LA BUFADORA
Por. – El Mosquito
CUCHILLITO DE PALO
¿Cuándo se va a publicar en el Periódico Oficial del Estado el nuevo reglamento de tránsito para el municipio de Ensenada?
ENSENADA BC 22 DE JULIO DE 2026.- La acusación penal contra Ernesto Ruffo Appel escaló de manera considerable al conocerse que, de prosperar los cargos por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, el primer gobernador de oposición en la historia de Baja California y el país, podría enfrentar una condena de entre 32 y 57 años de prisión.
Y como se trata de una imputación de enorme peso jurídico y político, obliga a las autoridades a presentar pruebas sólidas, verificables y suficientes para sostener un caso de tal magnitud.
En este espacio reiteramos que un ex gobernador no debe gozar de inmunidad por su trayectoria política o por el cargo que ocupó, y si existen elementos para acreditar la comisión de delitos, corresponde a la Fiscalía General de la República llevarlos ante los tribunales y obtener una sentencia conforme a derecho, un principio básico.
Pero en política también importa la credibilidad, y en ese terreno el gobierno federal enfrenta un problema que no puede ignorar, porque su discurso -o narrativa, como ahora le dicen- alrededor del caso Ruffo no está siendo asumido como un hecho consumado por amplios sectores de la sociedad, y sólo basta observar los comentarios en redes sociales para advertir que predominan las expresiones de incredulidad, escepticismo, incluso sospecha respecto a las motivaciones reales del proceso; y no se trata únicamente del llamado “círculo rojo”, integrado por analistas, periodistas o actores políticos, sino que las dudas también aparecen entre ciudadanos sin militancia partidista, quienes cuestionan la coincidencia de esta detención con los múltiples frentes abiertos que tiene en su contra el actual gobierno.
Así que esta reacción no surge de la nada, es consecuencia de una percepción acumulada durante los últimos años, al advertirse que la impartición de justicia en México sólo avanza con rapidez cuando se trata de personajes identificados con la oposición, mientras que las investigaciones relacionadas con figuras cercanas al partido gobernante permanecen en la opacidad, y la lista de asuntos que siguen sin una explicación pública convincente es suficientemente amplia para alimentar esa percepción.
Por ende, la gravedad de los delitos imputados a Ruffo exige un estándar probatorio igualmente elevado, además de representar una prueba para medir la autonomía de la Fiscalía General de la República que encabeza Ernestina Godoy.
CRUDO EJEMPLO
No cabe duda que en Lationamérica las democracias se devoran a sí mismas. Y el ejemplo más claro lo representa el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien sin ningún empacho anunció que “no volverá a haber elecciones” en su país.
Lo que ocurre en Nicaragua es el desenlace de un proceso que se ha repetido en distintos momentos de la historia en centro y Sudamérica, donde líderes carismáticos y partidos que llegan al poder mediante el voto popular terminan utilizando ese mismo poder para destruir las reglas que hicieron posible su llegada al gobierno.
El ex guerrillero y secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quien logró derrocar a la dictadura de la familia Somoza y se instaló en el poder en 1979 siguiendo el ejemplo de la guerrilla cubana, gobierna Nicaragua desde que llegara por segunda vez al poder hace 19 años.
Ahora, a sus 80 años, continúa en el Ejecutivo, que dirige junto a Rosario Murillo, quien actualmente ocupa el cargo de copresidenta del país tras haber ejercido entre 2017 y 2025 como vicepresidenta, cargo extinto tras su promoción
Ortega no irrumpió en la presidencia mediante un golpe de Estado, porque regresó al poder en 2007 tras ganar una elección; sin embargo, una vez instalado en la silla, emprendió una estrategia sistemática para concentrar el poder, neutralizar a la oposición, controlar al Poder Judicial, someter al órgano electoral, restringir las libertades civiles y modificar las reglas constitucionales para garantizar su permanencia… ¿y dónde está pasando lo mismo?
Hoy, casi dos décadas después, el propio mandatario nicaragüense anuncia sin ambages que las elecciones dejarán de existir porque no permitirá que sus adversarios vuelvan a disputar el gobierno.
Así que la historia demuestra que las democracias no siempre mueren bajo las botas de los militares, sino que en muchas ocasiones son erosionadas desde las urnas, y el deterioro comienza cuando un gobernante electo deja de concebirse como un administrador temporal del poder y empieza a asumirse como el único intérprete legítimo de la voluntad popular… ¿les parece familiar?
A partir de que asumen el poder, toda crítica se convierte en conspiración; la oposición pasa a ser catalogada como enemiga de la patria; los órganos autónomos son señalados como obstáculos; y las leyes se modifican para consolidar un proyecto político sin contrapesos.
Nicaragua es una expresión extrema de ese fenómeno, donde Daniel Ortega ya no siente la necesidad de simular competencia electoral ni de cuidar las formas.
Su declaración revela que el proceso de concentración del poder ha llegado a tal punto que el régimen considera innecesario conservar siquiera la fachada democrática.
Lo preocupante es que este patrón no es exclusivo de Nicaragua. En distintas regiones del mundo han surgido gobiernos que, tras obtener un mandato legítimo en las urnas, emprenden reformas destinadas a capturar las instituciones, debilitar los mecanismos de control, extender sus periodos de gobierno y reducir los espacios de participación de las voces críticas.
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor
