Por Alberto Capella Ibarra
TIJUANA BC 23 DE JULIO DE 2026.- Si Sherlock Holmes investigara el caso de Ernesto Ruffo Appel, probablemente haría lo mismo que hacen los buenos investigadores. Empezaría por hacer preguntas. Muchas preguntas. No para absolver ni para condenar a nadie. Simplemente para entender si la historia completa realmente embona.
En las próximas horas un tribunal decidirá el futuro inmediato de Ernesto Ruffo Appel, el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México. Quizá por eso conviene hacer un ejercicio que hoy parece estar pasado de moda. Dejemos por un momento la política, las simpatías, las fobias, la solidaridad emocional y el escarnio. Veamos el expediente con los ojos de un investigador.
La Fiscalía General de la República sostiene que estamos frente a una organización dedicada al huachicol fiscal. No habla de irregularidades administrativas. Habla de delincuencia organizada. Eso cambia por completo el análisis.
Quien haya investigado estructuras criminales sabe que un negocio de esa magnitud jamás funciona con una sola persona. Para introducir millones de litros de combustible al país durante meses se requiere una maquinaria completa. Empresas importadoras, agentes aduanales, operadores ferroviarios, operadores financieros, centros de almacenamiento, distribuidores y, sobre todo, una cadena de servidores públicos que por acción u omisión permita que todo eso ocurra.
La propia Fiscalía habló de un entramado empresarial, financiero, logístico y aduanero. Si esa es la hipótesis, también tendrá que demostrar la conducta concreta de cada imputado. Las organizaciones no delinquen. Las personas sí.
Reforma publicó el sábado un dato que merece una explicación. Un juez especializado rechazó inicialmente las órdenes de aprehensión por considerar insuficientes los datos presentados por la Fiscalía. Días después cambió el juzgador, Ernesto Ruffo apareció señalado como presunto dirigente de la organización y entonces las órdenes fueron concedidas.
Ernesto Ruffo tiene casi 75 años. Su estado de salud luce deteriorado. Su nombre ya ocupa un lugar en la historia democrática del país. Nació en San Diego, California. Si realmente hubiera sabido que encabezaba una organización criminal y que su captura era inminente, pudo haber cruzado la frontera. No lo hizo. Permaneció en Baja California, continuó haciendo vida pública y enfrentó la detención. Eso no demuestra inocencia. Pero tampoco parece la conducta de quien sabe que dirige una organización criminal y tiene abierta la posibilidad de escapar.
Aquí aparece otra duda. ¿Por qué un hombre que ya construyó un legado político, que tuvo poder durante décadas y que se encuentra en la última etapa de su vida pública decidiría arriesgar nombre, patrimonio, libertad y familia para incorporarse a una organización dedicada al huachicol fiscal? Claro que es posible. Pero una acusación de ese tamaño necesita pruebas del mismo tamaño.
Si la hipótesis de la Fiscalía es correcta, ¿cómo logró un empresario y político, además crítico y adversario del actual régimen, construir y operar una red de esa magnitud dentro de instituciones federales controladas por un gobierno emanado de Morena?
Hay que importar el combustible. Cruzar las aduanas. Validar pedimentos. Mover ferrotanques. Recorrer cientos de kilómetros por territorio nacional. Utilizar patios de almacenamiento. Distribuir millones de litros. Cobrar. Ocultar el dinero. Y hacerlo una y otra vez durante meses. Eso no lo hace una sola persona. Requiere una larga cadena de participantes. En esa cadena hay quienes saben quién dio las órdenes, quién estuvo presente, quién autorizó, quién cobró y quién simplemente dejó hacer. Ahí suele encontrarse la verdadera fortaleza de una investigación. Porque el tiempo, el modo y el lugar de una conducta se acreditan con pruebas, documentos y con los testimonios de quienes estuvieron dentro de la operación.
¿Cuántos funcionarios públicos tuvieron que participar, colaborar, omitir o simplemente voltear hacia otro lado para que todo eso ocurriera?
Ernesto Ruffo es, sin duda, el nombre políticamente más atractivo del expediente. Su detención tiene un enorme impacto mediático, político y simbólico. Pero si el caso es tan sólido como sostiene la Fiscalía, el expediente no puede agotarse en el personaje más conocido. Tendrá que alcanzar a todos los funcionarios que hicieron posible que millones de litros de combustible cruzaran las aduanas, recorrieran cientos de kilómetros y nunca activaran los controles del Estado. De otra manera quedará la impresión de que una organización criminal de enormes dimensiones operó prácticamente sola frente a un gobierno que nunca vio, nunca supo o nunca quiso actuar.
La presidenta afirmó que Ernesto Ruffo tendrá oportunidad de demostrar su inocencia. Con todo respeto, así no funciona el sistema de justicia mexicano. No corresponde al acusado demostrar que es inocente. Corresponde a la Fiscalía demostrar, más allá de toda duda razonable, que conocía el esquema, que participó deliberadamente, que tomó decisiones y que obtuvo un beneficio personal.
Porque al final esa es la diferencia entre una investigación y una narrativa. La primera busca reconstruir toda la verdad. La segunda suele conformarse con el personaje más conocido. Si Sherlock Holmes hubiera recibido este expediente, difícilmente habría empezado por Ernesto Ruffo. Primero habría seguido la ruta del combustible. Después la del dinero. Luego la de cada funcionario que autorizó, permitió, omitió o simplemente volteó hacia otro lado. Solamente después habría decidido si Ernesto Ruffo era el responsable, uno de los responsables o simplemente el personaje más visible de un expediente mucho más grande.
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor
