*.- Extracción ilegal de agua en el Valle de Mexicali y la encrucijada geopolítica de la CILA
Por: Dr. José Alejandro García Galván*
Introducción:
1. La geografía de la sed: El Valle de Mexicali y la frontera hídrica
En la árida franja que divide al noroeste de México del sudoeste de Estados Unidos, el agua ha dejado de ser únicamente un insumo agrícola para convertirse en el recurso geopolítico más disputado del siglo XXI. En el centro de esta confluencia de tensiones se encuentra el Valle de Mexicali, sede del Distrito de Riego 014, una de las zonas agrícolas más fértiles de la cuenca baja del Río Colorado, pero también una de las más vulnerables ante la presión climática, la degradación ecológica y la explotación transfronteriza.
Durante los últimos años, investigaciones periodísticas, denuncias de organizaciones comunitarias y auditorías ambientales han puesto al descubierto una dinámica alarmante: la proliferación de esquemas de extracción no autorizada e ilegal de aguas subterráneas en territorio mexicano, promovidos de forma directa e indirecta por capitales y empresarios agrícolas de origen estadounidense. Este fenómeno abarca desde la perforación de pozos clandestinos hasta el arrendamiento opaco de concesiones agrícolas a través de prestanombres locales para el cultivo intensivo de forrajes de alto consumo hídrico —como la alfalfa y el heno— destinados prioritariamente a la exportación hacia explotaciones ganaderas en Estados Unidos.
Esta modalidad de despojo hídrico, calificada por diversos analistas como una exportación masiva de "agua virtual", aprovecha las asimetrías regulatorias, el rezago en la vigilancia aduanera y las brechas en la fiscalización de los mantos freáticos. Mientras los estados del sudoeste estadounidense —como California y Arizona— imponen severas restricciones al uso de agua subterránea debido a la sequía histórica que asola la cuenca del Río Colorado, inversionistas privados cruzan la frontera para extraer el vital líquido de los acuíferos mexicanos a costos sustancialmente menores y bajo una supervisión institucional históricamente deficiente.
2. La brecha jurídica del Tratado de 1944: La omisión del subsuelo
Para comprender la magnitud de la crisis y su impacto en la diplomacia bilateral, es necesario remontarse a la arquitectura legal que rige la relación hídrica entre ambos países. El Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos, firmado el 3 de febrero de 1944, constituye el pilar fundamental del reparto de recursos hídricos compartidos. El acuerdo asigna a México un volumen garantizado de 1,850.234 millones de metros cúbicos anuales provenientes del Río Colorado, mientras que México compromete entregas periódicas de la cuenca del Río Bravo (Río Grande) a favor de Estados Unidos.
Sin embargo, el Tratado de 1944 padece un vacío estructural determinante: fue concebido en una época de abundancia relativa y enfocado casi exclusivamente en la regulación y distribución de aguas superficiales. Las aguas subterráneas transfronterizas quedaron fuera del marco regulatorio primario. La única herramienta jurídica de alcance binacional que aborda esta materia de forma directa es el Acta 242 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA/IBWC), aprobada en 1973. Dicha acta estableció un límite temporal de extracción de 197 millones de metros cúbicos anuales en una franja de ocho kilómetros a ambos lados de la frontera entre Sonora y Arizona, e instauró un compromiso de consulta recíproca antes de emprender nuevos desarrollos hídricos.
A pesar de este precedente, los grandes acuíferos aluviales que subyacen en el Valle de Mexicali y el Valle Imperial no cuentan con un mecanismo binacional integral de monitoreo, gobernanza conjunta o contabilidad de extracciones. Esta falta de regulación específica sobre las aguas subterráneas crea un limbo legal del que se aprovechan corporaciones extranjeras. Los empresarios explotan el subsuelo mexicano mediante la compra o arrendamiento ilícito de títulos de agua agrícola que son desviados hacia uso industrial o de riego intensivo de exportación, eludiendo los límites estipulados para los cauces superficiales.
