DESDE MI SOFÁ
Por: Obed Silva
TIJUANA BC 17 DE MAYO DE 2026 (AFN).- La confrontación pública entre el diputado Jaime Cantón Rocha y la Fiscal General María Elena Andrade Ramírez contra Jesús Osuna Torres, alias “Chikilin”, corrió la cortina tras la que se oculta la tragedia más triste de Baja California: la enfermedad de las adicciones.
Quienes tienen un familiar, amigo o conocido víctima del consumo de alcohol, tabaco o de otras sustancias psicoactivas entienden lo que significa el terrible mundo de las adicciones.
La adicción es una enfermedad biopsicosocial, crónica, progresiva, degenerativa e incurable que sólo se controla mediante tratamiento.
Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ECODAT) el consumo de drogas “alguna vez en en la vida” de personas entre los 12 a los 65 años de edad en la región Península Norte (Baja California, Baja California Sur y Sonora) paso del 12.3% en 2016 al 22.3% en 2025 (10 puntos más, en 9 años).
Cifras que contrastan con las de la encuesta publicada por el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPBC) en 2017, la cual estableció que la prevalencia de personas que consumieron “alguna vez en su vida” sustancias fue del 66.7%.
Es probable que la diferencia sea porque la ENCODAT 2025 midió por separado la prevalencia del consumo de alcohol el cual se disparó de 45.6% en 2016 a 51.6% (6 puntos más) en la región Península Norte.
Si sumamos el 22.3% (drogas) al 51.6% (alcohol) nos arroja la escalofriante cifra de 73.9% de personas que, según la ENCODAT 2025, en la región Península Norte consumieron “alguna vez en su vida” sustancias psicoactivas.
Otra cifra que arroja la ENCODAT es que en México existe una población de adictos en tratamiento de 329,819 personas y de esos, 71,177 dijeron haber estado en tratamiento en el último año.
Los datos de uno y otro documento son desgarradores, pues para 2025 la Región Península Norte ocupó el primer lugar en el ámbito nacional (19.5%) en consumo de “cualquier droga ilegal” y conforme con la encuesta del IPBC, el mayor consumo en Baja California es de metanfetamina.
Sin atender la epidemia de las adicciones, el Gobierno ha dejado en manos de los familiares la tarea de tratar a sus enfermos adictos “como Dios les dé a entender”, lo que es una gran carga emocional y económica para las familias.
Por otra parte, de acuerdo a la escasa información publicada, es casi imposible saber la cantidad de centros de rehabilitación de adictos que hay en Baja California y mucho menos el número de personas internadas en los mismos.
Conforme a un listado de ONGs de la paramunicipal DESOM, en el año 2024 en Tijuana había 66 centros de rehabilitación, de los cuales no todos son validados por Coepris.
Un reportaje de Giovanny Urenda, de marzo del año 2025, publicado en el Sol de Tijuana, destacó que de acuerdo con el Doctor Pedro Uriarte Molina, director de la clínica Integral Metamorfosis A. C., en los centros de rehabilitación de Baja California había más de 21 mil personas internadas.
En este escenario, la tragicómica teatralidad de la controversia entre instituciones de gobierno y el muy famoso “Chikilin”, en torno a los excesos que se llevan a cabo en los centros de rehabilitación de adictos en Baja California, ha puesto sobre la mesa un asunto que debió debatirse desde hace décadas.
En nuestro Estado y sobre todo en época del panismo, la enfermedad de las adicciones ha sido tratada como un botín político, más que como un problema de salud pública.
En la búsqueda de popularidad, los “políticos” hacen uso de los más inusitados actos de protagonismo para tener presencia en las redes sociales y el tema de el “Chikilin” dio vida dentro del morenismo a dos bandos; los que lo apoyan y los que lo quieren meter a la cárcel.
Señalado de privar de la libertad a una persona que podría ser de la comunidad LGBTQ+, se abrió una investigación para determinar si hay un delito que perseguir contra el “Chikilin” y su Patrulla Espiritual.
Para el caso, es importante saber que el Código Penal de Baja California tipifica el delito de privación ilegal de la libertad como un delito “contra la libertad y seguridad de las personas” de ahí que se persiga de oficio sin que medie perdón de la víctima.
El artículo 161 del citado Código dispone que: Al particular que ilegítimamente prive a otro de su libertad personal se le impondrá una pena de 3 a 7 años de prisión.
Mientras que el artículo 162 define el aumento de penalidad hasta en 10 años y medio, si la privación de la libertad se comete con violencia física o moral, la víctima es menor de edad o mayor de 60 años o cuando la privación exceda de 72 horas.
De acuerdo con las declaraciones de la Fiscal General del Estado, hay una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad presuntamente cometido por el "Chikilin" por tanto, es probable que el popular personaje sea sujeto de un proceso penal que podría concluir con su cuerpo en la cárcel.
NOMAS POR JODER:
La entrega voluntaria de dos mexicanos al gobierno de EUA, acusados de vínculos con el narco, anuncia la primera gran crisis política de la 4T. Crisis que podría extenderse hasta Baja California.
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