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Cuchillito de palo
¿Hay solución para la millonaria deuda que enfrenta el Ayuntamiento de Ensenada con el Issstecali?
ENSENADA BC 22 DE MAYO DE 2026.- Dadas las circunstancias, era inevitable que desde Palacio Nacional decidieran entrarle al tema que durante décadas todos los partidos fingían no ver, que son los aspirantes a candidatos con padrinos incómodos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció ayer en su conferencia mañanera que enviará una reforma para crear la comisión de verificación de integridad de candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE), con la intención -según dijo- de “evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”.
Y aunque la iniciativa suena impecable, más de uno en los actuales suspirantes seguramente ya empezó a sudar frío, porque si esa revisión hubiera existido años atrás, varios alcaldes, diputados, senadores y gobernadores no habrían pasado ni el primer filtro.
La mandataria federal aseguró que la medida se hará “en el marco de la presunción de inocencia”, y explicó que el mecanismo permitirá a los partidos “saber si una persona que se postula tiene o no algún antecedente”.
Con base en lo planteado, la nueva comisión sólo advertirá si “existe riesgo razonable”, pero la responsabilidad final seguirá siendo de los partidos políticos, los mismos que en campaña juran no conocer los antecedentes de personajes que luego aparecen en fotografías, audios e investigaciones y fichas policiacas de Estados Unidos.
Dicha comisión trabajará con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República (FGR); es decir, un auténtico cuarto de guerra burocrático-electoral.
El detalle interesante
Y el detalle interesante será que las dirigencias de los partidos entregarán “voluntariamente” las listas de sus aspirantes.
También llama la atención que los aspirantes deberán firmar su consentimiento para ser investigados, pero falta ver cuántos levantan la mano con entusiasmo cuando sepan que les revisarán movimientos financieros, relaciones y antecedentes.
Al respecto, el gobierno precisa que todo será confidencial y reservado “para no afectar el debido proceso”, aunque México es el país de las filtraciones.
Candidaturas indígenas
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) ordenó al INE garantizar que, en la elección a la Cámara de Diputados de 2027, se respeten las candidaturas plurinominales para las comunidades indígenas.
Comunidades originarias presentaron diversos juicios ante la Sala Superior contra el Instituto por no contar con lineamientos que garanticen candidaturas a su favor.
Los magistrados coincidieron que los consejeros no son omisos, pues aún no arranca el proceso electoral.
Sin embargo, ordenaron al INE que antes de iniciar las precampañas de diputados federales, es decir, entre diciembre de este año y enero de 2027, emitan lineamientos para regular las acciones afirmativas, tanto para diputaciones de mayoría como plurinominales.
Los magistrados respaldaron la propuesta de su compañero Reyes Rodríguez, en la que se advierte al Instituto que cuenta con el tiempo suficiente para realizar estudios técnicos y valoraciones para emitir dicha normatividad.
pública.
En Baja California el municipio de San Quintín es el que concentra la mayor cantidad de personas migrantes de origen indígena, pero habrá que estar atentos si también son considerados los ciudadanos de etnias nativas, que no son muchos, pero tienen los mismos derechos.
Criaturitas
En el estado de Morelos se sabía desde hace mucho tiempo, porque corrían versiones sobre reuniones, operadores sospechosos y campañas municipales demasiado generosas para candidatos sin estructura ni recursos visibles, pero como suele ocurrir en la política mexicana, mientras hubiera votos y acarreados, pocos hicieron preguntas.
Sin embargo, la bomba terminó por estallar cuando la Fiscalía General de la República reveló que el presunto operador del Cártel de Sinaloa en aquella pequeña entidad, Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, habría tejido una red de protección política en varios municipios morelenses.
Entre los detenidos de alto nivel figuran alcaldes, ex alcaldes y funcionarios de varios municipios de Morelos, y si bien muchos fingirán sorpresa, lo fundamental será conocer quiénes respaldaron políticamente a estos personajes, quiénes los candidatearon, y quiénes prefirieron guardar silencio mientras en varias comunicades crecían las denuncias por extorsión, secuestro y cobro de piso.
La Fiscalía habla de al menos ocho municipios infiltrados, o sea, lo revelado hasta ahora podría ser apenas el inicio de una red mucho más amplia.
Y mientras eso ocurre en el centro del país, en otros municipios lejanos seguramente varios ediles voltean discretamente hacia sus tesoreros, sus operadores políticos y… sus padrinos de campaña.
