Por: Hugo Alfredo Hinojosa
#Historia de la filosofía
CIUDAD DE MÉXICO 15 DE JULIO DE 2026.- Cualquier ejercicio de gobierno debería poder responder sin titubear una pregunta básica: ¿en qué se funda la confianza que le pide a la gente? No es una pregunta retórica ni filosófica en sentido abstracto. Es la más práctica que existe en política, porque sin esa respuesta todo lo demás, el discurso, los programas sociales, las cifras de aprobación, las elecciones, descansa sobre un suelo que se erosiona hasta el colapso. La confianza no es el resultado de la comunicación: es el resultado de la coherencia entre lo que se dice y lo que ocurre. Cuando esa coherencia se rompe, ninguna épica fundacional, como la del gobierno actual, puede reponerla.
Lo que ocurre hoy con el gobierno mexicano y sus titulares refleja un descontrol respecto a la relación del Estado con quien lo sostiene. Con la gente. Con nosotros. No lo escribo desde la trinchera opositora, al parecer toda crítica hoy es opositora amén de la mediocridad de quienes lo piensan, que tiene sus propias deudas perennes pendientes con la coherencia. Lo escribo desde la observación de quien lleva un par de décadas mirando cómo se administra el poder en este país y reconoce los síntomas de una institución que pierde de vista la diferencia entre gobernar y permanecer, que son dos actos diferentes de la misma obra.
Llega un momento, escribió Martin Luther King, en que uno debe tomar una posición que no es segura, ni conveniente, ni popular, pero debe tomarla porque la conciencia le dice que es lo correcto. Esa exigencia no tiene destinatario ideológico: interpela a quien gobierna tanto como a quien opina. Malcolm X la complementó con una precisión que el patriotismo de consigna prefiere ignorar: no debes estar tan cegado por el patriotismo, o la ideología, que no puedas enfrentar la realidad, pues lo incorrecto es incorrecto sin importar quién lo haga o lo diga. Ambas frases describen exactamente lo que la política mexicana ha dejado de practicar con consecuencias que ya no son hipotéticas. Y ambas definen también el comportamiento de quienes, hoy beneficiados del poder, lo defienden a capa y espada. A nadie le gusta perder su “privilegio”, ni la quincena.
El caso de Ismael "El Mayo" Zambada es el ejemplo más elocuente de esa pérdida de claridad. El FBI prestó a un museo de Santa Teresa, Nuevo México, el avión Beechcraft King Air en el que el capo fue trasladado y detenido en territorio estadounidense el 25 de julio de 2024, convirtiendo en trofeo público lo que México reclama como una violación territorial y de jurisdicción. La Fiscalía General de la República acusó al FBI de entregar información falsa, parcial e insuficiente. La pregunta que ordena toda la disputa quedó abierta desde entonces: ¿hubo o no una violación a la soberanía mexicana? Sí. Pero demos vuelta a la página, explico.
La pregunta es legítima. El procedimiento unilateral estadounidense es real y reactiva un patrón: la Operación Casablanca en 1998, Rápido y Furioso entre 2009 y 2011, y el caso Salvador Cienfuegos en 2020 comparten la misma secuencia: operación unilateral, México enterándose después, erosión de la confianza y reacción restrictiva. Reconocer esa repetición no invalida el reclamo sino que lo contextualiza. Lo que resulta difícil de procesar sin incomodidad es la otra mitad del argumento, la que el discurso soberanista tiende a dejar fuera: que un narcotraficante de la escala de Zambada operara con impunidad durante décadas en territorio mexicano, y que su salida del país fuera facilitada por su propio círculo, no por un desembarco extranjero.
Dicho sin rodeos: resulta perturbador que un narcotraficante sentenciado se haya convertido en el estandarte moral de la soberanía nacional. Perturbador no solo en términos simbólicos sino en lo que revela sobre el estado real del debate público: que la clase política sea capaz de invocar la dignidad del Estado para defender, implícitamente, la impunidad que ese mismo Estado toleró durante décadas. Si eliminamos la coartada soberanista y nos quedamos con el hecho desnudo, la conclusión correcta es una sola: qué bien que ese narcotraficante esté detenido y sentenciado. El problema no es que Estados Unidos lo capturara. El problema, el único problema que debería avergonzarnos como país, es que México no pudo o no quiso hacerlo en décadas de complicidad institucional que nadie nombra con esa claridad desde el poder. La defensa de la soberanía es un principio legítimo que se convierte en farsa cuando se usa para llorar por el criminal cuya impunidad esa soberanía alimentó. El verdadero agravio no es el avión en el museo: es que el Estado mexicano no haya tenido, durante décadas, la policía, la inteligencia y la justicia para detener por sí mismo al capo que operaba en su territorio. Eso no lo dice Washington. Lo dice la historia reciente de este país.
