LA BUFADORA
Por. – El Mosquito
CUCHILLITO DE PALO
¿Será que todos los caminos llevan a El Sauzal?
ENSENADA BC 25 DE JULIO DE 2026.- La defensa política de Ernesto Ruffo Appel llegó tarde. Muy tarde. El primer gobernador de oposición en la historia moderna de México pasó de ser una de las figuras emblemáticas del Partido Acción Nacional (PAN) a enfrentar una de las acusaciones más graves del sexenio prácticamente en solitario.
Sólo después de su vinculación a proceso y del impacto mediático del caso comenzaron a aparecer los pronunciamientos de respaldo de ex gobernadores y de algunos de los personajes más visibles del panismo y la oposición.
El posicionamiento encabezado por el ex presidente Vicente Fox Quesada y suscrito por 16 ex gobernadores panistas resulta significativo, pero también exhibe la lenta reacción del partido que Ruffo ayudó a convertir en una alternativa real de gobierno.
Durante varios días, la dirigencia nacional del PAN y buena parte de sus principales liderazgos guardaron un silencio que contrastó con la rapidez con la que, en otras circunstancias, suelen cerrar filas con figuras afines.
Fox sostuvo que "la defensa del señor Ernesto Ruffo Appel ha informado de serias dificultades para mantener comunicación con él" y calificó de desproporcionado mantener al ex mandatario bajacaliforniano en un penal de máxima seguridad; incluso recordó que "las personas mayores de 70 años pueden enfrentar su proceso bajo arraigo domiciliario.
No se solicita un privilegio; se exige el respeto a un derecho expresamente reconocido por la ley".
En el mismo sentido, el senador y ex gobernador de Jalisco, Francisco Javier Ramírez Acuña, afirmó que "en el tema de Ernesto Ruffo hay una situación política y, por lo tanto, es un preso político".
Y a esa percepción contribuyen también las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien por un lado dice que no existe persecución política, pero sus comentarios sobre la detención de Ruffo Appel son acusaciones directas.
La mandataria incluso detalló que la empresa investigada tenía como actividad principal "importar combustible y distribuirlo", y explicó el supuesto mecanismo mediante el cual se habrían declarado productos distintos para evadir el pago del IEPS, y aunque esa información forme parte de la carpeta de investigación, corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) y, sobre todo, a los jueces, valorar las pruebas y determinar responsabilidades, porque se supone que todavía existe en México la división de poderes.
Si el gobierno federal insiste en que la FGR actúa con plena autonomía y que el Poder Judicial debe resolver con independencia, resulta contradictorio que la presidenta emita valoraciones que, inevitablemente se interpretan como un respaldo anticipado a la tesis del Ministerio Público.
PRUEBA DE FUEGO
El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara la integración de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, la cual representa, en principio, una medida necesaria, pero como están las cosas en nuestro país, donde la delincuencia organizada se ha infiltrado en distintos ámbitos de la vida pública y existen múltiples antecedentes de candidatos vinculados con grupos criminales, urge fortalecer los mecanismos de prevención antes de que comience el proceso electoral.
Esperemos entonces que esta comisión no se convierta en una más de las inservibles pero costosas estructuras burocráticas que se crean al vapor de la simulación democrática.
El INE, que preside Guadalupe Taddei, anunció que revisará hasta 800 mil consultas sobre aspirantes a cargos públicos y que intercambiará información con la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria.
Lo anterior, sobre el papel, parece un esquema sólido, pero en la práctica su credibilidad dependerá de que los mismos criterios se apliquen a todos los partidos políticos y candidatos, sin excepciones ni privilegios.
El problema del INE es que su actuación en diversos episodios recientes ha sido cuestionada por amplios sectores de la sociedad, que consideran que el organismo ha perdido parte de la autonomía e independencia que durante años constituyeron su principal fortaleza.
La integración de esta comisión ofrece al INE la oportunidad de demostrar, con hechos y no sólo con discursos, que continúa siendo un árbitro imparcial.
Los comicios de 2027 serán una prueba decisiva para el sistema electoral mexicano, porque no bastará con impedir la infiltración del crimen organizado; también será indispensable evitar cualquier sospecha de utilización política de los mecanismos de control.
El INE tiene frente a sí una oportunidad histórica para demostrar que sigue siendo un árbitro de todos y no una institución percibida como alineada con la clase política que hoy ejerce el poder.
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor
