Palco de Prensa
Por lo visto, está de moda el tema de las cuotas escolares. Unos diciendo que las van a desaparecer, otros que afirman que es una mentira, porque ya desaparecieron, pero evadiendo mencionar que la propia ley de educación que las prohíbe, las permite, bajo la modalidad de “cooperaciones voluntarias” y ahora resulta que surge otra “realidad”, tan grave que los diputados federales deciden criminalizarla.
Vayamos por partes, para entenderlo. Aunque es un tema abordado por el columnista en un par de ocasiones, ahora surge otro aspecto, bastante interesante, y delicado, pues cuando se habla de tipificar penalmente una acción, o sea considerarla como delito, es porque las cosas son graves. Mucho más graves de lo que algunos suponen o sospechan.
El caso es que el candidato priísta a la gubernatura estatal, Fernando Castro Trenti, al iniciar su campaña, dijo, que el primer día de su gobierno, firmará un decreto para cancelar las cuotas escolares y garantizar que el gobierno sea quien pague el mantenimiento de los centros educativos, y con ello garantizar que la educación sea gratuita en Baja California.
Esto dió lugar a que el coordinador general de la campaña de los panistas, Oscar Vega Marín, obviamente tratando de lucirse, citó a conferencia de prensa para acusar de mentiroso a Castro Trenti, al andar prometiendo algo que ya se hizo. “Que ya es una realidad”, según las palabras de citado coordinador blanquiazul.
El columnista hizo la observación de que si bien es cierto la Ley de Educación de Baja California, prohíbe el cobro de cuotas escolares, a la vez lo autoriza, pero bajo la modalidad de “cooperaciones voluntarias”, que en la práctica se aplican con carácer obligatorio e ineludible, pero a través de las supuestas sociedades de padres de familia, y que al final de cuentas, son las autoridades del plantel educativo, quienes manejan esos recursos a su antojo, y muchas veces en beneficio propio. Por ello, suelen decirles : ¿Quién pompó?
Apuntaba el columnista, que esa “realidad” es la que omitió mencionar el coordinador de los candidatos panistas, generada por leyes amañadas o tramposas, que le permiten al Jefe del Ejecutivo Estatal, eludir la asignación de recursos necesarios o requeridos para la operación y mantenimiento de los planteles. ¡Abran los ojos!
Para los panistas, todo está bien. Aunque omiten reconocer y señalar que la realidad es distinta a lo que dice la ley, en cuanto a la prohibición del cobro de cuotas escolares, pues la misma ley permite que se cobren, pero disfrazadas de “cooperaciones voluntarias” y, además, en las escuelas operan negociazos, con los servicios de fotocopiado, venta de artículos escolares, organización de festejos de graduación y sobre todo la venta de uniformes. Todo con carácter obligatorio. Aparentemente, esta realidad parece no conocerla Vega Marín.
Sin embargo, resulta que las cosas son aún más graves. Al grado de que ayer, los diputados federales, decidieron penalizar el cobro de cuotas escolares. Puede ser, que este día Vega Marin convoque a conferencia de prensa, también para acusarlos de mentirosos e incluso exagerados.
Aunque irónico, esto no es ninguna broma. El lunes 29 de abril, la Cámara de Diputados, aprobó una reforma al Código Penal Federal, para imponer multas de hasta 300 días de salario mínimo, aproximádamente 20 mil pesos, a las autoridades escolares que impidan el ingreso, retengan documentación o condicionen la permanencia de cualquier alumno en las escuelas, al pago de las cuotas escolares.
Esta reforma fue aprobada con el voto de 380 legisladores a favor, 50 en contra y 12 abstenciones. Este día la iniciativa de reforma será enviada al Senado de la República para su análisis, discusión y en su caso aprobación.
Una legisladora del PANAL, el partido de la líder inmoral del SNTE, Elba Esther Gordillo, reprochó el intento de criminalizar a profesores y padres de familia, en tanto que extremistas y polémicos como Ricardo Monreal, de Movimiento Ciudadano, la calificó de excesiva. Pero hubo legisladores que opinaron lo contrario.
Como el priísta Gerardo Hernández y la perredista Margarita Tapia, incluso el panista Fernando Belaunzarán, quienes defendieron la gratuidad irrestricta de la educación pública, respaldando la iniciativa de reforma del diputado del PVEM, Tomás Torres, quien incluso propuso, castigar con 3 días y hasta 3 años de cárcel, el cobro de cuotas escolares.
La verdad es que parece exagerado, aplicar sanciones tan fuertes, cuando alguien exija el pago de dichas cuotas escolares, condicionando su pago para respetar los derechos de los educandos. El problema es que no entienden de otra forma, más que castigándolos severamente. Por cierto, aquí cabe el caso de la Prepa Lázaro Cárdenas, en Tijuana, y el negociazo que ahí maneja una supuesta sociedad de padres de familia.
Total, el dictámen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, adiciona el artículo 215 del Código Penal Federal, en los términos siguientes : “Se sancionará con multa de uno a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal a quien en el ejercicio de funciones de autoridad escolar impida el ingreso, o retenga documentación o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación del estado que se imparta la enseñanza en los niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie”.
Ahí tienen, los diputados locales, al margen de cuestiones electorales, la oportunidad de demostrar que efectivamente están preocupados y les interesa combatir la insana costumnbre de muchos funcionarios del sistema educativo estatal, de cobrar cuotas escolares. Si alguien conoce a Vega Marín, infórmenle sobre esto. Seguramente esta información no ha llegado a su escritorio. Seguro desconoce esa otra realidad.