La hipocresía alcanza su expresión más cruda cuando se observa lo que ocurre en paralelo con varios gobernadores señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. Las cancelaciones de visas estadounidenses a funcionarios mexicanos no son gestos simbólicos: son señalamientos con nombre y apellido que el gobierno federal recibe, procesa y, en demasiados casos, responde con silencio cómplice o defensa corporativa. Defender al movimiento por encima de la gente, como lo hace en este momento el Gobierno Federal y sus titulares, que ese movimiento dice representar no es lealtad política: es la definición operativa de la traición al mandato. Cuando un gobernador señalado por sus presuntos nexos con estructuras criminales sigue en funciones porque retirarlo implicaría un costo electoral para la coalición, el gobierno no está protegiendo la soberanía ni la transformación: está protegiendo su propio mapa de poder a costa de los ciudadanos que viven bajo ese gobernador. Esa es la hipocresía que ningún discurso de cuarta transformación puede maquillar: que por encima de la gente y por encima de la seguridad de las comunidades, está la aritmética de la permanencia en el poder.
Lo que agrava el cuadro es que esa incapacidad no es solo histórica. La encuesta de Enkoll que registra una aprobación general de la presidenta en torno al 68% documenta al mismo tiempo que la evaluación ciudadana de su gestión contra el crimen organizado se hundió al 13%, con el 76% que la califica de mala. Esos dos números que coexisten no son una paradoja: son la descripción de un gobierno que mantiene capital político general mientras pierde credibilidad en el terreno donde la confianza más importa para la vida cotidiana.
Hoy, además, las cabezas de los estados comienzan a asomarse como posibles colaboradores con Washington, lo que introduce al país en una etapa donde solo quienes no quieran ver el problema de gobernabilidad, tanto en las acciones como en los discursos, permanecen en ese círculo del poder atrincherado en la mediocridad. Entiendo que para quienes forman parte de la llamada revolución de la Cuarta Transformación resulte difícil no defender el movimiento fragmentado. Sin embargo, quienes se ven afectados en el corto plazo son los mismos de siempre: la gente, nosotros.
La semana pasada escribí sobre el temor a la alternancia en medio de un panorama donde la libertad de expresión es atacada paulatinamente, ahora con las propuestas de regulación de las redes sociales y la inteligencia artificial, herramientas que sirvieron al poder en turno para llegar a la cúspide. Esas amenazas desnudan de facto la carencia de idea de Estado que vivimos en este momento, se cuarta una libertad apenas, ¿vendrán más? Por otra parte, sí, millones de mexicanos se han beneficiado de los apoyos económicos. Pero esos apoyos son, tarde o temprano, insuficientes sin una vía de gestión que genere más capital que repartir, sin una economía que produzca empleos formales, sin instituciones que funcionen con independencia de quien las ocupe en cada ciclo. Los programas sociales sin base productiva son deuda disfrazada de generosidad: alguien la pagará, y ese alguien tiene nombre y vive a pie de calle…
Así, el escándalo del caso Zambada no es el único síntoma. Es el más visible de un patrón más amplio: un gobierno que acumula contradicciones entre lo que declara y lo que produce, entre la épica del cambio y la mediocridad del resultado. Estamos ante un escenario de recaída política donde el discurso y las acciones de los gobernantes hunden cada día más al gobierno y, por desgracia, desvirtúan a la gente. Desvirtuar a la gente es lo más problemático de todo lo que está ocurriendo, porque es el daño más difícil de reparar.
Precisar ese concepto importa. Desvirtuar a la gente no es solo engañarla o desinformarla. Es producir en ella la convicción de que su participación no modifica nada, de que la política es un juego de otros donde su única función es aplaudir o callar. Es convertir al ciudadano en espectador de su propio destino. Cuando un gobierno utiliza los recursos del Estado para fijar su propia épica y convierte un instituto de historia como el INEHRM en instrumento de combate ideológico y atribuye la desaprobación de la gente a la ignorancia en lugar de examinar la gestión, le está diciendo a la gente votante que el problema es ella. Esa inversión de la responsabilidad es la forma más sofisticada de desvirtuar a quien se supone que es el centro de todo.
Así pues, lo incorrecto es incorrecto sin importar quién lo haga o lo diga. Esa frase no tiene partido. No favorece a la oposición ni absuelve al gobierno anterior. Es simplemente la condición mínima para que la confianza tenga algún fundamento real. Un gobierno que no puede aplicarla hacia adentro, hacia sus propias contradicciones, no puede exigírsela a nadie. Una ciudadanía que acepta que se la apliquen de manera selectiva, solo hacia el adversario, ha dejado de ser ciudadanía para convertirse en audiencia. El momento político mexicano está muy cerca de esa frontera. Cruzarla o no depende, en primer lugar, de si alguien en el sistema tiene la conciencia y el valor de decir lo que es correcto aunque no sea seguro, conveniente ni popular. El gran síntoma del control social ya está aquí. No pensar igual que los demás es disidencia… y oportunismo… cuando: señalar como tal la disidencia infiere ese control que defienden los partidistas del gobierno como necesidad de supervivencia ante la ignorancia de nosotros mismos. Desvirtuar a la gente está más relacionado con la pérdida de los privilegios que son tan populistas… tan de izquierda como de derecha.
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