3. Acciones bilaterales: Entre la fiscalización federal y las mesas técnicas
Frente al incremento de la agitación social —encabezada por colectivos campesinos como Mexicali Resiste y asociaciones de usuarios del Distrito de Riego 014— el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ha iniciado un proceso de auditoría y clausura de pozos irregulares en la cuenca baja del Río Colorado. Estas acciones buscan identificar aprovechamientos clandestinos, clausurar tomas no autorizadas en canales principales y cancelar títulos de concesión que infrinjan el orden de prelación establecido en la Ley Nacional de Aguas, el cual otorga prioridad absoluta al consumo humano y agrícola sobre el uso corporativo o de exportación.
A nivel binacional, las notas número 30 y 38 del monitoreo geopolítico destacan la reactivación de mesas técnicas de trabajo en el seno de la CILA/IBWC. Estos encuentros buscan abordar la crisis hidrológica global de la cuenca y coordinar los ajustes de cuotas hídricas frente a la caída dramática en los niveles operativos de los embalses de la Presa Hoover (Lago Mead) y la Presa Glen Canyon (Lago Powell).
En estas mesas de negociación, las autoridades mexicanas han puesto sobre la mesa la necesidad de incorporar la contabilidad del estrés freático provocado por la extracción privada transfronteriza. La posición mexicana sostiene que el bombeo ilícito o no regulado en el subsuelo del Valle de Mexicali altera de forma artificial los balances hídricos regionales, forzando a los agricultores locales a demandar mayores volúmenes del canal principal del Río Colorado para compensar el agotamiento de sus pozos tradicionales.
Por su parte, el Departamento del Interior de Estados Unidos y la Oficina de Reclamación (USBR) sostienen que el control de las perforaciones en suelo mexicano es una responsabilidad soberana del Estado mexicano. No obstante, reconocen que la inestabilidad de la cuenca exige evitar que la presión ejercida por el sector agronegocio privado estadounidense genere desequilibrios sociopolíticos que pongan en riesgo el cumplimiento del Tratado de 1944.
4. Impacto en la CILA y reconfiguración de las cuotas de entrega
La extracción ilegal de agua en el Valle de Mexicali por parte de actores corporativos extranjeros impacta de forma directa las operaciones y la legitimidad institucional de la CILA. El órgano binacional, diseñado originalmente para administrar caudales fluviales previsibles, se enfrenta hoy a una doble presión estructural: el cambio climático global y la depredación sin control de las reservas subterráneas.
En primer lugar, el agotamiento del acuífero de Mexicali agrava los efectos de los recortes obligatorios de agua estipulados en el Acta 323 y en los acuerdos vigentes para 2026. Debido a la sequía catastrófica de la cuenca del Río Colorado, México ha tenido que aceptar asignaciones reducidas en su cuota anual de 1,850 millones de metros cúbicos. Si a estas reducciones oficiales se le suma el "robo silencioso" a través de pozos ilegales operados por capital trasnacional, la disponibilidad real de agua para las comunidades rurales y los pequeños productores de Baja California cae por debajo de los umbrales de sustentabilidad económica y alimentaria.
En segundo lugar, la crisis hídrica en el oeste genera un severo contagio diplomático hacia la cuenca del Río Bravo en el este. Las fricciones causadas por los faltantes de agua que México debe entregar a Estados Unidos desde los tributarios del Río Bravo se intensifican cuando la opinión pública mexicana percibe una asimetría flagrante: mientras a México se le exige rigor absoluto en las entregas de agua en Tamaulipas y Nuevo León, empresarios estadounidenses extraen de forma impune el agua del subsuelo en Baja California.
Esta paradoja tensiona el funcionamiento interno de la CILA y empuja a ambas delegaciones —la Sección Mexicana y la Sección Estadounidense— a negociar una nueva Acta de alcance histórico. Esta futura norma binacional deberá incluir tres pilares indispensables:
1. Un inventario y monitoreo en tiempo real de los pozos transfronterizos utilizando sensores telemétricos y tecnología satelital compartida.
2. La tipificación binacional de la extracción ilícita de agua como un delito transfronterizo sujeto a sanciones comerciales y judiciales en ambas jurisdicciones.
