Palco de Prensa
Impactó la noticia surgida este fin de semana, en torno a una denuncia en contra del recién designado Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, mejor conocida por sus siglas SEMARNAT en Baja California, el ensenadense Alfonso Orel Blancafort Camarena. De prepotente, no lo bajan.
Blancafort, apenas en los comicios federales del 2012, contendió como candidato a Senador, por el Partido Verde Ecologista de México. Perdió, electoralmente, pero por cuestiones de las alianzas políticas, para los comicios de este 2013, se sacó el premio de la lotería, sin siquiera comprar boleto. Agarró chamba de primer nivel en la administración priísta del Presidente Enrique Peña Nieto. Muchos priístas, no salen de su asombro y frustración.
Fue el primer delegado federal designado en Baja California. Y también el primero en ser denunciado, presuntamente por prepotente. Como evidenciando que el puesto le quedó grande.
La nota advierte que casi una veintena de trabajadores de la SEMARNAT, mediante escrito de fecha 5 de febrero, dirigido al titular de la institución, Juan José Guerra Abud, acusaron a su representante en Baja California, de malos tratos y prepotencia. Dicen ser Servidores Públicos de Carrera y piden le ponga un alto a Blancafort, antes de que esta situación se convierta en un conflicto judicial y de medios de comunicación.
Dicen los quejosos que el nuevo funcionario llegó a las oficinas federales, acompañado de varios individuos extraños, a quienes simplemente identificó como su equipo de trabajo. Cuentan que la situación fue por demás desagradable.
Las incomodidades se dieron, cuando por indicaciones de Blancafort, los intrusos acudieron con los encargados de las diversas áreas de la dependencia a solicitarles información oficial y confidencial, lo que consideran es una franca violación a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Luego, el propio Blancafort llamó a los tres subdelegados, y a cada uno de ellos les pidió su renuncia. Dicen que el cargo que ocupan es de carrera y por lo tanto nadie los puede correr, que las intenciones del nuevo delegado son violatorias de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. Según ellos, están amparados, para conservar su chamba, por la citada ley.
De paso denuncian, como un acto irregular, que Blancafort haya asignado vehículos oficiales a sus “colaboradores”, a quienes incluso proporcionó combustible, permitiendo que en días y horas inhábiles se trasladen a la ciudad de Ensenada. Qué barbaridad.
Los inconformes no solo denuncian, sino incluso advierten al titular de la SEMARNAT, que su representante en la entidad, con tales actos, puede ocasionar un daño al erario federal e incurrir en una probable responsabilidad administrativa.
Le recomendaron le haga saber la normatividad aplicable, pues no los escucha a ellos, y le dicen que no creen que le haya facultado o permitido tomar esas decisiones arbitrarias, alejadas de la legalidad, sin tomar en cuenta que lo que haga o deje de hacer, le será atribuido a la gestión del titular de SEMARNAT y al Presidente Enrique Peña Nieto.
¿Qué es lo que realmente pasa en SEMARNAT? ¿Efectivamente será tan prepotente Blancafort? ¿Será ese el nuevo estilo de gobierno de la administración de Peña Nieto? O simplemente los quejosos se han incomodado, ante el riesgo de perder la chamba, que alguien les ha de haber dicho que era vitalicia, en premio a lealtades partidistas.
Cabe recordar que al amparo de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, los panistas encontraron formas para sembrar a cientos de compas en la administración pública federal, en puestos de primer nivel y bien pagados.
Dicha normatividad, exige que las plazas vacantes se concursen, o sea se convoque a quienes se consideren con capacidad y preparación para ocuparlas. Curiosamente los concursos los ganaban los allegados al jefe de la dependencia o en caso contrario los declaraban desiertos, o sea los cancelaban.
El equipo de transcisión de Peña Nieto, se topó con la desagradable sorpresa de que no podrían acomodar a sus colaboradores, que tendrían que laborar con los panistas que ya se habían apropiados de las plazas mejor pagadas.
El “pastel” es enorme. En la administración pública federal, en lo que se considera como el sector central, órganos administrativos desconcentrados, entidades de control indirecto y entidades de control directo, existen 71 mil 838 plazas.
En el sexenio calderonista, los cargos de director general se ocuparon con base en el artículo 34 de la Ley del servicio Profesional de Carrera, que crea una excepción temporal al concurso abierto por causa de fuerza mayor o por ocupación necesaria para puestos de áreas sustantivas o estratégicas, sin sujetarse al procedimiento de concurso establecido en la normatividad, de forma que de enero de 2007 a junio de 2008, se asignaron más de 9 mil plazas en forma directa, fuera de concurso.
El 21 de noviembre del 2012, unos días antes de que tomara posesión Enrique Pea Nieto, en la Comisión de Gobernación del Senado, PRI y PRD aprobaron reformas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera, para despedir a unos 4 mil directores y directores adjuntos, para que que el nuevo mandatario pudiese colocar a su gente de confianza.
Hay quienes laboran en instituciones de gobierno, muchos de ellos inciando en plazas de baja categoría, con el paso del tiempo fueron escalando hasta llegar a posiciones de primer nivel y de pronto los retiraban para colocar a los compas. Pero también los hay que son “funcionarios de carrera”, por méritos en labores partidistas, sin capacidad, ni experiencia. Simplemente por ser cuates o parientes de tal o cual funcionario, o miembros del partido en el poder. Quizás las incomodidades en SEMARNAT, sean parte de esto.
