LA BUFADORA
Por. – El Mosquito
Cuchillito de palo
¿Si no pueden negociar con la CNTE podrán hacerlo con el gobierno de Estados Unidos?
ENSENADA BC 4 DE JUNIO DE 2026.- En este espacio hemos señalado en reiteradas ocasiones que Morena y sus aliados jamás imaginaron que, a pesar de detentar un poder casi absoluto en México y sin oposición interna, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, se convertiría en su principal dolor de cabeza, a tal grado de tambalear el llamado movimiento de la Cuarta Transformación.
Y una vez más, la publicación del periódico Los Ángeles Times cayó como una bomba, no porque las acusaciones sean nuevas, sino porque ahora los nombres que se mencionan ocupan dos de las gubernaturas más importantes del país: Alfonso Durazo, en Sonora y Américo Villarreal, en Tamaulipas.
Según el diario californiano, ambos mandatarios morenistas son investigados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con actividades del crimen organizado y, como parte de esas indagatorias, les habrían sido revocadas sus visas.
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las agencias de seguridad estadounidenses han exhibido públicamente a políticos mexicanos por sus presuntos nexos con organizaciones criminales.
LA Times expone que “(…) Durazo, de 71 años, gobernador del estado fronterizo de Sonora, es uno de los líderes de más alto perfil que se cree que está siendo investigado.
Anteriormente se desempeñó como secretario de Seguridad de México, donde ayudó a implementar la controvertida estrategia del ex presidente Andrés Manuel López Obrador de ‘abrazos, no balazos’, que hacía hincapié en abordar las causas profundas del crimen en lugar de los enfrentamientos militares. Sonora es una importante ruta de tránsito del narcotráfico hacia Estados Unidos”.
En abril pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló graves cargos penales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien se le acusó, junto con otros nueve funcionarios actuales y anteriores, de ayudar al cártel de Sinaloa a introducir de contrabando fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos y favores electorales.
Apenas ayer publicábamos las declaraciones de la jueza Katherine Polk, de la Corte Federal de Nueva York y encargada del proceso contra varios ex funcionarios y servidores públicos sinaloenses, quien afirmó que las evidencias “son abundantes” y los acusados están llegando “en olas”.
¿Qué más podrá ocurrir en las próximas horas?
¿Se ponen el huarache?
La entrada en vigor de la reforma que establece la intervención extranjera como causal de nulidad electoral tiene como supuesto objetivo proteger la soberanía nacional, pero ahora el debate se centra en la incertidumbre jurídica que genera una norma constitucional cuya reglamentación aún no existe.
La propia consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, reconoció que “faltan las leyes secundarias”, pero sostuvo que la causal “vive en nuestra norma constitucional, que es nuestra Carta Magna”; incluso admitió que “podría haber una interpretación” para que sea considerada en los próximos comicios aun sin contar con las disposiciones reglamentarias correspondientes.
¿Pero si todavía no existe una definición legal de lo que podría constituir una intervención extranjera ni los parámetros para demostrar que ésta influyó efectivamente en el resultado de una elección, cómo pretenden aplicarla?
La ausencia de criterios legales claros también alimenta la sospecha de que cualquier denuncia, publicación o declaración internacional podría convertirse en materia de litigio electoral.
Si la intervención extranjera será una causal para anular elecciones, los ciudadanos, los partidos y las autoridades electorales deben conocer con precisión qué conductas la configuran, cómo se acreditan y bajo qué circunstancias justifican invalidar el voto popular.
Primera prueba
La elección legislativa de este domingo 7 de junio en Coahuila trasciende el ámbito local y se convierte en la primera prueba electoral relevante para Morena después de que el gobierno de Estados Unidos intensificara los señalamientos e investigaciones contra diversos políticos mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales.
Aunque los comicios coahuilenses tienen como objetivo renovar el Congreso estatal, su lectura política será nacional, porque Morena buscará demostrar que las acusaciones provenientes de la administración Trump no han erosionado el respaldo ciudadano hacia el partido gobernante, mientras que la oposición intentará capitalizar el desgaste mediático generado por esas imputaciones.
Coahuila representa uno de los últimos bastiones del PRI en México; en esa entidad, el tricolor mantiene el control de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, una condición prácticamente desaparecida en el resto de la república tras el avance electoral de Morena durante la última década.
Para el priismo, conservar la mayoría legislativa significaría ratificar que aún posee capacidad de movilización y estructura territorial en un estado considerada estratégico; y para Morena, en cambio, una victoria sería interpretada como la confirmación de que los escándalos, denuncias e investigaciones internacionales no han logrado afectar su fortaleza electoral.
Así que la elección de Coahuila será observada con lupa y como un termómetro político rumbo a los procesos electorales de 2027, y lo que ocurra en las urnas permitirá medir si las acusaciones impulsadas desde Estados Unidos tienen un impacto real en la percepción ciudadana o si, por el contrario, prevalece la lógica de polarización social que ha caracterizado la vida pública nacional en los últimos años.
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.
