Tijuana Y CD. Juárez, ¿"Modelos de Seguridad"?

Otra vez, pero ahora con el gobierno de Peña Nieto, el viejo y gastado argumento de que la “estrategia de seguridad” al estilo Calderón ha dado frutos en el combate al crimen y a la inseguridad en Tijuana, y ahora también, en Cd. Juárez.

El 16 de febrero de 2013, el periódico La Jornada entrevistó a Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Planeación y Participación Ciudadana de la Segob.

Sin referir estudios y evaluaciones en la materia, Campa dice que “la participación ciudadana es la vía para combatir el ‘desánimo social y la disminución de la autoestima nacional’”. Y agrega: “si se pudo en Ciudad Juárez, Tijuana o Aguascalientes, estoy seguro que se puede en muchos otros sitios”.

Campa Cifrián delinea la nueva estrategia federal partiendo de una aseveración: “La participación ciudadana es la vía para combatir el ‘desánimo social y la disminución de la autoestima nacional (sic)’”.

Eso significa, según los constructores de esa estrategia, llegar a un municipio o demarcación determinada; luego, a una colonia o comunidad específica y, enseguida, a la cuadra más riesgosa. Una vez frente a frente con el foco rojo, se darán atribuciones a los ciudadanos para que sean ellos quienes digan por dónde deben empezar las soluciones.

En el programa preventivo, añadió, “se trabajará con los reclusos y con las familias de éstos; hay esquemas relacionados con el trabajo en las cárceles, donde un porcentaje importante de los recursos obtenidos van a las familias de los internos, otra parte a un fideicomiso para un fondo para los mismos presos y, finalmente, un fondo menor para que el reo compre en la cárcel lo que necesita.”

Y remata con una joya: “Las experiencias que se retoman son de casos locales como los de Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California, y la capital de Aguascalientes.” ¿De dónde obtuvo Campa que en estas ciudades la participación ciudadana y el trabajo con reclusos “han combatido el desanimo social y han disminuido la autoestima nacional”?

1. Si bien es cierto que los crímenes de alto impacto y los secuestros han bajado de manera considerable en Tijuana y en Cd. Juárez, en cambio, las ejecuciones están a la orden del día. Dos o tres a diario, mínimo, en cada ciudad; 
2. El narcomenudeo, las extorsiones y las adicciones, y en consecuencia el número de robos en todas sus modalidades, se han incrementado considerablemente;
3. Decir por el actual gobierno federal que en Tijuana y en Cd. Juárez ha dado resultado la estrategia oficial anticrimen es dar crédito a la estrategia de militarización de Calderón, quien pondera hoy en los Estados Unidos su “Todos somos Juárez”,[1] y a los métodos Leyzaola, jefe policíaco de estas dos ciudades fronterizas, famoso por utilizar la brutalidad policial, el terror contra activistas y la tortura para arrancar confesiones con el apoyo de elementos castrenses;
4. Sobre el Tte. Cor. Julián Leyzaola penden sendas recomendaciones de la PDH de Baja California y de la CNDH por tortura. Y como si nada;
5. El jefe militar de la II Zona Militar en Tijuana y luego de la II Región Militar, del 2008 a enero de 2013, el Gral. Alfonso Duarte Mújica, recibió durante su mando cuatro recomendaciones de la CNDH, más dos que vienen en camino, por los delitos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y otros perpetrados por personal militar bajo su mando. Ello, a pesar de haber sido reconocido por el gobernador de Baja California Osuna Millán y solicitar infructuosamente a Peña Nieto dejarlo en el cargo, y haber sido nombrado “Hombre del Año” por empresarios y por un influyente semanario regional, al igual que Leyzaola;
6. ¿Cómo puede aseverar Campa que “la participación ciudadana” ha dado resultados si las estrategias de Seguridad Pública se desarrollan sin la absoluta participación de las ONG y activistas defensores de los derechos humanos, de académicos y periodistas independientes y, por supuesto, de las y los ciudadanos? En cambio, las cúpulas empresariales copan los Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública y forman opinión pública sobre el tema como únicos interlocutores en los medios, bajo su muy particular visión e intereses;
7. ¿Cómo presume Campa el éxito en Cd. Juárez si Karla Castañeda Alvarado y sus cuatro hijos acaban de recibir asilo político en los EUA por las graves amenazas a ella, su familia y su abogada? Karla tiene una hija desaparecida desde octubre de 2008 y es integrante del Comité de Madres y Familiares de Juárez;[2]
8. La abogada de Karla Castañeda interpuso queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA pidiendo protección, señalando como autoridades responsables de las amenazas recibidas al gobernador de Chihuahua César Duarte, al presidente municipal de Cd. Juárez, Héctor Murguía, al jefe policíaco de esta ciudad Julián Leyzaola y a la señora Norma Ledezma, de la organización Justicia para nuestras hijas.[3]

Las autoridades deben entender tarde o temprano, que se debe DEMOCRATIZAR la Seguridad Pública a través del diseño de estrategias con ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS (que incluye la participación ciudadana de a de veras), comenzando con el combate a la impunidad oficial, la desmilitarización y la consulta informada a la ciudadanía sobre el Centro Nacional de Inteligencia y la Gendarmería Nacional, propuestas por el Gral. Oscar Naranjo y los Estados Unidos. Incluida la revisión ciudadana del anticonstitucional “Mando Único Policial”, fracasada iniciativa de Felipe Calderón y de la Conago que hoy retoma Peña Nieto.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC

Febrero de 2013