanza criminal, ¿cuáles deberían ser las prioridades urgentes en la reestructuración de la estrategia de seguridad y soberanía territorial en México?
¿De qué manera la simetría entre el discurso oficial y la realidad vivida por la ciudadanía en zonas de conflicto afecta la legitimidad de las instituciones democráticas del país a nivel interno e internacional?
¿Y usted, qué piensa?
Referencias Bibliográficas
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2023). Informe Especial sobre el Estado de los Derechos Humanos de las Personas en Situación de Desplazamiento Forzado Interno en México. CNDH. https://www.cndh.org.mx/informes-especiales
Global Displacement Monitoring Centre. (2024). Global Report on Internal Displacement: Conflict and Violence in Latin America. IDMC. https://www.internal-displacement.org/global-report
Gobierno de la República. (2025). Segundo Informe de Gobierno de la Presidencia de la República 2024-2025. Presidencia de la República Mexicana. https://www.gob.mx/presidencia/documentos/informe-de-gobierno
International Crisis Group. (2024). In the Shadow of the Cartels: Violence and Displacement in Chiapas and Michoacán (Latin America Report N° 102). Crisis Group. https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/mexico
Red de Documentación de las Organizaciones Civiles de Migrantes. (2024). Informe Anual sobre Violencia, Extorsión y Desplazamiento Forzado en la Frontera Sur de México. REDODEM. https://redodem.org/informes
* Es Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte 1998-2003, con maestrías en Ciencias Sociales Aplicadas y en Bussiness Intelligence, por la UABC y la Universidad de Oberta en España, respectivamente. ExConsejero Electoral en el 6to. Distrito Electoral Federal en la ciudad de Tijuana desde el 2015 al 2023; Presidente del Consejo Académico del Universitario Tecnológico UNIVERSITAM; Catedrático de licenciatura y posgrado en las Universidades de Xochicalco, Ibero Tijuana, Centro de Estudios Universitario de Baja California, Universidad Yaan, y Universidad del Atlántico; Director General de GO Integral SC, consultora de estudios y proyectos para organismos gubernamentales e instituciones privadas. Actualmente, colabora en el Centro Público de Investigación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, “El Colegio de la Frontera Norte, A.C.”.