3. La inclusión de las reservas de agua subterránea dentro del cómputo general de disponibilidad hídrica de la cuenca, de modo que la extracción ilícita perpetrada por nacionales de un país sea descontada formalmente de las asignaciones de dicho Estado.
5. La seguridad hídrica como imperativo geopolítico
El conflicto por el agua en el Valle de Mexicali revela que el modelo tradicional de gobernanza fronteriza resulta insuficiente ante la complejidad del siglo XXI. El agua ya no puede ser analizada de forma aislada como un mero insumo de mercado o un bien administrativo; representa un elemento neurálgico de la seguridad nacional, la estabilidad social y la soberanía energética y alimentaria de la región de Norteamérica.
Si la CILA y los gobiernos de México y Estados Unidos no logran erradicar las prácticas de extracción ilegal y establecer un marco regulatorio moderno para los acuíferos compartidos, la escasez de agua se consolidará como la principal fuente de fricción bilateral. La superación de este desafío exigirá que la diplomacia hídrica prevalezca sobre los intereses corporativos privados, garantizando que el agua de la frontera sea administrada bajo principios de equidad, transparencia y justicia ambiental.
Tres preguntas para no dormir tranquilos
1. ¿De qué manera la omisión de las aguas subterráneas en el Tratado de 1944 evidencia la necesidad de modernizar los acuerdos internacionales frente a las dinámicas corporativas transnacionales y el cambio climático?
2. Ante el desabasto hídrico regional, ¿qué mecanismos de responsabilidad social y legal deberían imponerse a las empresas extranjeras que explotan indirectamente los recursos naturales de países en desarrollo?
3. ¿Cómo puede equilibrarse el cumplimiento riguroso de las entregas de agua entre naciones vecinas sin poner en riesgo el derecho humano al agua y la soberanía alimentaria de las comunidades locales en la frontera?
¿Y usted, qué piensa?
Referencias Bibliográficas
• Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos. (2023, 4 de septiembre). Aguas Subterráneas. CILA Sección Mexicana. https://cila.sre.gob.mx/cilanorte/index.php/boletin/11-doctos/76-aguas-subterraneas
• Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos. (2025, 16 de agosto). Se Anuncian las Asignaciones de Agua del Río Colorado en 2026 para México y Estados Unidos. CILA Sección Mexicana. https://cila.sre.gob.mx/cilanorte/index.php/prensa/198-prensa164
• El Informador. (2025, 12 de diciembre). México y EU llegan a un acuerdo sobre Tratado de Aguas. El Informador. https://www.informador.mx/mexico/tratado-de-aguas-mexico-y-eu-llegan-a-un-acuerdo-20251212-0179.html
• PODER Latam. (2020, 4 de febrero). Por qué las empresas prefieren usar agua fronteriza de México. PODER Latam. https://poderlatam.org/2020/02/por-que-las-empresas-prefieren-usar-agua-fronteriza-de-mexico/
• Proceso. (2017, 11 de agosto). La batalla por el agua: Constellations Brands contra Mexicali Resiste. Revista Proceso. https://www.proceso.com.mx/reportajes/2017/8/11/la-batalla-por-el-agua-constellations-brands-contra-mexicali-resiste-189326.html
* Es Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte 1998-2003, con maestrías en Ciencias Sociales Aplicadas y en Bussiness Intelligence, por la UABC y la Universidad de Oberta en España, respectivamente. ExConsejero Electoral en el 6to. Distrito Electoral Federal en la ciudad de Tijuana desde el 2015 al 2023; Presidente del Consejo Académico del Universitario Tecnológico UNIVERSITAM; Catedrático de licenciatura y posgrado en las Universidades de Xochicalco, Ibero Tijuana, Centro de Estudios Universitario de Baja California, Universidad Yaan, y Universidad del Atlántico; Director General de GO Integral SC, consultora de estudios y proyectos para organismos gubernamentales e instituciones privadas. Actualmente, colabora en el Centro Público de Investigación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, “El Colegio de la Frontera Norte, A.C.”.
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