LA BUFADORA
Por. – El Mosquito
CUCHILLITO DE PALO
¿Por qué cuando ocurren delitos de alto impacto ninguna autoridad sale a dar la cara?
ENSENADA BC 12 DE JUNIO DE 2026.- La presunta privación ilegal de la libertad de dos inspectores del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) en la carretera San Quintín-Ensenada trasciende el ámbito de un hecho delictivo más, porque se trata de un acontecimiento que pone a prueba la capacidad de respuesta del Estado frente a organizaciones criminales que, al actuar contra servidores públicos en ejercicio de sus funciones, envían un mensaje de desafío directo a la autoridad.
La gravedad del caso no radica únicamente en que las víctimas sean funcionarios estatales. Lo preocupante es que el hecho ocurrió mientras realizaban actividades relacionadas con su trabajo, y si se confirma que fueron interceptados por un grupo armado organizado, el episodio evidenciaría la capacidad operativa de grupos criminales para actuar con alto grado de coordinación y violencia en la entidad.
La seguridad de la población y los servidores públicos constituye un elemento esencial para la paz social, pero cuando quienes representan al gobierno en tareas de supervisión, inspección o vigilancia se convierten en objetivos de la delincuencia, se genera un efecto inhibidor que afecta el desempeño de las funciones públicas.
El mensaje implícito es que determinadas actividades gubernamentales podrían realizarse bajo amenaza; sin embargo, el caso adquiere una dimensión política adicional debido a que una de las víctimas es hijo de la diputada federal Rocío López Gorosave, una figura con amplia trayectoria en la vida pública de Ensenada y Baja California.
Durante años, López Gorosave ha ocupado cargos de representación popular y mantiene una presencia relevante dentro de los espacios de decisión política de la región.
Esa circunstancia inevitablemente coloca el asunto bajo una atención mediática y política mucho mayor que la que reciben otros casos de desaparición o privación ilegal de la libertad, por lo que resulta comprensible que la sociedad observe con expectativa la reacción de las autoridades y la rapidez con que se desarrollen las investigaciones.
Este caso también abrió un debate en las redes sociales, al cuestionarse cuántos casos similares permanecen sin el mismo nivel de atención pública debido a que las víctimas carecen de vínculos con figuras políticas o de influencia.
Por tanto, la presión sobre el gobierno estatal, la Fiscalía General del Estado a cargo de María Elena Andrade -responsable formal y legal de las investigaciones para resolver el caso- y las corporaciones de seguridad aumentará conforme transcurran las horas, poque no sólo está en juego la localización de las víctimas, sino también la credibilidad de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad en Baja California, donde desde hace meses se registran delitos de alto impacto.
El Estado tiene la obligación de demostrar que tiene la capacidad de ejercer su autoridad en todo el territorio y proteger tanto a sus servidores públicos como a los ciudadanos se supone representan.
FRANKENSTEIN DE LA 4T
Las declaraciones de Ricardo Monreal sobre la imposibilidad de derogar la Ley del Issste, son el mejor ejemplo para confirmar la enorme distancia que existe entre las demandas de sus bases sociales y las limitaciones reales del ejercicio gubernamental.
Durante años, la izquierda mexicana cuestionó la reforma aprobada en 2007 por los gobiernos del PRI y el PAN, argumentando que afectó los derechos laborales y pensionarios de millones de trabajadores al servicio del Estado; sin embargo, quienes entonces encabezaban las críticas hoy son lo que administran las finanzas públicas y enfrentan la situación de que revertir completamente aquella legislación tendría un costo fiscal gigantesco.
Monreal reconoce que la reforma fue un error, pero al mismo tiempo sostiene que su derogación conduciría al país a una crisis presupuestal, lo que implica aceptar que algunas de las principales exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) son inviables bajo las condiciones actuales de las finanzas públicas.
La paradoja es que la CNTE no es un actor ajeno al movimiento político que hoy gobierna el país, porque durante el obradorismo el magisterio disidente fue uno de los sectores sociales más respaldados desde la oposición, convertido en símbolo de resistencia frente a las reformas impulsadas por los gobiernos anteriores; incluso su causa fue incorporada al discurso político de la llamada cuarta transformación y utilizada como bandera de legitimidad frente al electorado.
Pero una vez alcanzado el poder, Morena descubrió que gobernar es muy distinto a protestar, al percatarse que las demandas que resultaban políticamente rentables cuando se formulaban desde la oposición ya no es posible cumplirlas desde el gobierno.
En ese sentido, la CNTE se asemeja al clásico Frankenstein de la literatura, una fuerza alimentada y fortalecida durante años por el obradorismo que ahora se vuelve contra quienes contribuyeron a su crecimiento.
El movimiento magisterial conserva la misma capacidad de movilización, presión y confrontación que antes era celebrada desde la oposición, pero ahora está dirigida contra un gobierno emanado del mismo bloque político.
Por ello, el problema para Morena no radica sólo en el peso económico de derogar la Ley del Issste, sino en el costo político de explicar a sus antiguos aliados por qué aquello que se prometía como una demanda legítima hoy es presentado como una amenaza.
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.
