LA BUFADORA
El Mosquito
ENSENADA BC 9 DE FEBRERO DE 2026.- La supuesta inconformidad ciudadana en el municipio de San Quintín comienza a mostrar su verdadero origen.
En el entorno político local se señala que el conflicto surge de un grupo reducido nacido del proceso interno para definir la candidatura municipal, encabezado por Giselle Gómez Sánchez, junto con su hija, la regidora del Partido del Trabajo (PT) Ashley Gómez, generando un escenario de presión política sin respaldo social.
El resultado ya afecta a más de 100 mil personas en movilidad y actividad económica, y es evidente que no hay acompañamiento ciudadano real, pues se trata del pulso de unos cuantos, y la verdad es que cuando el interés particular se impone al bienestar colectivo, el conflicto generalmente toma su curso y deja de ser conflicto para convertirse en farsa política. Ya veremos.
Nuevo modelo turístico
En la reunión del sábado pasado con el sector turístico del Valle de Guadalupe, Andrés Martínez Bremer expuso a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su gabinete económico, la necesidad de revisar el manejo del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje (ISH), con una distribución equilibrada entre promoción e inversión en infraestructura turística, así como el reconocimiento del turista, como -ciudadano temporal- por la carga fiscal que asume durante su estancia.
Los planteamientos encontraron apertura y disposición de la mandataria estatal y de sus colaboradores más cercano, para avanzar en una visión que vincule recaudación, servicios públicos y una mejor experiencia urbana para residentes y visitantes.
¿Aceptarán?
En el Partido Acción Nacional (PAN) ya se dieron cuenta -un poco tarde, pero se dieron- de que solos no pueden.
Por eso ahora anuncian, con bombo y platillo, que abrirán las candidaturas a “externos” rumbo a las gubernaturas de 2027, como si se tratara de un gesto de generosidad democrática y no de una necesidad urgente de oxígeno político.
Santiago Taboada, secretario de acción política de PAN, dice que la ruta ya está trazada, que habrá encuestas, que lo importante será la “competitividad” y que da igual si el candidato trae o no credencial azul.
Sin embargo, en el caso de Baja California, donde el único panista que había levantado la mano para contender por la gubernatura fue el senador Gustavo Sánchez Vázquez, quien lamentablemente falleció hace unos días, los blanquiazules están obligados a salir a buscar quién sí jale votos, aunque nunca haya manifestado su simpatía por ellos.
En 2027 no habrá lugar para nostalgias ni para cuotas internas. El que mida mejor, gana, pero el problema es que la o el mejor evaluado en las encuestas acepte ser candidato y enfrente a toda la maquinaria morenista, pues ya sabemos cómo terminan muchas historias de “ciudadanos competitivos” que llegan como salvadores y se van como decepción.
Y sin figuras realmente posicionadas y con una militancia desarticulada que lleva una década en Baja California sin ganar una elección por mayoría de votos en las urnas.
Al final, la apertura a externos no es una estrategia audaz, sino una señal de los tiempos, porque los panistas deben entender que, si quieren dar la “sorpresa” en 2027, primero tiene que sobrevivir al espejo, porque abrir la puerta es fácil, lo difícil será convencer a los invitados.
Por cierto, el último candidato externo del PAN en Ensenada, fue el químico Jesús del Palacio Lafontaine, quien en 1989 entró de emergente a competir por la presidencia municipal, que él mismo reconoció que ganó por el arrastre de la entonces “ruffomanía”, pero desde entonces se le sigue considerando el mejor alcalde de la historia de Ensenada, le duela a quien le duela.
¡Ay Huguito!
El discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, aparece como un intento claro de reposicionamiento político tras un episodio que dañó gravemente su imagen pública.
El escándalo por permitir que empleados de la Suprema Corte de Justicia le limpiaran los zapatos no es un hecho anecdótico, sino que confirma, para muchos, la distancia histórica entre los altos funcionarios públicos y la ciudadanía.
Frente a ello, el llamado de Aguilar Ortiz a promover una justicia cercana, incluyente y con perspectiva social parece más una necesidad política que una convicción espontánea.
El ministro presidente no entiende que la autoridad moral de la Corte ya no puede sostenerse sólo en el cargo, sino que ahora depende de la percepción pública y de la capacidad de responder a demandas sociales largamente ignoradas, como la justicia de género, la defensa de los pueblos indígenas y la protección ambiental.
El anuncio de llevar sesiones del pleno fuera de la sede tradicional apunta a un gesto simbólico de apertura, pero será insuficiente si no va acompañado de resoluciones que reflejen un cambio real en la forma de impartir justicia.
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor
