Palco de Prensa
Apenas ayer viernes, el columnista hacía referencia a los políticos “doble cara”. Aquellos que dicen una cosa, y hacen otra. Aquellos que piden a los ciudadanos que ¡ abran los ojos! y que hacen negociaciones en lo oscurito. Los que dicen que “los ciudadanos mandan”, pero hacen arreglos a espaldas de ellos. Los que piden que otros gobernantes no metan las manos en el actual proceso electoral, pero ellos meten “hasta las chanclas”.
Apenas van dos semanas de iniciadas las campañas formales de los candidatos a gobernador, alcaldes y diputados locales. Se supone que no debe haber acción oficial que afecte o beneficio a alguno de los actores políticos en este proceso electoral. Se supone.
Bueno, el PAN amenazó con abandonar el pacto por México,al ponerse al descubierto que en Veracruz, los priístas se organizaban para garantizar el triunfo de los candidatos tricolores, en los comicios del 7 de julio, utilizando programas de la Secretaria de Desarrollo Social, como Oportunidades.
Total, luego del berrinche y a fin de seguir caminando por la senda de la conciliación, en la búsqueda de la aprobación de las reformas estructurales requeridas, firmaron un refrendo, mediante el cual blindaban los programas sociales, prohibiendo su utilización en aquellas entidades en que habrá elecciones, hasta luego de que pase la fecha de los comicios.
Pero pareciera que esas limitantes o restricciones, no operan en Baja California. Pareciera que aquí, los gobernantes panistas tienen la vía libre, para hacer aquello que le aporte utilidades a sus candidatos.
En el Periódico Oficial del Estado, de fecha 3 de mayo del año en curso, se publicaron decretos mediante los cuales el Ejecutivo Estatal, o sea el Gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán, el que alardea de que “si me buscan, me encuentran”, el que advierte que “no le busquen chichis a las gallinas”, otorgó 3 concesiones de transporte público masivo, con una vigencia de 20 años, para cubrir las principales vialidades de la zona metropolitana constituída por Tecate, Tijuana yPlayas de Rosarito.
No se necesita ser muy inteligente, para adivinar o intuir, que los concesionarios pagaron sumas millonarias para lograr este negociazo. El permiso para operar un taxi, actualmente tiene un costo de aproximádamente 10 mil dólares. En estas concesiones, se habla de la utilización de cientos de autobuses. La cifra resultante, debe ser estratosférica.
Siendo esta operación en pleno proceso electoral, surge el sospechosísmo de que los recursos obtenidos, servirán para financiar las campañas de los candidatos panistas o de la llamada Alianza Unidos por Baja California. Dicen por ahí : piensa mal y atinarás.
Una de las concesiones fue otorgada a la empresa Transporte Metropolitano de Tijuana, S.A. de C.V., representada por Jair Ayub González, “para la implementación, equipamiento, operación y administración del Sistema Intermunicipal Metropolitano de Transporte Tijuana-Playas de Rosarito, así como la prestación del servicio de Transporte Público intermunicipal mediante la explotación del servicio de Transporte Colectivo de carácter intermunicipal, identificado como Ciudad Natura-Popotla-Pabellón Rosarito-Centro Metropolitano de Convenciones-Playas de Tijuana-Centro-Zona Río-Aeropuerto-Garita Otay-Ciudad Industrial”. Dicho en otras palabras, el Gobernador Osuna Millán concesionó el monopolio del transporte público en Playas de Rosarito y Tijuana. La autoriza para utilizar 117 autobuses, debiendo contar con 23 de reserva.
La segunda concesión, también por 20 años, fue otorgada a la empresa Transportes Urbanos y Suburbanos Calafia de Baja California, S.A. de C.V., representada por Juan Carlos Alvarez Carranza, para “la prestación del servicio Público Intermunicipal mediante la ruta de Transporte Colectivo de carácter intremunicipal, identificado como Pabellón Rosarito-Puerta México”. La autoriza para utilizar 35 autobuses, debiendo contar con 7 de reserva.
La tercera, la otorgó a la empresa Transportes Integrales de Baja California, S.A. de C.V., representada por Raúl Villarreal Alvarez, para “la prstación del servicio de Transporte Público mediante la explotación de la ruta de Transporte Colectivo de carácter intermunicipal. Identificada como Pabellón Rosarito-Ciudad Industrial”. La autoriza para utilizar 43 autobuses, debiendo contar con 9 de reserva.
Evidentemente, esta negociación se llevó a cabo en lo oscurito, y obviamente no fue gratis, y con ella se desplazó de un plumazo a los transportistas locales, a los que se les ha dado “atole con el dedo”, planteándoles la posibilidad de la modernización del transporte masivo, condicionado a la adquisición de parque vehicular nuevo, que implicaría millonarias inversiones.
Lo absurdo es que Osuna Millán otorga concesiones por 20 años, para que inicien operaciones cuando él concluya su gestión administrativa. Dicho en otras palabras, los concesionarios, no tendrán qué negociar, ni hacer aportación alguna a la administración de quien sea el nuevo Gobernador de la entidad, ni este podrá hacerles exigencias que no estén contempladas en el contrato-concesión.
Esto, como era de esperarse, provocó la ira de los transportistas establecidos, los que ya amenazaron con iniciar los reclamos correspondientes, como lo sería tomar las oficinas del Gobernador del Estado, en Tijuana, el próximo lunes. Si alguien se quejaba de que las campañas de los candidatos a los diversos puestos de elección popular, estaban frías, ahora posiblemente se quejen de que estarán calientes. Excesivamente calientes.
Se sospecha, que los recursos económicos que se obtengan del otorgamiento de estas concesiones, servirán para reforzar las actividades proselitistas de Francisco Vega de la Madrid, pero podría salirles “el chirrión por el palito”, cuando los transportistas afectados, además de reclamarle a Osuna Millán por su osadía, también habrán de reclamarle al propio candidato blanquiazul. Es el precio que pagan, los políticos “doble-cara”.
