REFLEXIÓN DEL DIA.-
Por: Lic. Esteban Capella Ibarra
En la historia jurídica se han desarrollado y construido principios jurídicos que fungen como ejes rectores que cumplen con una función esencial, como lo es una correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas, siempre salvaguardando aspectos de lógica y sentido común, como lo son el respeto a los derechos humanos de cada ciudadano, sus bienes jurídicos, la seguridad jurídica, la legalidad, la igualdad ante la ley, la buena fe, la razonabilidad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la dignidad humana, la proporcionalidad, el principio de realidad, la interpretación conforme y el principio pro persona.
La razón de ser de estos principios es establecer límites claros al ejercicio del poder y garantizar que la aplicación de la ley responda a criterios objetivos y uniformes, alejados de intereses políticos, personales o de cualquier otra naturaleza.
Como ejemplo de ello encontramos lo ocurrido recientemente con el exgobernador Ernesto Ruffo Appel. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto ni sobre la responsabilidad que, en su caso, pudiera determinar la autoridad competente, el caso permite analizar si la actuación del Estado se encuentra acorde con los principios que históricamente han dado sustento al derecho.
Resulta imposible ignorar la realidad que vive nuestro país. Existen investigaciones y señalamientos públicos en contra de diversos gobernadores y servidores públicos, algunos de ellos aún en funciones, relacionados con hechos de una gravedad considerable. Sin embargo, los criterios con los que aparentemente se ejerce la acción de la justicia no siempre parecen ser los mismos.
Es precisamente aquí donde cobra especial importancia el principio de realidad. El derecho no puede interpretarse aislado del contexto en el que se aplica. Tampoco puede dejar de observar el principio de proporcionalidad, pues la intensidad con la que actúa el Estado debe responder a parámetros uniformes y no variar dependiendo de la persona de que se trate o de la posición política que ocupe.
Cuando la aplicación de la ley deja de guardar congruencia con la realidad nacional y con los criterios utilizados en casos semejantes, inevitablemente surge el cuestionamiento de si la justicia está siendo aplicada bajo un mismo estándar para todos los ciudadanos o únicamente para quienes ya no se encuentran bajo el amparo de un determinado sistema político.
Los principios jurídicos fueron construidos precisamente para evitar ese tipo de circunstancias. Su finalidad es impedir que la ley se aplique de manera diferenciada y garantizar que la justicia responda exclusivamente a los hechos y al derecho, nunca a la oportunidad política.
La fortaleza de un Estado de Derecho no se mide por el número de personas procesadas, sino por la uniformidad con la que aplica la ley. Mientras existan criterios distintos para casos similares, el debate sobre la objetividad de la justicia seguirá siendo inevitable.
