DESDE MI SOFÁ
Por: Obed Silva
TIJUANA BC 6 DE SEPTIEMBRE DE 2026.- Durante los 30 años de gobiernos panistas, el crecimiento urbano de Tijuana se movió entre el desorden y la corrupción, la política pública albiazul se orientó a procurar el mayor beneficio posible de los desarrolladores inmobiliarios en perjuicio de la hacienda municipal.
A pesar de que el Pan construyó un andamiaje jurídico para regular el crecimiento urbano de Tijuana, el incumplimiento de las normas se convirtió en la regla, generando que gran cantidad de fraccionamientos para la vivienda y la industria no cumplieran con la ley.
Con estos antecedentes, de manera inesperada el Cabildo de Tijuana con mayoría morenista, aprobó “fastrack” un acuerdo presentado por la regidora Melissa Pacheco Silveyra que genera dudas sobre su legalidad e intenciones del mismo.
El acuerdo en cuestión propone “regularizar” obras privadas de urbanización que, según afirma la regidora, fueron construidas sin cumplir con la Ley.
La regidora Pacheco dice en su punto de acuerdo que existen naves y parques industriales que se construyeron “al margen de procedimientos de autorización técnica y de uso de licencias previstas por la legislación en materia de desarrollo urbano..”
Sin detallar fechas, cantidad de inmuebles y la ubicación de los mismos, la regidora asegura que la Dirección de Administración Urbana “procedió a realizar una inspección respecto de los inmuebles en dónde se encuentran construidas naves y parques industriales a efecto de verificar el cumplimiento a la normatividad en materia de desarrollo urbano, percatandose que existe gran número de inmuebles que no han dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 160 bis (donación de terrenos destinados para uso público) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado…”
El oscuro acuerdo aprobado por el Cabildo no consigna las zonas de la ciudad de Tijuana ni la cantidad de construcciones industriales en las que se incumplió con la Ley.
Lo anterior podría desatar una cacería de brujas contra los empresarios desarrolladores de parques y naves industriales, pues deja a la discreción del IMPLAN y de la Dirección de Administración Urbana decidir quiénes cumplieron con la Ley.
El plan de regularización propuesto por la regidora dispone que los empresarios incumplidos que se acojan al programa, recibirán el beneficio de la condonación del 100% de multas, recargos y sanciones administrativas por la urbanización irregular.
Con relación a tal beneficio, ningún edil, ni la Sindica Procuradora, ni el Presidente Municipal, ni el Director de Asuntos de Cabildo objetaron que la regidora Pacheco se haya atribuido facultades que solo tiene el Ejecutivo Municipal pues el artículo 110 de la Ley de Hacienda Municipal dispone que “la condonación total o parcial de los recargos podrá otorgarse mediante disposiciones de carácter general que apruebe el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal…”, y no a propuesta de la regidora.
Tal irregularidad jurídica podría ser reclamada en un juicio de amparo por quienes se pudieran sentir afectados por el Acuerdo en razón a que se violó el proceso legislativo, ya que la iniciativa fue presentada por una persona que carece de atribución legal para hacerlo.
De igual forma, el acuerdo de Cabildo establece que; “para salvaguardar la vida y el entorno físico, será requisito indispensable para los solicitantes contar con el dictamen de anuencia vigente emitido por la Dirección de Protección Civil, garantizando que el parque industrial no represente un riesgo de contingencia para la zona colindante” siendo omiso en establecer lo que sucederá con los que representen un riesgo o estén construidos en zonas de alto riesgo.
El acuerdo aprobado por Cabildo de Tijuana levanta sospechas por la rapidez con la que fue aprobado, por el hecho de que la regidora se atribuyó facultades que solo tiene el Presidente Municipal, porque el acuerdo debió ser dictaminado por la Comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo, porque carece de la información necesaria para darle sustento y porque pareciera que el gobierno morenista continúa con la práctica panista que por décadas beneficio a ciertos desarrolladores inmobiliarios.
NOMAS POR JODER:
A los morenistas se les hizo bolas el engrudo en el nombramiento de sus 17 coordinadores estatales para la defensa de la 4T. Les falta entender que la hegemonía de la que gozan no será para siempre.
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