LA BUFADORA
Por. – El Mosquito
ENSENADA BC 28 DE JULIO DE 2026.- En política no hay decisiones casuales, y menos cuando se trata de la procuración de justicia; es por eso que la reclusión de Ernesto Ruffo Appel en el penal federal del Altiplano parece responder más a una estrategia de comunicación que a una determinación jurídica.
De entrada, no se discute que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la obligación de perseguir cualquier conducta que considere constitutiva de delito, y tampoco implica que un ex gobernador deba recibir privilegios por haber ocupado un cargo público; sin embargo, lo que sí se tiene que respetar es el principio de proporcionalidad.
Resulta inevitable preguntar por qué un hombre de 74 años, sin antecedentes penales conocidos y acusado de delitos patrimoniales relacionados con el llamado huachicol fiscal, termina recluido en el mismo centro penitenciario que durante décadas ha albergado a los capos más peligrosos del narcotráfico, secuestradores y líderes de organizaciones criminales de alta violencia.
¿Representa Ruffo un riesgo extraordinario de fuga? ¿Existe información que haga presumir que puede poner en peligro a testigos, víctimas o a la propia investigación?
Si la respuesta es afirmativa, corresponderá a las autoridades explicarlo con claridad. Si no, la decisión inevitablemente refuerza la percepción de que se pretende enviar un mensaje político mucho más potente que el estrictamente judicial.
Y ese mensaje ya comenzó a surtir efecto.
Antes de que un juez determine si es culpable o inocente, la conversación pública gira alrededor de un Ruffo asociado al “huachicol”, como si la sentencia estuviera escrita desde el momento mismo de su detención.
Lo evidente del caso Ruffo es que divide opiniones, porque hay quienes consideren que el rigor de las autoridades está plenamente justificado y quienes estiman que existe una evidente desproporción en el trato recibido.
Pero lo que no debería dividir a nadie es la exigencia de que el proceso se conduzca con estricto apego a la ley, respetando los derechos del imputado y permitiendo que la sentencia, cualquiera que sea su sentido, provenga exclusivamente de las pruebas presentadas en los tribunales y no de la presión mediática o del peso de las percepciones políticas.
PROPONEN COMITÉ
Guadalupe Acosta Naranjo, líder de Somos México, dio a conocer que sólo espera la autorización de Ernesto Ruffo para que impulsar la conformación de un comité plural por la liberación del ex gobernador acusado de participar en una red de contrabando de combustible.
La semana pasada, Ruffo incluyó a Acosta Naranjo en lista de las personas que pueden visitarlo en el penal del Altiplano, donde ya fue vinculado a proceso.
El dirigente de Somos México aguarda a que la dirección de penales federales le autorice la visita.
“Propongo que se forme un comité amplio y plural por la defensa y libertad de Ernesto Ruffo y buscar que se incorpore gente del PAN, de nosotros, de la sociedad, familiares, intelectuales, personajes. Un comité muy amplio que tenga un gran respeto, con gente seria, juristas y académicos y con gente que lo conocemos, para que no se partidice la defensa”, informó.
El dirigente aclaró que Ruffo no milita en las filas de Somos México, y sólo forma parte de su consejo consultivo.
LOS CONTRASTES
¡Qué cosas! Quien durante años sembró el terror en Tijuana y protagonizó uno de los capítulos más violentos en la historia de Baja California, hoy es el centro de una movilización que exige el respeto a sus derechos humanos. Familiares y abogados de Teodoro
García Simental, “El Teo”, no sólo protestaron para reclamar atención médica urgente para el ex jefe criminal recluido en el penal del Altiplano, sino que además liberaron una caseta de peaje para presionar a las autoridades.
Según su defensa, “El Teo” padece hipertensión, diabetes, una hernia abdominal y dos inguinales, además de depender de anticoagulantes de por vida. Su abogado responsabilizó al director del penal, Luis Fernando Mendoza Castellanos, de negarle la atención médica que requiere y advirtió que su vida corre peligro.
Nadie discute que incluso los criminales más peligrosos conservan derechos fundamentales. El Estado mexicano tiene la obligación constitucional de garantizar atención médica a cualquier persona bajo su custodia, porque la prisión implica la pérdida de la libertad, no del derecho a la salud ni a la vida, algo que a muchos se les olvida.
Sin embargo, este caso exhibe la enorme disparidad con la que opera el sistema de justicia mexicano, porque resulta sorprendente que un personaje al que las propias autoridades atribuyen más de 300 homicidios, la guerra entre cárteles que convirtió a Tijuana durante 2008 y 2009 en un infierno donde también operaba Santiago Meza López, “El Pozolero”, 16 años después aún tenga capacidad para movilizar simpatizantes, organizar protestas y ejercer presión pública mediante la liberación de una caseta federal.
El cuestionamiento no es si “El Teo” merece atención médica; jurídicamente la respuesta es sí. La pregunta es por qué otros internos, procesados por delitos mucho menos graves, personas de edad avanzada o con enfermedades igualmente delicadas, deben esperar meses o incluso años para recibir la misma atención sin que nadie levante la voz, cierre una carretera o atraiga los reflectores nacionales.
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