Palco de Prensa
En toda batalla, de cualquier tipo, pero en especial las bélicas, se gasta mucho parque. Antiguamente, por los tiempos, los cartuchos que quedaban regados, eran recargados, para utilizarlos de nueva cuenta en la siguiente contienda.
Hoy los tiempos han cambiado, ya no son comúnes las batallas, afortunadamente, salvo las que se suscitan entre malechores y las fuerzas armadas. Pero incluso en ese tipo de enfrentamientos violentos, los “cartuchos quemados”, ya son inservibles.
En política, también se utiliza el concepto de “cartuchos quemados”. Es un calificativo aplicado a individuos que participan en todos los procesos internos partidistas, en busca de una candidatura de elección popular, aunque de antemano se sepa que no tienen méritos, ni posibilidades reales, para lograr la postulación.
Pero también se aplica, a individuos que se ostentan como líderes, sociales, populares u obreros, cuando que en realidad no alcanzan ese nivel, ni pueden acreditarlo. Porque, no es lo mismo, decir que se es líder, que dirigente de un sindicato o central obrera.
Hay que recordar, que el viejo PRI fundamentaba su poderío, en el corporativismo. Diseñó organizaciones de trabajadores, campesinos e incluso sociales, controlaba a las cúpulas, y a partir de ahí a las masas.
En base a dos herramientas, incrustradas en los contratos colectivos de trabajo, como lo son las clausulas de admisión y la de exclusión, los dirigentes sindicales sometían a los trabajadores que supuestamente representaban, al condicionar y obligar al patrón, en ocasiones a valores entendidos, a contratar solamente miembros del sindicato titular de la contratación colectiva, y de expulsarlos del empleo, cuando dejaban de peretenecer a la organización sindical, o realizaban acciones contrarias a la misma.
Los abusos en que se incurrió, dió lugar a condiciones de explotación laboral. Entonces, surgieron grupos sindicalistas, que bajo el supuesto de defender a los trabajadores reprimidos y explotados, promovieron conflictos laborales, aparentemente para defender a la clase trabajadora, pero en realidad era para proyectar sus corrientes ideológicas, generalmente extremistas, inclinadas o inducidas hacia el comunismo, o bien el socialismo.
Lo delicado, era que cuando un conflicto de estos surgía en una fuente de trabajo, generalmente estallaban huelgas, algunas veces incluso al margen de la ley, la empresa dejaba de laborar, se perdían fuertes capitales y muchos empleos.
Fue entonces que surgieron dirigentes sindicales, que se pusieron a modo con los empresarios, para que operaran sus empresas, sin el riesgo de ser afectados por organizaciones sindicales extremistas. Esas que más que la defensa de los trabajadores, tenían como objetivo el cierre de las empresas y el adquirir notoriedad política.
Entonces, antes que ser víctimas u objetivo de esos subversivos o agitadores, los empresarios acudieron a negociar con quienes contaban con registro sindical, los reconocían como representantes de sus trabajadores, sin serlo, y firmaban con ellos contratos colectivos de trabajo, que no tenían la intención de proteger y defender a los trabajadores, sino proteger y defender al patrón.
Esa contratación distorsionada, conocida como simples “contratos de protección”, empezaron a ser adoptados por las mayorías de los patrones. Precisamente las organizaciones empresariales les recomendaban con quienes podían hacerlo, a cambio de determinadas sumas de dinero. Algo así como contratar seguros de vida o de riesgos. En estos casos, se evitaba que las empresas fuesen “incendiadas” por individuos que más que defensores de los trabajadores, eran agitadores sociales.
El pago o dádiva patronal, a los representantes sindicales, titulares del contrato colectivo de trabajo, era condicionado a que no se involucraran con los trabajadores. Que los dejaran operar con absoluta libertad, hasta para explotar a sus empleados, sin exponerse a reclamos legales que los llevaran al estallamiento de huelgas, como antaño.
El caso es que, con el paso del tiempo, aquellos que lograron un registro sindical, que empezaron a ser reconocidos como dóciles, accesibles o dispuestos a celebrar “contratos de protección”, llegaron a contar con tantas contrataciones de ese tipo, que por una parte hoy parecen patrones y no dirigentes sindicales, pues obtienen jugosos ingresos, la mayoría de las veces a costa de la explotación de sus supuestos representados, los que, afortunadamente, ni siquiera los conocen, pues seguramente los lincharían.
Viene al caso comentar esto, por el caso de la supuesta adhesión, a los candidatos panistas, por parte de dirigentes y sindicatos de la central obrera CROM, que por tradición estaba afiliada al PRI, pero que a raíz de que los priístas perdieron la Presidencia de la República, quedaron huérfanos de partido y ahora se cobijan a la sombra de las siglas partidistas que mejor les convengan.
Esto se manejó dolosamente, para tratar de cimbrar al priísmo, haciendo aparecer como que un grupo importante de priístas abandonaban al tricolor, para sumarse a las campañas de candidatos del PAN, Francisco Vega de la Madrid, a la gubernatura, y Alejandro Monraz, a la alcaldía de Tijuana. Prueba de ello es que usaron una manta, con el logo del PRI.
Según el dirigente estatal de la CROM, Pedro Sepulveda, la decisión la tomaron, porque en el PRI no les dieron espacio alguno. Pero lo mismo hicieron cuando las contiendas de Jorge Ramos y Carlos Torres. O sea son panistas desde entonces.
Otra cosa más, dijo que agrupaban a 23 mil trabajadores, seguramente la mayoría ni los conocen, son relativos a “contratos de protección”. Si tuviese tal representación y fuese líder, debería ser candidato a gobernador, no simple palero.
Simples “cartuchos quemados”.
